La ausencia de Presupuestos desde 2023 obliga al gobierno a desviar partidas de los fondos europeos para cuadrar los gastos del Estado. Responsable de tal ingeniería contable, no es otra que la exministra Montero, tras autorizar la reasignación de hasta 50.000 millones del presupuesto prorrogado, entre ellos 10.000 M del Mecanismo de Recuperación para el pago de pensiones, ingreso mínimo vital y otros gastos sociales, sin pasar por el Parlamento. Con Teresa Peramato ya son tres los Fiscales generales del Estado sometidos al gobierno de Pedro Sánchez para tapar la corrupción.
La nueva titular del cargo continúa el sectarismo de sus predecesores, Álvaro Ortiz y Dolores Delgado, para premiar a los afines al ejecutivo o purgar a los profesionales del ministerio público 'sospechosos' de ejercer la acusación en las causas que salpican al partido en el poder. Tras el caso Ábalos, la Justicia continúa impertérrita las restantes causas abiertas -a pesar de los embates del Gobierno-, mientras las elecciones andaluzas entran en su recta final, con el PP pendiente de revalidar su mayoría absoluta sin depender de VOX y la supervivencia del PSOE.
Ingeniería contable gubernamental
El trasvase de ingresos y gastos del Estado en los últimos años, ‘legal’ según la ex vicepresidenta y candidata andaluza, María Jesús Montero, consiste en dar altas de gastos corrientes y, a su vez, dar de baja otras asignaciones del MRR con el argumento de no necesitar el gasto en el mismo año. Solo en los tres primeros meses de 2026 el Gobierno ha cambiado partidas que afectan a la mayoría de ministerios, incluidos el de Economía, Transición Ecológica o Política Territorial. Por cada tres euros de gasto, ha cambiado uno del presupuesto prorrogado. Así, el ministerio de Hacienda consideraba necesario retirar partidas destinadas a cargadores y coches eléctricos, e incluso planes de apoyo a la transición energética para reforzar la Seguridad Social con 2.984 millones en el ejercicio de 2025. Todo un síntoma de que la política fiscal del Ejecutivo está funcionando a base de parches de emergencia.
El propio Tribunal de Cuentas ha detectado la utilización de 2.389 millones de fondos europeos "sobrantes" para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos al fiscalizar la Cuenta General del Estado de 2024. El Tribunal considera que la actuación se llevó a cabo bajo unos fundamentos que no considera justificados desde el punto de vista jurídico.
Consecuencias de gobernar sin PGE
Para el órgano fiscalizador se trata de una de las consecuencias de no contar con un proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que llevó a modificaciones presupuestarias para atender un gasto adicional de 77.341,9 m. que hubieran sido mayoritariamente financiados con deuda pública de no haber sido por el buen comportamiento de los ingresos. El informe del TC resalta el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social, por octavo año consecutivo, de 106.138,7 millones a 31 de diciembre de 2024, financiado sobre todo a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado ascendía a 126.170,2 millones, el 7,91% del PIB.
Los reproches de Tribunal, adscrito a las Cortes Generales, no se quedan ahí al destacar incluso la existencia de "un importante déficit estructural" en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (baja laboral por enfermedad) en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, por importe de 2.677,3 m. y la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.
La venganza de Peramato
Con Teresa Peramato ya son tres los Fiscales generales del Estado sometidos al gobierno de Pedro Sánchez para tapar la corrupción. La nueva titular del cargo continúa el sectarismo de sus predecesores Álvaro Ortiz y Dolores Delgado, para premiar a los afines del ejecutivo o purgar a los profesionales del ministerio público 'sospechosos' de ejercer la acusación en las causas que salpican al partido en el poder. La degradación de la fiscalía general se agudiza con la llegada de cada nuevo titular.
A Delgado, reprobada en el Parlamento en 2018 por sus ‘perversas amistades’ con el comisario Villarejo y por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión a los líderes separatistas, siguió García Ortiz, “inidóneo” primero y condenado después por un delito de revelación de secretos, cuya sucesora lleva una deriva tan preocupante como rechazada por las asociaciones profesionales tras unos nombramientos que conculcan los principios de mérito y neutralidad y premian la afinidad.
La primera decisión de Peramato ha supuesto el castigo para la fiscal que se opuso al montaje contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la promoción de quien le ayudó en la fechoría -partidaria de añadir un poquito de “cianuro“ en tal acción-, y el ascenso de la propia esposa del condenado -García Ortiz- premiada con la Fiscalía Superior de Galicia. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, fue quien advirtió de que la filtración de García Ortiz podía constituir un delito y plantó cara como testigo de cargo en el Supremo.
Embates judiciales del Gobierno
Las purgas de la nueva fiscal del Estado se suman a los embates de los ministros del gobierno contra la justicia cuyo principal abanderado no es otro que el propio ministro del ramo, Félix Bolaños, autor de la mayor reforma para controlar la judicatura. El titular de Presidencia, Justicia y memoria democrática considera "vergonzante" la decisión del juez Peinado de procesar a la esposa del presidente Begoña Gómez, al tiempo que interpone una demanda contra Víctor de Aldama, el principal testigo de cargo de los casos de corrupción que cercan al ejecutivo, por ' vulnerar' su derecho al honor tras afirmar que le intentó sobornar. Una abrumadora mayoría de jueces y fiscales llevan meses alertando sistemáticamente sobre la necesidad de defender su independencia sometida a un ataque ya endémico, con injerencias y descalificaciones políticas, preocupados por el impacto de estas reformas en nuestro Estado de Derecho, una alerta que ha sido trasladada también a la Unión Europea.
La Justicia continúa su investigación
El desafío democrático que encarna Pedro Sánchez ya es imparable: gobierna sin votos propios, sin presupuestos ni mayoría parlamentaria y a golpe de decreto, acorralado por una decena casos de corrupción política y familiar. Al primer juicio en espera de sentencia por los presuntos delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos atribuidos a su ex ministro y ex secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, seguirán los ‘casos’ Cerdán, Begoña Gómez, David Sánchez Hidrocarburos y Delcygate, mientras continúa la investigación de los rescates de Air Europa, Plus Ultra y la intermediación del ex presidente Zapatero.
Precampaña andaluza
La campaña electoral en Andalucía entra su recta final continúa pendiente de las encuestas que sitúan al popular Juanma Moreno al borde de su segunda mayoría absoluta (55-57 escaños), a larga distancia de la socialista Montero con 27-29 -el peor vaticinio de la última década, y el repunte del candidato Gaviria de VOX, con 17-19 diputados regionales. Las formaciones de izquierda apenas arañan un escaño respecto a 2022, tal es el caso de Por Andalucía, la coalición integrada por IU, Sumar, Más País y Podemos, con 5-6 diputados y los 2 de Adelante Andalucía. La ex ministra de Hacienda, que todavía se mantiene como diputada nacional, es la peor valorada de los cinco candidatos a la presidencia de la Junta.
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