Treinta años de cárcel para Francisco González. 196 millones de euros de indemnización. Son las dos cifras que resumen el escrito de acusación que Luis Pineda registró el 13 de septiembre de 2024 ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, y con las que el expresidente de Ausbanc se revuelve contra quien fuera presidente ejecutivo del BBVA durante los años en que, según sostiene, el banco encargó a Villarejo destruirle. La condena de 30 años no es una pena única, sino la suma de 5 delitos distintos que el escrito imputa a González: 7 años y 6 meses menos un día por cohecho en continuidad delictiva; 5 años por descubrimiento y revelación de secretos; 6 años por integración en grupo criminal; 6 años más por falsedad en documento mercantil y otros 6 por administración desleal.
Sumados sin más, esos 5 delitos rozan los treinta años y medio de prisión. Sin embargo, el artículo 76 del Código Penal establece, con carácter general, un límite absoluto de 20 años de cumplimiento efectivo.
Lo que sí deja claro el escrito es que ningún otro acusado de esta causa carga con un paquete penal tan completo. Solo Ángel Cano Fernández, entonces consejero delegado del banco, comparte exactamente los mismos cinco delitos y la misma cesta de penas.
Pineda sostiene que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, omitió por error su escrito de acusación. Su abogado ha solicitado la rectificación y el complemento del auto de apertura de juicio oral dictado el 9 de julio pasado, porque la resolución no incorporó su acusación particular, presentada el 13 de septiembre de 2024 dentro del plazo y, según afirma, unida correctamente a las actuaciones.
Por ello, pide al magistrado que el auto recoja tanto las penas solicitadas contra Francisco González, el BBVA y los demás acusados como la responsabilidad civil reclamada. Luis Pineda sostiene que la denuncia que desencadenó el procedimiento judicial contra él fue fabricada por el BBVA, por orden de González, como parte de una estrategia destinada a destruir su reputación y provocar la quiebra de Ausbanc y de su grupo empresarial y editorial.
En su escrito de acusación, Pineda califica de «espuria» la denuncia interpuesta contra su persona y contra su grupo el 2 de febrero de 2015, aparentemente de forma anónima. El expresidente de Ausbanc sitúa el origen de esta supuesta operación en la batalla judicial por las cláusulas suelo. En concreto, atribuye la actuación del banco a una represalia por los procedimientos impulsados por Ausbanc, cuyo resultado habría causado al BBVA pérdidas superiores a 600 millones de euros.
El origen de las diferencias se remonta al litigio de las cláusulas suelo, según relata Pineda: Ausbanc obtuvo en 2010 la primera condena judicial contra el BBVA por esta práctica. Condena que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2013 y reforzada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2016 sobre la irretroactividad de la nulidad.
Luis Pineda fue detenido el 15 de abril de 2016 durante la «Operación Nelson» y enviado tres días después a prisión provisional. La investigación le atribuyó inicialmente delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. La Fiscalía llegó a solicitar para él 118 años y cinco meses de cárcel y el BBVA pidió para Pineda 129 años de prisión.
Según su versión, dicha denuncia que desencadenó la causa contra él no fue realmente anónima ni espontánea, sino que habría sido preparada desde el BBVA con información obtenida por Cenyt, la empresa vinculada al comisario José Manuel Villarejo.
Pineda permaneció privado de libertad durante tres años, entre el 18 de abril de 2016 y el 17 de abril de 2019, cuando salió de la prisión de Estremera tras abonar una fianza de 200.000 euros. En julio de 2021, la Audiencia Nacional lo condenó a 8 años de prisión: 5 por un delito continuado de extorsión y 3 por estafa. Sin embargo, en marzo de 2024, el Tribunal Supremo revocó íntegramente la sentencia y lo absolvió por ambos delitos.
Pineda acusa a un total de 9 personas, entre ellas al exjefe de seguridad del Banco, Julio Corrochano, el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, su socio, Rafael Redondo y cuatro exaltos cargos del banco más. Como persona jurídica responsable, de acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal, reclama para el BBVA que se le inhabilite durante 15 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público —administración local, provincial, autonómica, estatal, europea y organismos públicos, con mención expresa a la Tesorería General de la Seguridad Social y a empresas de capital público o semipúblico, incluyendo la prohibición de contratar productos bancarios de activo o pasivo con estas entidades— y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
El escrito señala expresamente que, pese a que la gravedad de los hechos permitiría solicitar la disolución de la persona jurídica (artículo 33.7 CP), la acusación particular renuncia a pedirla «considerando que se produciría un grave perjuicio para terceros como son los accionistas del Banco y la totalidad de sus clientes», optando por la inhabilitación de quince años como medida alternativa.