¡Se dice pronto! Recapitulemos: Un organismo del Estado sanciona a determinados cargos… ¡del Estado! por malversar o malusar los fondos públicos en el ejercicio de sus funciones y otro organismo del Estado (La Generalidad) se las arregla para cubrir las sanciones con dinero del Estado, es decir con el dinero de todos los españoles.. ¡Que somos las víctimas de las actitudes delictivas, o faltas, de los sancionados!!!! Un símil comprensible: un juez castiga a un matón con un resarcimiento económico a una víctima al que ha dado una paliza. E inmediatamente después el gobierno regional del matón recaba de los impuestos de todos, incluidos los de la víctima, un fondo para que la sanción al matón de “facto” no exista. Supone burlarse y humillar a la Justicia hasta reducirla a inexistente, supone pervertir los mínimos valores democráticos de igualdad, supone humillar al bien común y sus defensores, supone un ridículo internacional, supone….la inexistencia del Estado de Derecho. Un paso más. Este precedente abre la puerta a las mayores injusticias y a la humillación de las víctimas por parte del Estado.
Si quieren el grotesco final, sólo les diremos que la Generalidad ha dicho que tal fechoría cometía “para poder negociar (la secesión) con libertad” (sic)
Otrosí, en estos últimos días el Gobierno ha anunciado su complicidad con el PNV (¿Quién si no?) para anular el recurso previo de inconstitucionalidad en temas autonómico/separatistas y quitarle a dicho Tribunal la posibilidad real de hacer ejecutivas sus sentencias. O sea una propuesta para convertir el ya desprestigiadísimo TC en una mera asamblea deliberante y consultiva en los temas cruciales para el bien común y la unidad de los españoles. Así pinta el futuro.
Cómo decía Sanchez Ferlosio en El Jarama :“El despiporren”.