· Por Pieter Cleppe, Editor-in-Chief, BrusselsReport.eu
24/06/2025@09:22:25
La Comisión Europea realmente no puede evitarlo. A pesar de la oposición de la opinión pública, sigue impulsando objetivos climáticos cada vez más ambiciosos. Una nueva propuesta será reducir las emisiones de carbono en un 90 % para 2040, en comparación con 1990. Al parecer, los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, en las que los partidos verdes sufrieron fuertes pérdidas, no fueron lo suficientemente claros para los eurócratas. Solo seis Estados miembros de la UE, que representan algo menos de una quinta parte de la población de la UE, apoyan este nuevo objetivo climático propuesto por la UE. Según se informa, la República Checa se muestra «escéptica» al respecto, e Italia quiere que se reduzca la cifra. Muchos gobiernos de la UE exigen todo tipo de condiciones a cambio de su apoyo, y solo Dinamarca, España, Finlandia, los Países Bajos, Luxemburgo y Eslovenia ofrecen un apoyo más o menos incondicional. En el caso de los Países Bajos, cabe preguntarse si no se trata de otro caso más de la alta burocracia actuando por su cuenta, teniendo en cuenta la composición relativamente derechista del resto del Gobierno de coalición neerlandés, que acaba de perder el apoyo del Partido por la Libertad de Geert Wilders.
· A pesar del duro golpe sufrido por los partidos ecologistas en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, la Comisión Europea simplemente quiere seguir por el mismo camino, tan costoso, en lo que respecta a la política climática
Según se informa, el comisario de Clima de la UE, el neerlandés Wopke Hoekstra, está dispuesto a mantener los planes de proponer una reducción del 90 % de las emisiones con respecto a 1990 para el objetivo climático de la UE para 2040. Este es uno de los muchos objetivos en el contexto de la política climática de la UE, que se asemeja cada vez más a una planificación centralizada. Afortunadamente, varios Estados miembros de la UE están escuchando las señales que llegan de la sociedad europea, que se opone cada vez más a este tipo de políticas. Debido a su resistencia, Hoekstra está buscando ahora una mayor flexibilidad en la forma de aplicar estos grandiosos objetivos a través de los «planes nacionales de energía y clima (PNEC)».
· Por Pieter Cleppe, Editor-in-Chief, BrusselsReport.eu
Con el nombramiento de Michel Barnier como primer ministro francés, el presidente Emmanuel Macron ha hecho que el Gobierno francés dependa de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. En cualquier momento, ella podría sumar sus 142 votos de la asamblea a los 193 que tiene la izquierda para producir una mayoría que podría derribar el gobierno de Barnier. Le Pen y su partido han subrayado que no quieren contribuir al «desorden institucional y el caos democrático» de Francia, prometiendo «juzgar al nuevo gobierno por sus actos», calificando así a Barnier de «primer ministro vigilado». Altos cargos de la Agrupación Nacional han insistido en «exigir un alto precio» por su apoyo pasivo.
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· Por Pieter Cleppe, Editor-in-Chief, BrusselsReport.eu
Con la entrada en funciones de la nueva Comisión Europea, Bruselas se despide de la política danesa Margrethe Vestager, que ha ejercido durante diez años como Comisaria de la UE responsable de la política de competencia. Esta cartera está muy cerca del corazón de lo que debería ser la UE: garantizar un marco justo para el comercio dentro de la UE, de modo que las empresas no se vean perjudicadas cuando hacen negocios en otro Estado miembro. Sin embargo, su trayectoria deja un regusto bastante agrio. Como es sabido, el Tratado de la UE, que garantiza la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, no siempre se aplica correctamente. Un reciente estudio de Eurochambres enumera los obstáculos más importantes: Procedimientos administrativos complejos, diferentes normas nacionales sobre servicios, inaccesibilidad a la información sobre normas y requisitos, diferentes normas nacionales sobre productos y diferentes prácticas contractuales/jurídicas.
Según el Eurobarómetro de Ipsos para la Comisión Europea
· La práctica corrupta más habitual señalada por las empresas españolas es la de que las instituciones y organismos públicos hagan favores a amigos o familiares
Montesquieu, el filósofo francés que articuló la teoría de la separación de poderes, que es la base del actual concepto de democracia, una vez dijo: «Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad». Esta frase define a la perfección el delito de la corrupción, uno de los más comunes en todo el mundo, y que en su esencia mina la confianza de la sociedad en las instituciones y empresas. Ipsos, en su Eurobarómetro realizado para la Comisión Europea, ha querido sondear la percepción de las empresas en la Unión Europea sobre el nivel de corrupción existente actualmente en sus países. El estudio, que analiza la opinión de empresas representativas en diferentes sectores clave de los 27 estados que componen actualmente la Unión Europea, revela que el 63% piensa que la corrupción está extendida en la región. Un porcentaje significantemente inferior al de España, donde sus compañías creen, en un 86%, que la corrupción está extendida por el país, colocándose en séptima posición del ranking de la Unión Europea, solamente por detrás de países como Croacia (93%), Chipre (92%), Italia (92%), Grecia (90%), Rumania (88%) y Bulgaria (87%).
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