En los últimos años, Huawei, el gigante tecnológico chino, ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de Estados Unidos, que lo ha señalado como una amenaza para su seguridad nacional y sus intereses estratégicos. Esta percepción no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una combinación de factores políticos, económicos, tecnológicos y de seguridad que han generado tensiones entre Washington y Pekín.
Esta amenaza la perciben también otros países aliados de los Estados Unidos a través de la discreta liga de los llamados “Cinco Ojos” (Five Eyes en inglés), una alianza de inteligencia entre cinco países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esta alianza se basa en un acuerdo multilateral llamado UKUSA, que busca la cooperación en inteligencia de señales (SIGINT).
Los países de la NATO, incluyendo desde luego a España, estarían al margen de ese “conocimiento hermético” que manejan en los Cinco Ojos, y algunos expertos consideran que el BREXIT fue motivado en parte por la deriva en las divergencias que estaban tomando la Unión Europea y la NATO respecto a cuestiones básicas de seguridad y defensa, incluyendo la inmigración ilegal o la guerra tecnológica.
No podemos eludir la controversia surgida además con España en este contexto: en los últimos meses, el Gobierno de España ha sido objeto de intensas críticas tanto a nivel nacional como internacional por su decisión de adjudicar un contrato de 12,3 millones de euros a la empresa china Huawei para el almacenamiento y gestión de escuchas telefónicas judiciales. Este acuerdo, que implica el uso de servidores OceanStor 6800V y OceanStor Dorado para la plataforma de intercambio de evidencias digitales y sistemas de interceptación legal de telecomunicaciones, ha generado tensiones con aliados como Estados Unidos y la Unión Europea, que ven en Huawei un potencial riesgo de seguridad debido a sus supuestos lazos con el Gobierno chino. Sin embargo, el Ejecutivo español, liderado por Pedro Sánchez, ha defendido firmemente esta colaboración, argumentando que no compromete la soberanía ni la seguridad nacional.
Existen una serie de razones que pueden valorarse para entender por qué Estados Unidos considera a Huawei un riesgo, analizando el contexto y las implicaciones de esta postura.
1. Preocupaciones por la seguridad nacional y el espionaje
Uno de los argumentos centrales de Estados Unidos es que Huawei podría ser utilizado por el gobierno chino para actividades de espionaje. Esta preocupación se basa en la percepción de que la empresa tiene vínculos estrechos, o mejor dicho está absolutamente bajo el control, del Partido Comunista Chino (PCC) y el ejército chino, dado que su fundador, Ren Zhengfei, es un exoficial del Ejército Popular de Liberación. Ren Zhengfei tiene un perfil peculiar: debido a la alta condición social de sus padres, no le fue posible ingresar al Partido Comunista de China, por más que hubiera hecho carrera en la milicia. Durante ese tiempo, Ren fue responsable de un gran número de logros tecnológicos que fueron reconocidos a varios niveles. Por esta razón Ren fue seleccionado por el PLA para participar de la Conferencia Nacional de Ciencia en 1978 como delegado y fue ese año cuando pudo afiliarse al Partido Comunista chino.
Existe además una ley china de 2017 obliga a las empresas nacionales a "apoyar, cooperar y colaborar" con el trabajo de inteligencia del país, lo que alimenta los temores de que Huawei pueda ser obligado a instalar puertas traseras en sus equipos para facilitar el acceso del gobierno chino a datos sensibles. El control por parte de los intereses estratégicos de China parece obvio, y la única hija de Ren es Meng Wanzhou, de 53 años de edad, vicepresidenta de la junta y directora financiera (CFO) del gigante de las telecomunicaciones Huawei. Meng fue arrestada el 1 de diciembre de 2018 en Canadá por orden de los Estados Unidos con el argumento de una presunta estafa de instituciones financieras, aunque realmente fue por la violación de las sanciones contra Irán y acusaciones veladas de apoyar el espionaje de China tanto en Estados Unidos como en Canadá.
Huawei es líder mundial en las redes 5G, y todos loa países consideran que se trata de una infraestructura crítica. Estas redes no solo permiten conexiones más rápidas, sino que también soportan tecnologías emergentes como vehículos autónomos, ciudades inteligentes y el Internet de las Cosas (IoT). Sobre todo ello, incluyendo la propia implantación de las redes 5G, China lleva la delantera, además de disponer de una red planetaria de satélites que dan servicio con un sistema paralelo y desconectado del “Occidental” en aquellas regiones globales donde trabaja, por ejemplo, en África o América del Sur, donde ya se están implantando, por ejemplo, sus sistemas de navegación. En julio de 2019 se reveló que Huawei ayudó en secreto a Corea del Norte a construir su red inalámbrica desde 2016, incurriendo en una infracción en cuanto a las exportaciones que Estados Unidos permite y violando sanciones internacionales.
