Siempre me he considerado un economista moderadamente liberal y he defendido la efectividad de la gestión privada frente a la gestión, a veces arterioesclerótica, de las administraciones públicas. Pero una cosa es la eficiencia en la gestión y otra el oligopolio, cuando no monopolio, de la arquitectura de los servicios digitales y de telecomunicaciones a nivel mundial en una economía cada vez más globalizada. Estamos asistiendo a una salida a bolsa billonaria, la de SpaceX, que, enmascarada por el objetivo de llegar a Marte, lo que realmente supone es la propiedad de más de diez mil satélites (más del 65% de los que orbitan la Tierra) que controlan las comunicaciones a nivel mundial e incluso la información militar precisa para inclinar la balanza hacia una de las partes beligerantes en una conflagración bélica.
Dominar la tecnología siempre ha sido importante, y algunos oligarcas lo han visto muy claro. De hecho todos se han hecho archi millonarios en los últimos años, y Estados Unidos, con el permiso de China, se ha convertido en el líder mundial de la creación de grandes empresas tecnológicas y su puesta en valor en los mercados bursátiles.
El problema surge cuando se genera una dependencia mundial de unas pocas empresas y, en particular en el caso de SpaceX, cuando lo que ocurra pueda depender del humor con el que se levante su propietario, Elon Musk, una persona que, en mi opinión, es emocionalmente inestable y toma decisiones por impulsos. Pasemos un repaso a la situación en el mundo occidental de determinadas actividades tecnológicas y de gestión de telecomunicaciones.
- La red de internet depende básicamente de tres compañías norteamericanas: ATT, Verizon y Lumen.
Si nos centramos en España, los oligopolios también controlan las principales actividades:
- La electricidad depende en gran medida de tres compañías: Iberdrola, Endesa y Naturgy.
Como vemos, son unos cuantos oligopolios, todos privados, los que, como vulgarmente se dice, “manejan el cotarro” y, como es lógico, tienen unos beneficios recurrentes importantes, ya que los países no funcionarían si estas compañías hicieran un “lock-out” (cierre patronal).
Lo cierto es que los seres humanos nos preocupamos de muchas cosas, pero la independencia de las comunidades para poder tomar decisiones en democracia está profundamente coartada por el desarrollo tecnológico de los últimos treinta años. La tecnología es cada vez más necesaria y precisamos de entes que nos garanticen que no podrá ser utilizada de forma no democrática por determinadas personas o conglomerados privados en su propio interés. Y lo que pasa es que eso no ocurre en la actualidad.
Pensamos que si una compañía norteamericana decidiera cortar el suministro a un país o a una región, su gobierno se lo impediría, pero ¿hasta que punto tiene Estados Unidos poder sobre una filial, por ejemplo, boliviana, si esta decide con argumentos pseudo legales que deja de prestar servicios a una determinada comarca de ese país por algún motivo espurio? Y lo que es más importante, ¿qué ocurriría si fuese precisamente el gobierno de Estados Unidos el que ordenara a la empresa que cortara la provisión del servicio a un determinado país?
De hecho, se conocen casos en los que por determinados motivos, se han dado instrucciones a las emisoras de tarjetas de crédito para que anularan las tarjetas de determinadas personas por motivos no necesariamente relacionados con la delincuencia, es decir, porque son personas “non gratas” a los intereses norteamericanos.
Esta connivencia entre el gobierno norteamericano y las compañías tecnológicas puede o no seguir existiendo y, si en un momento determinado, y como parece que empieza a ocurrir en temas de defensa, Estados Unidos decide que no quiere seguir tutelando a sus aliados europeos, o les exige pagar unos costes significativos, tendríamos muy difícil sobrevivir sin tener que hincar la rodilla en tierra ante el “amigo” americano.
Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial se creó en la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”) el Consejo de Seguridad, que consta de quince miembros, y cuyo objetivo era precisamente evitar que existieran nuevas conflagraciones o, caso de producirse, que se pudieran solucionar. No vamos a entrar en su eficacia, especialmente en los tiempos actuales, pero la creación en la ONU de un organismo que tuviera la propiedad pública supranacional de la arquitectura básica de redes y que los operadores de los diferentes países tuvieran el mismo acceso a esa red garantizaría la libertad operativa de todos los países, amén de fomentar la competencia, lo cual redundaría en una rebaja de precios de los servicios tecnológicos.
Y no sólo eso, ¿qué pasaría si finalmente Elon Musk consiguiera sus objetivos? ¿Se podría coronar rey de Marte? ¿Quién sería el propietario del planeta? Guardando las distancias, la situación sería la misma que lo ocurrido en la Antártida. En 1961, se firmo el Tratado Antártico, estableciendo que este continente debe utilizarse sólo para fines pacíficos y, a pesar de las reclamaciones territoriales de países como Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda o Gran Bretaña, este Tratado congela cualquier reclamación territorial, estando firmado por más de cincuenta países.
Pues la situación del espacio exterior, la de las redes de tecnología y telecomunicaciones, los medios de pago internacionales, etc., debería tener un tratado similar bajo el auspicio de la ONU e impidiendo que intereses privados puedan controlar el inmenso poder económico, militar y estratégico de estos activos.
Evidentemente, esto no es fácil, ya que tiene que haber un consenso a nivel mundial, y resultaría difícil que países como Estados Unidos o China, cuyas empresas llevan muchos años invirtiendo en tecnología y que están a la cabeza de estos desarrollos, vayan a aceptar compartir su know-how con el resto de los países.
Sin embargo, la convivencia entre los diferentes líderes en materia tecnológica está sujeta a posibles conflictos futuros y que cada país vaya por libre, sin que exista ese organismo supranacional al que nos hemos referido, puede generar problemas. Imaginemos que uno de los satélites de Elon Musk cayera en la Tierra y destruyera, por ejemplo, uno de los rascacielos de Shanghái, ¿a quién se le iba a hacer responsable? No es tan fácil de contestar esta pregunta, porque puede que el satélite haya chocado con basura espacial soviética y el choque es lo que ha producido el accidente. Sería difícil reclamarle a Andropov la responsabilidad del siniestro, y no me imagino a los chinos pidiendo la extradición de Elon Musk a Estados Unidos.
Pero, si existiera ese organismo internacional, financiado por los diferentes países, se podría hacer cargo de la investigación y los costes de ese accidente, evitando posibles confrontaciones entre países y empresas. Soy consciente de que hará falta una gran dosis de generosidad por parte de los países con la tecnología más avanzada, que además serán los únicos que podrán domeñar las ansias de poder y de dinero de las grandes empresas tecnológicas, pero, si se logra, se podría evitar que se produjese lo que se ha visto en determinadas películas futuristas en las que los guionistas hollywoodienses nos muestran cómo pueden determinadas entidades privadas controlar la vida futura de los seres humanos. Esto puede no ser una simple elucubración de estos guionistas: créanme, puede llegar a ocurrir, si no se llega a una “entente cordiale” entre los países que todavía creemos en la democracia. Por supuesto, habrá que esperar a que haya nuevas elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero ya no queda tanto.