· Por Luis Carlos Ramírez
El sectarismo y la persecución del Gobierno contra la judicatura, a la que considera hostil y contraria a sus intereses, colma la paciencia de jueces y magistrados que sopesan la que sería quinta huelga de la democracia del tercer poder del Estado, previo paro preventivo de todos los juzgados de España. La “mayor reforma” del sistema en los últimos 40 años, según el ejecutivo, provoca el rechazo de la mayoría de las asociaciones profesionales al considerarla un “serio” retroceso del Estado de Derecho y de la separación de poderes, con riesgo incluso de control ideológico. El ejecutivo de Pedro Sánchez decide intervenir definitivamente para controlar la carrera judicial y sus órganos, además de descalificar la batería de causas judiciales por corrupción que afectan al entorno del presidente, incluido su hermano –que será juzgado por primera vez en democracia-, su mujer, el ex ministro de Transportes, su antiguo asesor, las cuatro ‘amigas’ contratadas, el dirigente socialista de Extremadura -con su rocambolesco aforamiento exprés-, la ex presidenta de Adif, el Fiscal General del Estado y otra decena de imputados.
