La insumisión judicial del gobierno dinamita de nuevo la separación de poderes, tras el enésimo intento de tapar la corrupción y la aprobación por decreto de la mayor regularización de inmigrantes en España: más de medio millón de extranjeros en busca de permiso de residencia, trabajo y futuro voto municipal. Un proceso que el propio ejecutivo califica de “histórico” y el mayor “hito” de la legislatura, la oposición amenaza con recurrir y la UE vigila de cerca. Pedro Sánchez aprovecha su cuarta visita a China para suplir el ostracismo europeo y restablecer el teléfono rojo con Xi Jinping, mientras su gobierno arremete contra la judicatura que denuncia presiones más propias del ‘franquismo’. Tres décadas después de la dictadura chavista de Venezuela, los exiliados en España agasajan a dos de sus principales líderes, la opositora Corina Machado y Edmundo González, ganador de las últimas elecciones.
Cruzada anti judicial para tapar la corrupción
De la tournée del matrimonio Sánchez-Gómez al lejano oriente, queda la imputación de la mujer del presidente a la que el gobierno en pleno sale en su defensa con ataques y amenazas al juez instructor de la causa. Su imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida para ser juzgados por un jurado popular, enciende al propio ministro de Justicia quien pide a la presidenta del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo sancionar al magistrado que instruye la causa. El acoso gubernamental a la Justicia es tan indeseable como su intromisión en la separación de poderes. La exigencia del ministro Bolaños constituye una forma intolerable de presión más típica de “épocas pasadas como el franquismo”, según las asociaciones profesionales de jueces.
El instructor del caso Begoña Gómez considera su conducta "propia de regímenes absolutistas" ya olvidados en nuestro Estado, al tiempo que envía a la Fiscalía Europea información sobre los contratos firmados con el empresario Barrabés por importe de 8,4 millones de euros tras las cartas de apoyo y recomendación de la propia Begoña Gómez. A su vez, también remite el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del ministerio de Hacienda, que en 2025 detectó “anomalías”, “irregularidades”, “fraude de ley” y “gran opacidad” en los contratos de Red.es adjudicados al empresario igualmente procesado y que investiga el órgano comunitario.
El comodín Constitucional del Gobierno
¡Vengan sentencias! que aquí está el que las tuerce y cambia, ya sea por decreto como los indultos, la sedición, la amnistía, la malversación e, incluso, con el comodín del Constitucional convertido en el patio trasero de Pedro Sánchez que todo lo arregla en virtud de la mayoría de progreso. Da igual que sea para blanquear los Ere’s fraudulentos de Andalucía, la sentencia condenatoria del ex fiscal del Estado o el golpe y fuga de Puigdemont. Aun así, ni la investigación de los casos Gómez, el hermano, Ábalos, Koldo, Leire, Plus Ultra, Air Europa, hidrocarburos, Forestalia o el siguiente de Cerdán van a caer en saco roto, en una sociedad asqueada por la hipocresía, descomposición, inmoralidad y corrupción practicada desde el poder. Con o sin condena, las responsabilidades políticas de sus actores y quienes les ampararon serán difíciles de soslayar, por muchos kilómetros por medio que ponga el presidente español o su camaleónica estrategia de intoxicar el país con el franquismo, la prostitución, el aborto, el pacifismo, la vivienda o la masiva regularización. La implacable apelación de las urnas sigue acechando al partido gobernante -sin mayoría- que en apenas cuatro años ha perdido 20 de las 26 elecciones celebradas. Doce de las 17 autonomías continúan gobernadas por el PP cuya hegemonía y voto sigue en aumento.
Apoyo a la venezolana Corina Machado
Tres décadas después de la dictadura chavista de Venezuela, los exiliados en España agasajan a dos de sus principales líderes, la opositora Corina Machado y Edmundo González, el candidato presidencial a quien Maduro ‘robo’ el triunfo en las últimas elecciones. La diáspora del país caribeño -más de 400.000, de los que la mitad permanecen acogidos en Madrid- ven más cerca el retorno de la democracia, con unas elecciones limpias que la Premio Nobel de la Paz sitúa en “unas 40 semanas, nueve meses" con el apoyo de la comunidad internacional y la firmeza de Estados Unidos. El multitudinario acto de la diáspora venezolana cuenta con el apoyo de Feijóo y de las instituciones madrileñas, en las que Comunidad y Ayuntamiento condecoran a Machado y González por su “lucha” en pro de la libertad del pueblo venezolano. La líder opositora lamenta la postura del gobierno español junto a la opacidad del ex presidente Zapatero, señalando a "quienes prefieren callar y se ponen del lado del agresor", en contraste con otros gobiernos de izquierda que han mantenido una posición firme frente a las ejecuciones, secuestros, violaciones y torturas documentadas por la ONU y la Corte Penal de la Haya.
Pedro Sánchez agasaja por su parte al radicalismo latinoamericano, cuyos dirigentes de Brasil, México, Colombia y Uruguay pisan por primera vez territorio hispano en su intento de fortalecer la liga chavista integrada por Lula, Petro, Orsi y Sheinbaum. Se mantiene la expectación por conocer si la presidenta mexicana repetirá en suelo patrio sus diatribas contra la colonización española y la exigencia de pedir perdón por los excesos contra Moctezuma y el canibalismo azteca.