Ceuta

Las impactante imágenes de jóvenes africanos nadando desde Castillejos – si bien algunos cruzaron la divisoria andando bajo la inapetente mirada de la gendarmería marroquí – hasta la ciudad autónoma han trascendido el debate interno para escalar hasta Bruselas y elevar de inmediato la tensión en Europa. Las políticas fronterizas y las imperantes y necesarias directrices para limitar y regularizar los flujos migratorios han vuelto a situarse en el centro del huracán político. Moncloa ha intervenido tarde e indebidamente, alimentando las sospechas de que el secretario general del PSOE no pueda por factores que le afectan ad personam enfrentarse al chantaje de la monarquía alauita.

Sánchez es muchas cosas y ninguna buena, también un prestidigitador malévolo. España ha sufrido un ensayo de invasión, donde Marruecos ha tomado el pulso a sus posibilidades de invadir con éxito Ceuta y Melilla. Él ha exonerado a Marruecos y culpado a las mafias y al Tribunal Supremo, con el mensaje subliminal añadido, que conecta a unas con el otro. Quiero dejar muy claro, que no me refiero al PSOE, sino a Sánchez. Tengo muy buenos amigos en el PSOE, algunos muy relevantes, que por respeto a la privacidad de las relaciones personales, no mencionaré; incluso al selectísimo nivel de lo que yo llamo “familia de la que se escoge”. Y de la misma manera podría referirme a otras personas, también ilustres, tanto del del PP, de Junts, o de cualquier otra ideología, salvo las totalitarias. Lo último que influye en mis relaciones personales, es pensar igual, o del todo distinto. Amo el pluralismo, porque soy demócrata. Sánchez temo que no. El PSOE es un partido básico para la estabilidad del sistema constitucional y, al igual que España, ha de soltar raudo este lastre, a riesgo de su desaparición.

La bajada de brazos del maquiavélico Sánchez y la inane Europa ante la invasión instigada, planificada y ejecutada desde Marruecos, especialmente ilegal, trasciende cualquier plano (igualmente necesario) político o ideológico para entrar de lleno en el terreno de lo jurídico. El Estado español (aun padeciendo y teniendo en definitiva al frente a un gobierno terriblemente inepto y negligente) no puede decidir discrecionalmente si protege o no nuestras fronteras. Está obligado a hacerlo. La inacción no constituye una opción legítima sino el incumplimiento flagrante de deberes impuestos por el Derecho constitucional, el Derecho de la Unión Europea y el Derecho Internacional Público, que naturalmente la tropa que desgobierna España desde hace más de un lustro se pasa impunemente por el forro.