El control de estas redes por parte de una empresa extranjera, especialmente de un país considerado un rival estratégico, plantea preocupaciones sobre la posibilidad de que China pueda interceptar comunicaciones, recopilar datos sensibles o incluso interrumpir servicios en caso de conflicto.
Aunque Huawei ha negado repetidamente estas acusaciones y ningún investigador ha presentado pruebas definitivas de puertas traseras en sus productos, la falta de transparencia en su estructura corporativa y las leyes chinas han mantenido las sospechas. Por ejemplo, un informe del Reino Unido en 2018 señaló que tenía "solo una garantía limitada" de que los equipos de Huawei no representaban una amenaza, debido a diferencias en el comportamiento del código en pruebas y en redes reales.
2. Violaciones de sanciones internacionales
Otro factor clave en la postura de Estados Unidos es la acusación de que Huawei ha violado sanciones comerciales impuestas por Washington. El caso más destacado es el arresto en 2018 de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de su fundador, en Canadá, a solicitud de Estados Unidos.
Se le acusó de fraude por supuestamente engañar a bancos estadounidenses sobre las operaciones de Huawei con Skycom, una empresa que vendía equipos a Irán entre 2009 y 2014, violando las sanciones estadounidenses contra ese país.
Estas acusaciones no solo refuerzan la percepción de que Huawei opera al margen de las regulaciones internacionales, sino que también alimentan la narrativa de que la empresa actúa como un brazo operador del gobierno chino, ignorando las normativas comerciales de otras naciones y trabajando constantemente para sus intereses nacionales.
China, por su parte, ha defendido a Huawei, calificando estas acciones como políticamente motivadas y una violación de los derechos humanos y porque quizás Estados Unidos tenga miedo a enfrentarse comercialmente frente a un competidor contra el que no puede presentar oposición.
3. Competencia tecnológica y hegemonía global
Efectivamente, más allá de las preocupaciones de seguridad, la animosidad de Estados Unidos hacia Huawei también tiene raíces en la competencia tecnológica y económica. Huawei es el mayor proveedor mundial de equipos de telecomunicaciones y un líder en el desarrollo de tecnología 5G, superando a competidores como Nokia y Ericsson. Es probable que éstas compañías tengan además menos alcance en las materias de seguridad, defensa e inteligencia que Huawei, lo que las coloca además en franca desventaja: efectivamente, ni los Estados Unidos ni el bloque de la NATO han facilitado tanta confianza a éstas compañía como China lo ha hecho con Huawei, así que no cabe reciprocidad o equilibrios de fuerza.
Este dominio de Huawei representa una amenaza para la hegemonía tecnológica estadounidense, especialmente en un momento en que China avanza rápidamente en áreas como inteligencia artificial, robótica y redes inalámbricas.
El plan chino "Made in China 2025", que busca aumentar la producción nacional de componentes tecnológicos en un 70% para 2025, es visto por Estados Unidos como un desafío directo a su liderazgo económico. Huawei, como punta de lanza de esta estrategia, se ha convertido en un símbolo del ascenso tecnológico de China, lo que lleva a Washington a intentar frenar su expansión para mantener su ventaja competitiva.
El plan "Made in China 2025" es una iniciativa estratégica de China para transformar su industria manufacturera y avanzar hacia una economía basada en la innovación y la alta tecnología. Busca reducir la dependencia de China de componentes y tecnologías extranjeras, especialmente en sectores clave como semiconductores, vehículos eléctricos y robótica. El plan tiene como objetivo mejorar la calidad de los productos chinos y aumentar su competitividad global, además de favorecer el consumo interior de productos chinos.
Huawei ofrece productos de alta calidad a precios competitivos, lo que ha permitido a la empresa capturar mercados en todo el mundo, incluidos países aliados de Estados Unidos. Empresas como Ericsson y Nokia han admitido que no pueden igualar los precios de Huawei, lo que ha llevado a sugerencias de que Estados Unidos podría financiar a estas empresas para contrarrestar la influencia china. Los productos chinos ya no son de baja calidad: son iguales o mejores incluso que los de sus competidores pero a un precio mucho menor.
