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EncroChat

‘Caso Encrochat’: El propio TS francés cuestiona ante el TJUE el hackeo masivo que vendió a toda Europa

· El Tribunal de Casación francés duda sobre la legalidad de los datos obtenidos de sistemas de comunicación encriptados como SkyECC, Encrochat y su posterior uso en cientos de procedimientos penales en la Unión Europa contra el crimen organizado

21/09/2025@09:17:28
Ante la sospecha de haber quebrantado el derecho a la tutela judicial efectiva de los procesados, la corte francesa en su sentencia número 24-84.262 plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que deberá decidir sobre la compatibilidad del derecho francés con el de los restantes estados de la UE. Cabe mencionar que Francia es el único país de la UE que permite la vigilancia masiva de ciudadanos y reconoce los resultados de la vigilancia como prueba en los procesos penales.

EncroChat: la Audiencia Nacional tendrá que trazar los límites del espionaje sin control

· En una jornada clave ante la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, P. O. 5/22, los abogados de las defensas han advertido que este caso obligará a los magistrados a pronunciarse sobre cuestiones fundamentales que van más allá del fondo del asunto: el alcance legal de la inteligencia policial, sus límites operativos y las garantías judiciales que deben respetarse en todo proceso policial y judicial

Con independencia de la existencia de diversos pronunciamientos judiciales avalando el uso de las conversaciones intervenidas de la plataforma EncroChat, las defensas sostienen que en este procedimiento han emergido elementos de juicio inéditos, que no estaban presentes en aquellos casos, y que ahora colocan en el centro del debate prácticas espurias alejadas de la legalidad; la ocultación al juez de intervenciones telefónicas, su posterior utilización como prueba sin control judicial, la ruptura de la cadena de custodia o la posible manipulación de la integridad de las pruebas. El tribunal que deberá valorar estos aspectos está compuesto por los magistrados José Joaquín Hervás Ortiz, Ana Victoria Revuelta Iglesias —quien ejerce la presidencia de la sala— y Joaquín Delgado Martín, todos ellos integrantes de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
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