Mientras Europa debate cómo proteger sus fronteras exteriores y la OTAN adapta su estrategia a las amenazas híbridas del siglo XXI, España parece empeñada en convertir su frontera sur en un laboratorio de improvisación política. Ceuta y Melilla no son una anomalía geográfica ni un vestigio histórico incómodo. Son territorio español, territorio de la Unión Europea y una de las fronteras exteriores más sensibles del continente. En el ámbito de la UE, una agresión armada contra España activaría la cláusula de asistencia mutua del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. En la OTAN, la situación jurídica de Ceuta y Melilla presenta más matices por el ámbito territorial del Tratado del Atlántico Norte, circunstancia que hace todavía más importante que el Estado español ejerza una política de disuasión, firmeza diplomática y capacidad de respuesta.
La defensa de una frontera no depende únicamente de vallas, patrullas o medios materiales. Depende, sobre todo, de que quien está al otro lado sepa que el Estado responderá con firmeza ante cualquier intento de ponerla a prueba. Cuando esa convicción desaparece, la vulnerabilidad deja de ser un problema político para convertirse en un problema de seguridad nacional. Y esa es precisamente la imagen que ha proyectado el Gobierno de Pedro Sánchez durante la reciente invasión sobre Ceuta y, en menor medida, en Melilla. Un Ejecutivo desbordado, reactivo y sin capacidad para anticiparse a una crisis que, según diversas informaciones periodísticas, podía haber sido prevista.
La primera pregunta resulta inevitable. ¿Estamos únicamente ante una crisis migratoria o ante un episodio de presión política sobre España? La diferencia no es menor. Desde hace años, la propia Unión Europea habla de la instrumentalización de los flujos migratorios como herramienta de coerción política. Lo vimos en la frontera oriental de la UE y muchos analistas consideran que el Estrecho y el entorno de Ceuta y Melilla pueden convertirse en escenarios similares. Reducir todo lo ocurrido a una mera acumulación espontánea de inmigrantes sería, como mínimo, simplificar un fenómeno extraordinariamente complejo.
Más inquietante aún resulta la información publicada por diversos medios, y posteriormente reconocida por la propia ministra de Defensa, según la cual el CNI habría advertido al Ministerio del Interior de la posibilidad de una entrada masiva de. Si fue advertido y no actuó, el Gobierno falló, por el contrario, si no fue capaz de interpretar la advertencia, también. La consecuencia política es demoledora. Un Estado puede equivocarse, lo que no puede permitirse es transmitir la sensación de que conocía el riesgo y decidió mirar hacia otro lado o, peor aún, que carecía de un plan para responder.
Lo verdaderamente llamativo no fue solo la magnitud de la entrada. Fue el silencio del presidente del Gobierno. Mientras Ceuta soportaba la mayor invasión de ilegales de los últimos años, Pedro Sánchez parecía más preocupado por administrar el relato que por defender la frontera. A todo ello se suma una relación con Marruecos envuelta en una opacidad difícil de comprender. Desde el giro unilateral sobre el Sáhara Occidental hasta las incógnitas nunca despejadas sobre el caso Pegasus, pasando por la sucesión de concesiones diplomáticas y económicas, la percepción pública es la de un Ejecutivo extraordinariamente prudente con Rabat y sorprendentemente áspero con otros aliados europeos.
En este sentido, hay imágenes que resumen esa política exterior mejor que cien ruedas de prensa. Resulta difícil no apreciar cierta ironía en que el Gobierno decidiera llamar a consultas al embajador de Italia por unas declaraciones políticas mientras evitaba una reacción equivalente frente al país desde cuya frontera se producía una invasión sin precedentes y que algunas fuentes cifran en más de 80.000 personas.
La comparación, por sí sola, invita a una pregunta incómoda: ¿qué criterio inspira realmente la política exterior española? España tampoco atraviesa su momento de mayor influencia internacional. Las tensiones abiertas con numerosos socios europeos, las fricciones con Estados Unidos y el deterioro de las relaciones con Israel, derivadas de la política exterior del Gobierno y de su posición respecto al conflicto de Gaza y Hamás, han contribuido a proyectar la imagen de un país cuya política exterior responde con frecuencia a necesidades internas antes que a una estrategia nacional coherente.
En ese contexto, la gestión de la crisis de Ceuta adquiere una dimensión todavía más preocupante. Un país cuya posición internacional pierde peso dispone de menor capacidad para exigir solidaridad, para obtener apoyos diplomáticos o para disuadir a quienes puedan interpretar la frontera española como un punto vulnerable.
La cuestión de fondo trasciende esta crisis concreta. El verdadero debate consiste en saber si el Gobierno considera Ceuta y Melilla una cuestión de Estado o simplemente un problema episódico de gestión migratoria. Porque, si la frontera sur se administra únicamente desde una óptica administrativa, España siempre llegará tarde, y solo cuando El Gobierno asuma que constituye un asunto de seguridad nacional se diseñarán políticas capaces de prevenir, disuadir y responder con eficacia. Por ello no hay mayor fracaso para un Gobierno que transmitir la sensación de que quienes desafían la soberanía nacional tienen menos motivos para preocuparse que quienes la defienden. Mientras la Guardia Civil contenía la presión sobre la frontera, el Gobierno parecía sostener únicamente el relato.
La pregunta ya no es únicamente qué ocurrió en Ceuta. La verdadera pregunta es qué imagen de España se ha proyectado hacia el exterior. La imagen de un país cuya frontera sur puede convertirse en moneda de cambio diplomática; de un Gobierno que evita cualquier roce con Rabat mientras acumula fricciones con aliados tradicionales, y de un presidente más dispuesto a abrir conflictos con socios europeos y occidentales que a defender con firmeza los intereses de España cuando estos se ponen a prueba.
Quizá esa sea la cuestión que Pedro Sánchez debería responder algún día: ¿qué precio está dispuesto a pagar España para mantener la actual relación con Marruecos? Porque los españoles ya conocemos el coste de una política exterior basada en cesiones, silencios e improvisación. Lo hemos visto en la frontera de Ceuta. Un país puede superar una crisis migratoria, lo que difícilmente podrá superar son las consecuencias de un Gobierno que transmite a sus aliados una imagen de debilidad y, a quienes desafían su soberanía, la certeza de que presionar a España sale gratis.