4. Presiones comerciales y la guerra comercial
El conflicto con Huawei también se enmarca en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, intensificada durante la administración de Donald Trump. En 2019, Huawei fue incluida en la "Entity List" del Departamento de Comercio, una lista negra que prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con la compañía sin autorización previa. Esta medida obligó a gigantes como Google, Intel y Qualcomm a cortar vínculos con Huawei, afectando su acceso a Android, chips y otros componentes esenciales.
La "Entity List" es una recopilación del gobierno estadounidense de personas, empresas y organizaciones extranjeras consideradas un riesgo para la seguridad nacional. La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio la mantiene aún vigente. La inclusión en la lista conlleva restricciones de exportación y requisitos de licencia para ciertos artículos, en particular aquellos sujetos al Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR).
Washington ha acusado en repetidas ocasiones a China de prácticas comerciales desleales, como el robo de propiedad intelectual y la transferencia forzosa de tecnología, y ve a Huawei como un beneficiario de estas prácticas. La empresa también ha sido señalada por casos de espionaje industrial, como el de 2003 contra Cisco, donde se le acusó de copiar código fuente, aunque el caso se resolvió fuera de los tribunales.
5. Falta de pruebas concretas y críticas a la postura estadounidense
A pesar de las acusaciones, Estados Unidos no ha presentado pruebas públicas contundentes que demuestren que Huawei utiliza sus equipos para espiar. Claro que es algo improbable, cuando estamos hablando de materias como seguridad, defensa o espionaje, y que podrían poner sobre el tapete las debilidades no solamente de Estados Unidos como superpotencia, sino la fragilidad incluso de sus aliados.
Este oscuro panorama ha generado escepticismo en algunos países, como Alemania y el Reino Unido, donde investigaciones no han encontrado evidencia de actividades maliciosas por parte de Huawei. El contraste es notable, ya que filtraciones de Edward Snowden revelaron que la NSA de Estados Unidos espió a Huawei y a aliados europeos, lo que ha llevado a acusaciones de hipocresía y a tremendas contradicciones en una nueva reedición de la Guerra Fría, en clave tecnológica.
Huawei, por su parte, insiste en que es una empresa privada, propiedad de sus empleados, y que no está sujeta al control directo del gobierno chino. Sin embargo, investigaciones como la de Donald Clarke y Christopher Balding han cuestionado esta afirmación, sugiriendo que la estructura de propiedad de Huawei podría estar directamente vinculada al Partido Comunista de China.
Según las investigaciones de los académicos Donald Clarke y Christopher Balding, puede cuestionarse la propiedad de Huawei y sugirieron que la estructura corporativa de la empresa podría ser engañosa o suplantada, en un país donde ninguna gran corporación es realmente privada porque está abolida la propiedad privada al tratarse de un sistema político y económico que se sostiene en la herencia Comunista.
Ambos autores, Donald Clarke de la Universidad George Washington y Christopher Balding de la Universidad Fulbright de Vietnam, publicaron un artículo titulado "¿Quién es el dueño de Huawei?”, en el que analizaron la estructura corporativa de Huawei y concluyeron que la afirmación de que la empresa es propiedad de sus empleados era cuestionable y posiblemente un mito, según el artículo publicado en el Social Science Research Network (SSRN). La investigación de Clarke y Balding fue ampliamente citada en varios medios de comunicación internacionales, incluyendo The New York Times, The Wall Street Journal y The Globe and Mail, entre otros.
El trabajo de ambos académicos se centra en la opacidad de la estructura de propiedad de Huawei, especialmente en relación con el llamado "comité sindical" que supuestamente posee la mayor parte de la empresa. Su investigación sugiere que Huawei podría ser efectivamente una empresa estatal, dado el contexto de los sindicatos en China. En resumen, Donald Clarke y Christopher Balding realizaron una investigación que arrojó dudas sobre la estructura de propiedad de Huawei, sugiriendo que podría no ser lo que la empresa afirma ser.
6. Impacto en los aliados y la respuesta global
Estados Unidos no solo ha restringido a Huawei en su propio territorio, sino que ha presionado a sus aliados para que hagan lo mismo, especialmente en relación con las redes 5G. Países como Australia y Nueva Zelanda han vetado a Huawei (son parte de los “Cinco Ojos”), mientras que otros, como Canadá, Alemania y Japón, han adoptado posturas más cautelosas, evaluando los riesgos sin imponer prohibiciones totales.
