La filosofía epicúrea afirma que lo importante es vivir y disfrutar del presente (“carpe diem” que decían los romanos), y eso es algo que los españoles, en general, han decidido mantener por generaciones, preocupándose por el presente y descuidando el futuro. Todo lo contrario que los anglosajones, que desde finales del siglo XVIII ya se preocupaban por el devenir y constituían fondos de pensiones privados para evitar tener que estar levantando la mano a la puerta de las iglesias los domingos cuando llegaban a la senectud.
Una parte de los españoles, no muchos, decidieron hace algunas décadas abrazar el modelo anglosajón y reducir su consumo mensual para ahorrar en un fondo de pensiones cuando se podía. La legislación fiscal entonces existente permitía que las aportaciones a un plan de pensiones privado se pudieran desgravar de 10.000€ anuales en general o 12.500€ si se tenían más de 50 años. Después, cuando uno se jubilaba y pasaba a tener menos ingresos, el plan se podía rescatar total o parcialmente a lo largo de los años existiendo un 40% de exención en la tributación del jubilado para apoyarle en esa etapa de su vida.
Todo parecía adecuado y los españoles llegaron a ahorrar hasta 6.000 millones anuales mediante aportaciones a fondos de pensiones. Pero, hete ahí, que el Sr. Rodríguez Zapatero ganó las elecciones de 2004 y se dio cuenta de que había “ricos peligrosos” que podían incluso ahorrar todos los años, y como su natural “progresismo” no podía permitirlo, promulgó una nueva ley que se cargó de golpe la bonificación fiscal citada, de manera que todo lo que se ahorrara a partir del año 2007, incluidos los rendimientos acumulados por ese ahorro, tuviera que tributar a tipo marginal en la declaración del IRPF.
Las aportaciones disminuyeron pero todavía seguía siendo un instrumento adecuado para el ahorro. Esto lo notó un ministro de Hacienda que se debió equivocar de partido cuando se dedicó a la política, y que se llamaba Cristobal Montoro, y en el año 2015 decidió disminuir la cantidad que podía desgravarse de los 10.000€ a los 8.000€. A pesar de la disminución, una parte de los españoles siguieron utilizando este mecanismo de ahorro.
Pero llegó la moción de censura, y el nuevo gobierno de Pedro Sánchez decidió declarar la guerra santa contra los que podían ahorrar y, de golpe, a partir del año 2021 disminuyó la cantidad máxima anual desgravable de los 8.000€ a los 2.000€. No contentos con ello los miembros de la izquierda radical, le exigieron que a partir de 2022 lo volviera a bajar a 1.500€, que es como han quedado las aportaciones individuales a fondos de pensiones privados en la actualidad, lo cual, después de la inflación que hemos padecido, es una cantidad realmente testimonial y dice mucho del “modelo” de Estado que los miembros del gobierno actual quieren para España.
En cualquier caso, el verdadero daño a los tradicionales ahorradores que durante décadas habían hecho aportaciones a fondos de pensiones se lo hizo Zapatero, ya que la modificación fiscal del año 2007 lo que supuso es que cuando estas personas se jubilasen tendrían que tratar, tanto las aportaciones como los rendimientos que durante tantos años se habían obtenido, como si fueran retribución íntegra, vamos como si se estuviera cobrando un sueldo. Afortunadamente, las leyes no tienen carácter retroactivo, y Zapatero no pudo evitar la exención del 40% a las aportaciones previas al año 2006.
Así que a partir de 60.000€ brutos de la unidad familiar, a los que se llega rápidamente, en cuanto aparte de la pensión se tengan algunos ingresos coyunturales, la tributación es del 45%, y si no, pues del 40%, ya que la curva de tipos crece rápidamente entre los 30.000 y 60.000€ de ingresos (si es que no se puede ser rico, no sé por qué nos quejamos).
Estamos hablando de que si un jubilado hubiera podido ahorrar 100.000€ a lo largo de toda su vida laboral, y los tiene que rescatar, sólo podría utilizar 55.000€, ya que los otros 45.000€ tendría que pagárselos a Hacienda. Una medida muy “progresista” para un colectivo que a su edad no tiene ninguna defensa y que si, por ejemplo, necesita hacer un gasto extraordinario, por una enfermedad o por un problema familiar, y tiene que rescatar sus ahorros, no podrá contar con casi la mitad de lo ahorrado.
El problema, como hemos apuntado, es que esa ley no se refería sólo a las aportaciones sino también a sus rendimientos, es decir que si en una declaración de la renta normal los intereses del capital tributan al 23%, en el caso de los fondos de pensiones privados detentados por esos “ricos pensionistas”, tributarían también al 45%, cuando lo justo hubiera sido que las aportaciones realizadas sí tributaran a tipo marginal, pero los intereses acumulados, que son una buena parte del fondo, tributasen al 23% como base imponible del ahorro.
