Ni el fútbol, ni el sofocante verano eclipsan ya las múltiples causas judiciales que le crecen al Gobierno y escandalizan a los ciudadanos, con un imputado de excepción en la persona del ex presidente del Ejecutivo. Zapatero, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo, organización criminal, apropiación indebida y falsedad documental, podría convertirse en el primer mandatario español sentenciado por la Justicia tras una extensa lista de ex ministros encarcelados a lo largo de nuestra democracia. La Audiencia Nacional que lo investiga ha recibido hasta cuatro inculpaciones de colaboradores necesarios para conseguir una comisión millonaria por el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra al borde de la quiebra. El hasta ahora 'faro moral' de sanchismo recibe el apoyo del Gobierno socialista preocupado por un futuro judicial más que incierto.
Delata que algo queda
La recomendación 'delatora' del ministro Bolaños -y el ejemplo de Aldama en el caso Ábalos- ha tenido su efecto en los testaferros de ZP que también acuden al juez para “colaborar” en la persecución del delito, una loable actitud que al menos hasta hoy contaba con la aquiescencia del titular de Justicia para ‘reforzar la transparencia y la rendición de cuentas’. La confesión del testaferro del expresidente tumba la estrategia del 'lawfare', deja al Gobierno sin 'referente' e incluso tambalea los cimientos de la Moncloa. El arrepentimiento del empresario Julio Martínez, presunto amigo y ‘correveidile’ de JLRZ, apuntala los indicios de que Ejecutivo gestionó durante años los activos públicos de la SEPI como chiringuito de una trama corrupta. La cascada de confesiones sobre el millonario rescate de la aerolínea Plus Ultra, con 53 millones y el cobro de una comisión del 1% (530.000 euros) además de otras prebendas, ratifican la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal pese a que el juez y la Fiscalía exigen más pruebas.
Actas secretas
En el punto de mira de la UDEF figuran las actas secretas de la deliberación, que la oposición exige desvelar, en la que participaron tanto el actual presidente del conglomerado empresarial adscrito al Ministerio de Hacienda, Bartolomé Lora, hoy imputado, como el Consejo de Ministros al completo que la aprobó. Los informes de la investigación policial denuncian la existencia de “carpetas vacías e información incompleta” tras el requerimiento judicial ordenado por el magistrado Calama. Los ex ministros Montero (Hacienda), Escrivá (Seguridad Social), Maroto (Industria), Calviño (Economía) y la entonces responsable de Energía, Aagesen jugaron un papel decisivo en tan controvertido rescate. El partido Iustitia Europa interpone una querella contra el gabinete ministerial que aprobó las ayudas a Plus Ultra por constituir el ‘eslabón final’ de una operativa liderada por Zapatero. Tanto el Gobierno como el Psoe y el propio expresidente, rediseñan ya una estrategia conjunta de defensa para prevenir nuevas imputaciones e incluso hacer frente a las irregularidades tributarias y contables que pesan en el extenso sumario de la causa.
La segunda década ominosa de la historia
Con el mayor número de causas judiciales a sus espaldas, el actual presidente del Gobierno está cerca de superar el periodo más tenebroso de España, descrito por Galdós como El terror de 1824 en sus Episodios Nacionales y calificado por Menéndez Pelayo de “absolutismo feroz, degradante y sombrío”. El estertor de la segunda década más ominosa de la historia tras el reinado de Fernando VII -el rey felón obsesionado en perseguir el constitucionalismo, las libertades y entregar la monarquía a Napoleón-, acelera el deterioro de la democracia con enjuagues del censo electoral y la continua promulgación de decretos a la carta. Nada nuevo en la colonización de instituciones y organismos del Estado y la amenaza a las autonomías con someterlas a un déficit cero en caso de no aceptar la financiación territorial tras una década de cesiones políticas y de corrupción.
Feijóo activa la cuenta atrás para el cambio
Feijóo da por finiquitada la legislatura de nuevo y activa la cuenta atrás para el cambio tras situar a Pedro Sánchez como el "señor X” y el nexo político de la corrupción. El presidente del principal partido del país asegura que el Gobierno solo tiene una salida razonable y democrática, la convocatoria de elecciones, con un cambio político que ya es un “clamor social”. Para el líder de la oposición el Ejecutivo de coalición está "políticamente acabado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado", con un presidente que ha pasado de gobernar en minoría a gobernar contra la mayoría.
El censo electoral sigue en aumento
PP y VOX ya piden anular la instrucción que amplía la Ley de Memoria Democrática para fabricar nuevos votantes con “ingeniería electoral”, mientras la Junta Electoral obliga a justificar el lugar de voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. El organismo rector de los procesos electorales ordena elaborar a la Oficina del Censo una instrucción dirigida a los consulados para precisar los criterios aplicables en la determinación del municipio de cada nuevo votante cuando no medien razones de arraigo o residencia, para evitar posibles arbitrariedades.
Los datos policiales de las oficinas de Extranjería, señalan que España asumirá tres millones de inmigrantes con sus familias en tan solo un año a través del proceso de regularización extraordinario, en base al efecto de la reagrupación familiar que prevé la solicitud de hasta 1.200.000 peticionarios. Así, no es de extrañar que la directora de Estudios Sociales de Funcas María Miyar, haya calificado de “flagrante negligencia” la política migratoria del gobierno que “condicionará nuestra demografía, el mercado de trabajo y la cohesión social durante décadas”.
La ministra ‘hitleriana’
La desesperación y el matonismo gubernamental llevan a la ministra de la (Incons) Ciencia, Diana Morant, a comparar a Feijóo con Hitler por "dibujar" un próximo ejecutivo de coalición cada vez más “parecido a los gobiernos criminales como los del dictador alemán”. La ex alcaldesa de Gandía tiene los días contados en el gabinete ministerial para ejercer como candidata a la Generalitat Valenciana.
Ya saben, “quien colabora con la Justicia, tiene el apoyo del Gobierno de España”.
Continuará.