Esta presión ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con aliados europeos que dependen de Huawei para sus infraestructuras de telecomunicaciones debido a su calidad y precio competitivo. Algunos analistas ven estas acciones como parte de una estrategia más amplia para contener el ascenso de China, utilizando a Huawei como un chivo expiatorio en una nueva "guerra fría tecnológica”.
7. Y ¿Qué pinta España en esta guerra tecnológica? ¿Cuál es su papel?
La controversia ha surgido con uno de los máximos aliados de Estados Unidos en el flanco Sur europeo: España. El Gobierno insiste en que el contrato adjudicado a Huawei para almacenar escuchas judiciales —valorado en 12,3 millones de euros— "no comporta ningún riesgo para la seguridad" y cumple con los estándares del Esquema Nacional de Seguridad, tal como certificaron autoridades independientes. Se defiende que el sistema adquirido (por ejemplo, el OceanStor 6800V VS) es estanco y sin conexión externa, lo que impide cualquier fuga de datos.
Pero las susceptibilidades han aparecido y se ha acusado a España de incumplir las recomendaciones de la NATO respecto de Huawei. En lugar de imponer vetos generales sobre proveedores como Huawei o ZTE, el Gobierno de España ha adoptado una estrategia que evalúa cada contrato individualmente, reservándose la posibilidad de imponer restricciones si considera que la seguridad de la red podría estar comprometida. Esto es algo que no ha sido aceptado por sus socios en materia de seguridad y defensa y se abren susceptibilidades y dudas a la hora de compartir datos de estas materias tan sensibles con España.
Desde una perspectiva geopolítica, se advierte sobre la presión de Estados Unidos para marginar a Huawei, y se plantea la pregunta: “¿por qué quedarnos atrás si otros países seguirán utilizándola?”, que es el argumento utilizado por el Gobierno de España. A nivel técnico, se destaca que no existen evidencias de espionaje ni filtraciones por parte de Huawei y, además, que su tecnología es avanzada, competitiva y más económica en comparación con alternativas como Nokia o Ericsson.
El Gobierno de España ha subrayado además que algunos productos de Huawei han recibido certificación del Consejo de Ciberseguridad Nacional, aunque aclara que esta certificación no implica un aval total de la tecnología y es algo que contradice a otros servicios que ya habían informado con sus reservas acerca de la empresa china, como pueda ser el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas o el CNI. Algunos expertos han apuntado que el Gobierno podría haber prevaricado por aprobar el contrato con Huawei a pesar de los informes en contra. El Gobierno ha enfatizado además que hay otros países como Alemania y Francia han adjudicado contratos "menores" a Huawei, con lo que España relativiza sus propias decisiones que han sido compartidas con otros estados aliados.
Por su parte, la Comisión Europea ha urgido a los Estados miembros a restringir o excluir a Huawei de las redes 5G, citando riesgos elevados para la ciberseguridad, a pesar de lo cual,, el Ejecutivo español ha optado por hacer lo contrario: sostiene que el contrato está dentro de los parámetros de seguridad y evita tensar la relación diplomática con China, incluso cuando Washington expresó su preocupación.
Uno de los pilares centrales de la defensa del Gobierno es la afirmación rotunda de que el contrato no representa ningún peligro para la seguridad de España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido enfático al declarar que "no hay ningún riesgo" en la contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei. Según fuentes del Ministerio del Interior, estos sistemas cumplen estrictamente con los niveles requeridos por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), certificado por autoridades independientes. Esta certificación garantiza que los equipos no comprometen la integridad de los datos sensibles, como las interceptaciones telefónicas ordenadas por la justicia.
Además, el Gobierno enfatiza que el sistema es "estanco", es decir, un almacén sellado sin conexiones externas que impide cualquier posibilidad de fugas o accesos no autorizados. Esta característica técnica, argumentan, elimina cualquier vulnerabilidad ante potenciales intentos de espionaje, respondiendo directamente a las preocupaciones expresadas por Washington sobre la posibilidad de que información sensible caiga en manos chinas.
El Ejecutivo español ha subrayado ademas que la ciberseguridad en España está "totalmente garantizada y a los más altos estándares europeos". Albares ha insistido en que el acuerdo se ajusta a la normativa de la Unión Europea, lo que implica que España no necesita atender advertencias de terceros países, como Estados Unidos, siempre y cuando se cumplan las regulaciones internas y comunitarias. Este argumento posiciona el contrato como una decisión soberana, alineada con la autonomía tecnológica europea, en contraste con las restricciones impuestas por otros aliados.
