“La repercusión de los recortes sobre nuestra industria de defensa comporta una pérdida de alta capacidad tecnológica. España no se lo puede permitir.”
Un vez más, el Gobierno, con independencia de su orientación política, aprueba para el presupuesto de defensa unos porcentajes, en relación con nuestro PIB, notablemente inferiores a los de nuestros aliados naturales. Cada año, nuestros gastos de Defensa se han movido alrededor de los 10.000 millones de euros (1% PIB), una cantidad que los más expertos analistas siempre han considerado como el mínimo indispensable para dotar y mantener a las Fuerzas Armadas en sus actuales niveles tecnológicos. Pero los presupuestos no han cubierto tales gastos y ahora nos enfrentamos con una deuda de más de 30.000 millones.
Son pocos los políticos que han sido capaces de defender ante la opinión pública la realidad de estas cifras y menos –casi podríamos decir que casi ninguno- los que se han atrevido a explicar con claridad, que, pese a la falta de sensación de amenaza, el Estado precisa contar con una Defensa creíble para garantizar, dentro de un contexto internacional, sus derechos y libertades, y para mantener su puesto en el mundo.
Y que esa Defensa supone unas necesidades humanas y materiales que cuestan dinero, aunque, como se ha demostrado en mil ocasiones, ese dinero vuelve multiplicado a la riqueza nacional en forma de avances en I+D, en puestos de trabajo y en ventas en el extranjero, entre otros conceptos. En este sentido, creo necesario plantear con seriedad el que los ejércitos y las industrias de defensa dispongan de una Ley de Financiación a largo plazo.
El pueblo español tiene una bajísima conciencia de defensa y se encuentra a gusto, como lo demuestran las encuestas, con el montante anual del presupuesto de Defensa. Y, como es lógico, el político aprovecha la situación y deriva en otra dirección social las cantidades no aplicadas a los ejércitos, con el argumento de que son muchas las necesidades en todos los campos. Nuestros bajos presupuestos de Defensa son una lógica consecuencia de la baja conciencia de la opinión pública y de los dirigentes sociales y políticos españoles.
El ministro ya ha sido claro desde su toma de posesión y primeras intervenciones en el Parlamento: “es preferible tener lo necesario al 100% de operatividad que lo deseable al 50%”. Lo que ocurre es que, con esas cifras asignadas, resulta de todo punto imposible mantener al 100% la operatividad de todas las unidades actuales, lo que incluye el adiestramiento o el mantenimiento de sus sistemas, entre otros aspectos.
Además, la repercusión de todos estos recortes sobre nuestra industria de defensa puede ser gravísima y sumirla en una situación de difícil retorno. Esto comporta una pérdida de la alta capacidad tecnológica de que en este momento disfruta, pérdida que España no se puede permitir.
No hay familia, escuela o universidad de los países más avanzados que no instruya a sus miembros en la imperiosa necesidad, si se pretende ser alguien en el concierto de las naciones, de contar con un sistema político estable, una saneada economía, unos órganos policiales y judiciales garantistas y, además, disponer de unas potentes relaciones exteriores respaldadas por una defensa nacional que se haga respetar. La Historia muestra una y otra vez que las naciones pierden su papel internacional si no disponen de una realista acción diplomática, respaldada por una capacidad militar. Sólo así son respetadas política y económicamente.
- Jorge Ortega es Director Editorial del Grupo Atenea
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