España vuelve a arder. Miles de hectáreas reducidas a cenizas. Pueblos amenazados. Familias evacuadas. Bomberos y brigadas jugándose la vida frente a un enemigo que, año tras año, parece encontrar un país cada vez menos preparado para combatirlo. Una vez más, el discurso oficial apenas cambia. La culpa es del cambio climático. La explicación perfecta. La coartada ideal para evitar una pregunta mucho más incómoda: ¿qué han hecho nuestros gobernantes durante los últimos veinte años para evitar que nuestros montes se conviertan en un polvorín?
La política de salón y las leyes de moqueta han sustituido el sentido común por la propaganda. Desde Bruselas se diseñan estrategias y agendas que después los gobiernos nacionales aplican con entusiasmo, muchas veces sin escuchar a quienes conocen el monte, trabajan la tierra o viven en los pueblos desde hace generaciones. Mientras se llenaban la boca hablando de sostenibilidad, transición ecológica y Agenda 2030, desaparecían miles de explotaciones de ovino, caprino y bovino extensivo. Con ellas desaparecía también el mejor servicio de prevención de incendios que jamás existió: el pastoreo.
Cada vez son más las decisiones que llegan desde Bruselas diseñadas desde un despacho, con una visión uniforme que poco tiene que ver con la realidad de los montes mediterráneos. Se legisla pensando en informes, objetivos y estadísticas, pero rara vez escuchando a quienes conocen el terreno. El resultado es una burocracia creciente que dificulta la gestión activa del monte y convierte al agricultor y al ganadero en sospechosos permanentes, cuando durante siglos fueron precisamente ellos quienes mejor protegieron nuestros bosques.
Durante siglos fueron los ganaderos quienes mantuvieron limpios los montes, redujeron el combustible vegetal, conservaron caminos, cortafuegos naturales y espacios abiertos entre los pueblos y las masas forestales. Lo hacían sin grandes campañas publicitarias, sin cumbres internacionales y sin millones destinados a propaganda institucional. Lo hacían trabajando. Pero llegaron las normas escritas desde despachos alejados de la realidad rural, toda una burocracia que hizo cada vez más difícil vivir en el campo y del campo. Llegó una forma de hacer política que parecía considerar al agricultor y al ganadero más un problema que un aliado. El resultado está hoy delante de nuestros ojos.
Pueblos abandonados, explotaciones cerradas, montes sin gestionar. Millones de toneladas de biomasa acumulándose año tras año. Jóvenes obligados a abandonar sus raíces para buscar un futuro incierto en ciudades donde demasiadas veces solo encuentran empleos precarios y enormes dificultades para acceder a una vivienda. Después llegan las llamas y vuelven las ruedas de prensa. Entonces aparecen los mismos responsables políticos que durante años ignoraron la prevención para repetir que todo es consecuencia del cambio climático.
Es evidente que las condiciones meteorológicas influyen en el comportamiento del fuego. Pero utilizar el cambio climático como explicación casi exclusiva de cada incendio sirve también para evitar hablar de aquello que sí depende de los gobiernos: la gestión forestal, la prevención, el mantenimiento de cortafuegos, la limpieza del monte, el apoyo al mundo rural y la dotación de medios suficientes.
Tras varios años de lluvias abundantes, la vegetación crece con una intensidad extraordinaria. Si esa biomasa no se gestiona durante el invierno y la primavera, cuando llegan el calor y el viento se convierte en un combustible perfecto. Eso lo saben, antes que nadie, los pastores, los agricultores y los ganaderos que llevan generaciones viviendo junto al monte. Lo saben porque lo han visto durante décadas. El problema no es la falta de conocimiento; es que quienes toman las decisiones hace demasiado tiempo dejaron de escuchar a quienes conocen el territorio de verdad. Sin embargo, parece más sencillo construir un relato político que asumir responsabilidades.
Europa puede legislar desde miles de kilómetros de distancia. Pero el monte no entiende de reglamentos escritos sobre moqueta. El monte entiende de gestión o de abandono. Durante demasiado tiempo los distintos gobiernos han mirado hacia otro lado. Pero especialmente durante los últimos años, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, el discurso climático ha terminado sustituyendo al debate sobre la gestión forestal. Se habla constantemente de transición ecológica, de descarbonización y de grandes objetivos internacionales mientras miles de hectáreas continúan acumulando combustible vegetal y el mundo rural sigue perdiendo población, explotaciones y capacidad para cuidar el monte.
Tampoco basta con presentar campañas repletas de anuncios y fotografías junto a hidroaviones. El Gobierno prometió reforzar los medios aéreos de extinción, pero cuando las llamas han vuelto a poner a prueba el sistema han surgido dudas sobre si esos recursos prometidos estaban realmente disponibles. Las promesas no apagan incendios, Pedro, los recursos sí. Y los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si la prioridad ha estado en la propaganda o en dotar realmente a los servicios de extinción de todos los medios necesarios.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir transparencia. Transparencia sobre cómo se gestionan nuestros bosques, sobre las prioridades presupuestarias y sobre cualquier decisión que afecte al futuro de los terrenos incendiados. Porque cuando un gran incendio arrasa miles de hectáreas es lógico que los ciudadanos se pregunten qué ocurrirá después con esos terrenos y si existe previsto algún proyecto energético, especialmente de energías renovables, o cualquier cambio de uso del suelo. Si no hay nada que ocultar, las administraciones deberían informar con total claridad. La transparencia evita las sospechas; el silencio las alimenta.
España no necesita más eslóganes. Necesita menos burocracia, menos ideología y más gestión. Más ganaderos, más agricultores, más ingenieros forestales, más prevención y más sentido común. Los incendios no empiezan cuando aparece la primera llama. Empiezan mucho antes. Empiezan cuando la política sustituye la gestión por la propaganda. Cuando se gobierna de espaldas al mundo rural. Cuando se abandona el monte y después se pretende explicar la tragedia con un único argumento. España no necesita más cumbres internacionales, más agendas ni más discursos diseñados desde un despacho en Bruselas o un ministerio en Madrid, necesita volver a confiar en quienes durante siglos cuidaron el monte: agricultores, ganaderos, pastores, agentes forestales e ingenieros que pisan el terreno todos los días. El fuego no distingue ideologías. Arrasa por igual los bosques, las viviendas y las vidas, y mientras la política siga utilizando cada incendio para construir un relato en lugar de asumir responsabilidades, cada verano volveremos a asistir al mismo espectáculo: montes convertidos en ceniza, pueblos evacuados y responsables públicos ofreciendo las mismas explicaciones de siempre.
Los bosques no votan. Pero cada verano presentan la factura de décadas de decisiones políticas. Una factura que lleva el sello de Bruselas y de quienes, desde Madrid, han asumido sin apenas cuestionarlas políticas diseñadas demasiado lejos de la realidad del monte español. Gracias, Bruselas. Gracias también a quienes han preferido las agendas, los titulares y la propaganda antes que escuchar a agricultores, ganaderos, pastores y a quienes llevan generaciones cuidando nuestros montes. Porque resulta mucho más cómodo convertir el cambio climático en la explicación universal de cada tragedia que asumir las responsabilidades derivadas del abandono del monte, la falta de gestión forestal y el abandono del mundo rural. El clima influye, pero no limpia montes, no abre cortafuegos, no recupera el pastoreo ni sustituye una política forestal eficaz. Esa factura no la pagan los políticos. La pagan los ciudadanos, quienes arriesgan su vida apagando incendios, los vecinos que lo pierden todo y un patrimonio natural que tarda generaciones en recuperarse.