Luisa Galván.17.02.12. "La generalización de la indemnización del contrato de fomento de la contratación indefinida, es decir, 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades reducirá significativamente el coste de despido, aunque el objetivo esencial de la reforma es reconducir la mayor parte de los despidos hacia los despidos colectivos y objetivos procedentes (de 20 días)", admite el Ejecutivo, con lo que demuestra su intención de seguir avanzando hacia el despido libre, toda vez que da a entender que los 33 días, es una estación de tránsito hacia los 20 días. Y después…
En esta memoria, el Gobierno apunta que el coste del despido en España es "relativamente más caro" que en los países de su entorno, con indemnizaciones mayores y unas causas del despido objetivo "muy limitadas", que hacen que se utilice de una manera "residual". No obstante, el redactor de la memoria no se molesta en incluir ningún tipo de tabla comparativa, entre otras cosas, porque no es posible, ya que el despido en España, el real, no está ni mucho menos más caro que en los países de nuestro entorno. De hecho, el anónimo escribano de la memoria así lo reconocer al emplear un término tan ambiguo de “relativamente” para definir una situación numérica fácilmente mensurable.
En la literatura que adorna los recortes de derechos laborales se aprecia claramente cuáles son los intereses que el Gobierno se desvela por proteger: "el empresario no siempre tiene acceso a unas condiciones de despido procedente, ni siquiera exponiendo a los agentes sociales o al juez una estrategia empresarial coherente. Debe optar por un despido improcedente, generalmente por el despido exprés (ya eliminado con la reforma) o por cerrar la empresa", alega el Gobierno.
En una reforma laboral, supuestamente diseñada para crear las condiciones para la creación de empleo, las justificaciones y problemas que se dice solucionar son las trabas para despedir a sus anchas que, supuestamente, tienen los patronos españoles.
Así, el Ejecutivo ve "lógico" que haya empresarios que –retorciendo el espíritu y la letra de la Ley, algo que no escandaliza al Gobierno- opten por mantener en la plantilla a un buen número de trabajadores temporales, con independencia de las características de su labor, porque, ante lo costoso de despedir trabajadores menos productivos pero más antiguos, "constituye la única vía razonable para ajustar estructura productiva ante oscilaciones cíclicas".
Hacer negocio con el paro
En la memoria, que consta de 93 páginas, el Gobierno afirma que la entrada de las ETT en la intermediación laboral como agencias de colocación tiene el "efecto potencial" de acortar la duración del desempleo y ayudar en la lucha contra el fraude en la percepción de prestaciones.
El argumento es el siguiente: gracias a la participación de las ETT, los desempleados serán contactados más frecuentemente para acudir a entrevistas de trabajo o ser contratados. "De esta forma, si están trabajando de forma fraudulenta mientras perciben la prestación o no están verdaderamente interesados en trabajar, serán expuestos y perderán, en su caso, la prestación", precisa.
Sólo falta coronar el argumento llamando directamente estúpidos y vagos a los funcionarios públicos de las oficinas de empleo, mientras que los parados, que si están sin trabajo por algo será, son tachados de presuntos delincuentes, defraudadores, vividores y haraganes.
Y es que, abrir el negocio del paro a las empresas privadas, según el Gobierno, también ayudará a percibir el cobro fraudulento de prestaciones y a "liberar" recursos públicos destinados a prestaciones por desempleo por la eliminación en la reforma laboral de la restricción que impedía a las empresas de más de 100 trabajadores acogerse a los programas de sustitución de trabajadores en formación por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo.
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