O si se quiere, “en política aplica la transparencia, no la presunción de inocencia”. Nos gobiernan demagogos; por eso, muchos políticos intentan tapar sus desmesuras, con una apelación a la presunción de inocencia, fuera de su contexto propio: el Derecho Penal. La presunción de inocencia surgió históricamente a efectos penales. Es un principio de Derecho que parte, como todo lo razonable, del sentido común. Así lo contemplaba el Derecho Romano. Ulpiano decía “satius est impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari”, o sea, “es preferible que quede impune el delito de un culpable antes que condenar a un inocente”.
Este principio quebró en la Edad Media, seguramente por influencia del Derecho Germánico, con instituciones como la ordalía, la confesión forzada con tortura, la venganza de la sangre, e incluso el duelo, que al basarse en un falso honor, mal asociado a la verdad, perduró aún después de la Ilustración, cuyos principios penales se basan en la señera obra del Marqués de Beccaria, “De los Delitos y las Penas” (1764), la cual arremetió contra la tortura, e instituciones de la Monarquía Absoluta, como las “lettres de cachet”, a partir del principio de que nadie puede ser considerado culpable, antes de que exista sentencia firme. Esta es la base de la presunción de inocencia penal, que beneficia a todos los ciudadanos, políticos incluidos; pero en este último caso no hay que caer en la trampa de confundir responsabilidad penal con responsabilidad política, pues la sociedad democrática se cimenta sobre la confianza ciudadana, ligada siempre a la transparencia, el mejor antídoto contra la corrupción y su otra cara, el abuso de poder.
Esta es la gran trampa de los políticos corruptos, que tanto abundan. Cuando encausan a uno de los suyos, o a sus familiares, en el nepotismo que también nos invade, intentan silenciar a los pocos medios de comunicación honestos, o contrarios, y a la opinión pública en general, apelando a la presunción de inocencia, a la que tienen derecho como ciudadanos; pero olvidan que ésta opera únicamente a los efectos penales y, en su condición de personajes públicos -en este caso en su rol de políticos- lo penal ha de ser balanceado con el deber de transparencia y rendición de cuentas, porque “la mujer del César…”. Les diré más, cuando salen absueltos en vía penal, según ellos mismos, poco menos que ha sido linchado un inocente. ¡Pues no! Jugó en su favor la presunción de inocencia ¡penal! Que un político no haya sido condenado en vía penal, no quiere decir, ni mucho menos, que sea un político honesto. Puede serlo… o no serlo.
En 2010 dirigí la tesis doctoral “Transparencia de la Información Pública y Protección de Datos Personales. Un balanceo necesario”, al Notario Luis Alberto Domínguez -entonces Director del Instituto de Transparencia del Estado de México-, y me la pidieron desde la Administración Española, para redactar nuestra propia Ley de 2013 que, como ya apuntaba la tesis, para nuestra vergüenza, fue de las últimas de la UE, sólo por delante de Luxemburgo, Chipre y Malta. Nunca olviden que los Estados más alérgicos a la transparencia, son los más corruptos. Por eso este terreno está lleno de trampas conceptuales, como dejamos claro Lydia Montalbano, italiana -a quien dirigí otra tesis sobre el derecho al olvido-, y yo, cuando escribimos al alimón el artículo “Los Olvidos del Derecho al Olvido”, del nº 12 (2022) de la Revista de Ciencia de la Legislación de la Universidad del Salvador (Argentina), que dirige el ilustre Magistrado Ramón G. Brenna.
Allí quedaba claro que esta nueva dimensión del derecho de cancelación -en su vertiente de bloqueo-, para el entorno Internet, que es el derecho al olvido, al cortar los enlaces -primero en los buscadores, y después en las hemerotecas digitales-, acaba siendo una patente de corso para que los poderosos consigan que sus vergüenzas desaparezcan de Internet, pues Google y otros buscadores no tienen interés alguno en no atender peticiones de derecho al olvido -les da igual, sencillamente-. Es más, si no las atienden, se arriesgan a que se lo impongan los organismos de protección de datos, e incluso a ser sancionados. Cuidado pues con los lamentos de los políticos, cuando van de víctimas. No les interesa rendir cuentas, ni transparencia, ni libertad informativa.