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La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a las 6 principales constructoras de nuestro país por alterar, durante más de 25 años -desde 1992 a 2017- con prácticas monopolistas, las adjudicaciones públicas para la construcción de infraestructuras de todo tipo. Sin embargo, la multa es una cantidad irrisoria en comparación con los beneficios obtenidos en todos esos años, estimados en unos 210.000 millones. Deberían devolver todo lo robado. Como se exige a cualquier ladrón de poca monta. A pesar de que el cártel -grupo de empresas monopolistas- actuó durante un periodo de tiempo prolongadísimo y por importes descomunales, la sanción es de apenas 200 millones. En un cálculo estimado -el 33% de los beneficios de 2007 multiplicado por 25 años- las 6 empresas monopolistas deberían devolver al Estado -devolvernos- 72.500 millones. Eso sin incluir los intereses acumulados durante un cuarto de siglo. Porque eso es lo justo. Porque es un atraco continuado de dinero público.