Pero resulta que desde el punto de vista de la equidad fiscal, precisamente en el año 2007 ese gobierno “socialista” decidió crear la denominada base del ahorro, para que los ricos herederos que recibían grandes carteras de obligaciones pudieran tributar por los cupones que recibían como rentistas a la mitad que los salarios, es decir, el 23% en vez del 45%. Esta medida, que a todas luces es incoherente con una política de izquierdas, lleva vigente casi veinte años y nadie se preocupa por modificar el sistema fiscal para que se deje de machacar a las clases trabajadoras en favor de los rentistas.
Esta injusticia fiscal tiene un autor, el PSOE, pero un colaborador necesario, el PP, ya que durante los seis años de gobierno de Mariano Rajoy no se rectificó esta medida que tiene una motivación claramente recaudatoria y, como es evidente, no se lo vamos a pedir a Pedro Sánchez, que lleva cuatro años sin deflactar la tarifa del IRPF y ha conseguido que en los últimos años se incremente la recaudación del IRPF en un 41% a base de crujir la renta disponible de las clases medias.
Los defensores a ultranza del “progresismo” socialista dirán que lo que tienen que hacer los jubilados es sacar el dinero poco a poco, año tras año, para que el marginal sea algo menor, pero claro con el nivel de inflación que hemos tenido los últimos años y los cuatro ejercicios sin deflactar la tarifa del IRPF por parte de la ministra de Hacienda, si tienes una pensión no mileurista, pues necesitarías veinte años para tributar, digamos a un 35% en vez de al 45%, una “gran concesión”.
Sería fácil entrar en la crítica destructiva diciendo que teníamos una ministra que en materia hacendística (es médico de profesión) estaba todavía en primero de ábaco. Pero para aplicar un tipo impositivo sólo hace falta usar un porcentaje y en eso hasta ellos llegan. No, el problema es que saben perfectamente lo que están haciendo, lo hacen a conciencia, persiguiendo a todo aquel que pueda tener un pequeño “colchón” para poder vivir con una cierta comodidad.
Da lo mismo lo que una persona se haya esforzado a lo largo de su vida. Para la izquierda radical, todos tienen que ser iguales, aunque no hayan estudiado ni trabajado duro; todos tienen derecho a una renta básica o un ingreso mínimo vital. No importa que todo eso se financie con una subida de seis puntos en la presión fiscal desde que llegó Sánchez al poder, y que a pesar de ello sigamos con un déficit público permanente durante los últimos dieciocho años (Rajoy también hizo lo mismo) llevando la emisión de deuda pública hasta niveles que será difícil que sean capaces de pagarla nuestros nietos (nuestros hijos seguro que no podrán).
Algunos llevamos mucho tiempo diciendo que es necesaria una reforma en profundidad de nuestro sistema fiscal. Pero para poder hacerlo, es preciso tener un mínimo de formación y la voluntad política de querer hacerlo. Hay muchos que están expectantes por el previsible cambio de gobierno que se producirá el año que viene. Sin embargo, mi mensaje es que no esperen el necesario cambio fiscal, porque si es verdad que el PSOE no tiene precisamente premios Nobel entre sus filas, el PP no anda sobrado de banquillo y me temo que Feijoo, a pesar de sus promesas electorales, nos hará un “Montoro” como en su día nos lo hizo Rajoy.
Dante describió su particular “inferno” en el siglo XIV obviamente mediatizado por la idiosincrasia de la época, muy centrada en aspectos éticos y morales. Zapatero y Sánchez han hecho lo propio en el siglo XXI, pero en este caso no se han fijado para nada en la ética y la moral, sino en unas ideas anacrónicas según las cuales trabajar mucho y ahorrar a lo largo de tu vida no es un modelo adecuado de sociedad, puesto que si has podido ahorrar 500€ mensuales durante toda tu vida pasas a la categoría de “rico peligroso” al que hay que expropiar sus “beneficios extraordinarios” y la mejor forma de hacerlo es a través del IRPF, hasta conseguir que sólo viva de su pensión “que ya está bien” dentro de ese modelo “neomaoísta” para que todo el mundo sea “igual” al margen de lo que se haya esforzado a lo largo de su vida.
Así que, como a los que afecta no son muchos (entre el 10% o el 20% de los jubilados), pues que sigan pagando y se queden sin ahorros para la última etapa de su vida, en la cual puede que como ya nos les llegue tengan que renunciar a su seguro sanitario privado (¡ojo! que eso también es de ricos peligrosos), y que vayan a la Seguridad Social que es donde debe ir todo el mundo, a pesar de los cientos de miles de personas que están esperando operaciones en las famosas “listas de espera”.
Habría que indicarles a los que abanderan el mensaje “todos somos iguales”, que no debemos serlo sólo en la recepción de prestaciones, sino también en la aportación que realizamos a la comunidad. Vivir en sociedad no significa que una parte de los ciudadanos, las clases medias, tengan que alimentarse a sí mismos y a todos los demás. Esa concepción no es socialismo, ni siquiera leninismo o maoísmo, ya que en aquellos regímenes, se exigía que todo el mundo trabajase y aportase su esfuerzo a la comunidad. Es simplemente “sanchismo”, y así nos va.