· Las implicaciones jurídicas y éticas de la Inteligencia Artificial (IA) no han hecho más que comenzar. Sin duda, la IA podrá ayudar a reducir la subjetividad humana en la toma de decisiones y a contribuir al funcionamiento más eficiente de la Administración Pública y de los sistemas judiciales
De hecho, herramientas de IA ya han producido chatbots que interactúan con los humanos para ayudarlos a presentar sus escritos procesales en los tribunales. Los algoritmos pueden configurarse para aportar más transparencia en los procesos decisorios. No queda mucho para que las resoluciones administrativas y judiciales convencionales dictadas por seres humanos estén respaldadas -o incluso tengan que estarlo obligatoriamente- por sistemas de IA. Este uso será particularmente valioso en aquellos países donde pueden lograrse grandes avances en la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo, las herramientas de IA constituyen nuevos desafíos para los principios fundamentales y las garantías esenciales de los sistemas judiciales, como la primacía del Estado de Derecho, la independencia e imparcialidad del juez o la protección de las libertades fundamentales. Si bien las nuevas tecnologías pueden ayudar a que los organismos y las autoridades sean más eficientes, la automatización del poder público también puede poner en peligro valores fundamentales. No solo derechos sustantivos, como la protección de datos personales y la no discriminación, sino también las garantías para controlar el poder público, como son los principios de legalidad y transparencia, el derecho a una decisión motivada y la rendición de cuentas.
