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fiscalia

· Por Luis Carlos Ramírez

24/05/2025@10:07:35
El sectarismo y la persecución del Gobierno contra la judicatura, a la que considera hostil y contraria a sus intereses, colma la paciencia de jueces y magistrados que sopesan la que sería quinta huelga de la democracia del tercer poder del Estado, previo paro preventivo de todos los juzgados de España. La “mayor reforma” del sistema en los últimos 40 años, según el ejecutivo, provoca el rechazo de la mayoría de las asociaciones profesionales al considerarla un “serio” retroceso del Estado de Derecho y de la separación de poderes, con riesgo incluso de control ideológico. El ejecutivo de Pedro Sánchez decide intervenir definitivamente para controlar la carrera judicial y sus órganos, además de descalificar la batería de causas judiciales por corrupción que afectan al entorno del presidente, incluido su hermano –que será juzgado por primera vez en democracia-, su mujer, el ex ministro de Transportes, su antiguo asesor, las cuatro ‘amigas’ contratadas, el dirigente socialista de Extremadura -con su rocambolesco aforamiento exprés-, la ex presidenta de Adif, el Fiscal General del Estado y otra decena de imputados.

DA POR BUENAS LAS REGULARIZACIONES Y NO HAY DELITOS PENDIENTES

· El fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón ha firmado los decretos que ponen fin a las tres diligencias de investigación que cercaban a Don Juan Carlos desde hace algo más de tres años por razón de su patrimonio

No se ha presentado querella ni reproche penal alguno, ya sea por «insuficiencia de indicios incriminatorios», por «prescripción del delito», por «la inviolabilidad del Jefe del Estado» o por ser válida la regularización fiscal acometida. En dos decretos notificados este miércoles al abogado de Don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, se ponen así fin a más de tres años de pesquisas articuladas en dos bloques, las Diligencias de Investigación n.o 17/2020 y las 40/2020. Las primeras versaban sobre «un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011» del AVE a la Meca a un consorcio español y «su posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM», en Panamá, de la que Don Juan Carlos era «titular real».

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