Huawei, por su parte, ha respaldado esta postura al afirmar que sus productos en el mercado español cumplen con toda la normativa vigente y que el hardware OceanStor Dorado "no tiene acceso a los datos del cliente", asegurando que toda la información almacenada pertenece exclusivamente al usuario. El Gobierno utiliza estas garantías del proveedor para reforzar que el rol de Huawei es puramente técnico y no implica control sobre el contenido.
Otro argumento clave es que la participación de Huawei en el sistema es "menor" y forma parte de un entramado más amplio que está sujeto a auditorías constantes. Fuentes oficiales han explicado que los equipos de Huawei se limitan a proporcionar almacenamiento, sin intervenir en el procesamiento o acceso a los datos, lo que minimiza cualquier exposición a riesgos. Este enfoque defensivo responde a las críticas de que el acuerdo podría comprometer la colaboración en inteligencia con aliados, afirmando que el sistema es "hermético y auditado”. Además, el Gobierno destaca la continuidad de contratos similares en el pasado, incluso bajo administraciones anteriores, sugiriendo que no se trata de una novedad sino de una práctica consolidada que ha demostrado su fiabilidad.
Aunque no se ha enfatizado tanto en las declaraciones oficiales, el Gobierno implica beneficios prácticos en la elección de Huawei, como la eficiencia y el costo de su tecnología. España ha vetado previamente a Huawei en el núcleo de las redes 5G por presiones externas, reconociendo que su tecnología era "sensiblemente mejor" en términos de rendimiento y precio. En este contexto, el acuerdo actual se presenta como una oportunidad para aprovechar innovaciones chinas en áreas no críticas, promoviendo la diversificación tecnológica sin comprometer la seguridad.
En definitiva, el Gobierno español argumenta que sus acuerdos con Huawei se basan en garantías técnicas, cumplimiento normativo nacional, equilibrio político y eficiencia frente a alternativas más costosas o menos maduras. Esta postura lo sitúa en una posición particular dentro del contexto europeo, siendo más flexible que otros gobiernos y dando a entender que las relaciones entre China y España, que cumplen ahora medio siglo en lo que respecta a intercambios diplomáticos que se iniciaron durante los Gobiernos de Francisco Franco, son excelentes. Postura que parece además compartir la Unión Europea, que ha visto la “avanzadilla” de España sobre China como una apuesta valiente que les abre más puertas que les cierra, colocando a China como un potencial sustituto de unos Estados Unidos que encuentran sus relaciones actuales en horas bajas desde la llegada de la Administración Trump.
El Gobierno de España ha defendido su acuerdo con Huawei como una medida segura, compliant y estratégica, que prioriza la soberanía nacional frente a presiones externas. Argumentos como la ausencia de riesgos, el cumplimiento de estándares europeos y el diseño sellado del sistema buscan disipar dudas sobre posibles vulnerabilidades. Sin embargo, el ultimátum de Estados Unidos, que exige romper los lazos con Huawei antes de finales de agosto de 2025 bajo amenaza de limitar el intercambio de inteligencia, pone a prueba esta postura. En un panorama geopolítico cada vez más polarizado entre Occidente y China, este contrato ilustra las complejidades de equilibrar intereses económicos, tecnológicos y de seguridad. El debate continúa, con el Ejecutivo manteniendo que sus decisiones protegen los intereses españoles sin concesiones innecesarias.
La percepción de Huawei como una amenaza para los intereses de Estados Unidos combina preocupaciones legítimas de seguridad, como el riesgo de espionaje a través de las redes 5G y las violaciones de sanciones, con motivaciones estratégicas y económicas destinadas a frenar el ascenso tecnológico de China en general. Si mañana surgiera una empresa china en otro sector tan competitiva como Huawei en el tecnológico, también sería vetada.
Aunque las acusaciones de espionaje carecen de pruebas públicas concluyentes, la posición de Huawei como líder en un sector crítico como las telecomunicaciones, junto con su relación con el gobierno chino, ha llevado a Washington a adoptar una postura de máxima precaución. Este conflicto no solo refleja las tensiones entre Estados Unidos y China, sino que también plantea preguntas sobre el equilibrio entre seguridad, competencia tecnológica y cooperación internacional en un mundo cada vez más conectado y que está trasladando estos miedos y dudas al resto de los aliados de Estados Unidos.