EDITORIAL
Objeción fiscal
El panorama general de respetabilidad institucional atraviesa por uno de los peores momentos de la Historia de España, no solamente ya en democracia, sino incluso teniendo en cuenta periodos anteriores del siglo XX.
martes 21 de octubre de 2014, 14:31h
La “sensación térmica” que nos invade a los españoles es muy negativa, y nos hace tender a pensar que estamos solos ante tanta desdicha y que el Estado no ampara a los ciudadanos que son, en definitiva, los que lo sostienen.
Los jinetes del Apocalipsis nunca vienen de uno en uno, sino todos juntos y a la vez. El panorama general de respetabilidad institucional atraviesa por uno de los peores momentos de la Historia de España, no solamente ya en democracia desde que fuera aprobada la Constitución de 1978, sino incluso teniendo en cuenta periodos anteriores del siglo XX.
Si a los ya sabidos problemas de la crisis financiera y desempleo, sumamos el descrédito de la clase política en general pero muy especialmente de la clase gobernante en particular, y añadimos la sensación creciente de que la corrupción ha galopado durante decenios a la grupa del erario público sostenido con los impuestos de todos, tenemos la fatal resultante de un sistema político en quiebra. A esto no acompaña, desde luego, la situación general del mismo descrédito que se extiende por toda Europa, antesala probable de ruptura del sistema.
Ahora tenemos que sumar una noticia que repercute directamente sobre la línea de flotación de todo el sistema de derechos y garantías ciudadanas: la noticia de que el Presidente del Tribunal Supremo, máximo garante de los derechos constitucionales, esté presuntamente implicado en una malversación de fondos públicos.
Utilizando los términos de los meteorólogos, la “sensación térmica” que nos invade a los españoles es muy negativa, y nos hace tender a pensar que estamos solos ante tanta desdicha y que el Estado no ampara a los ciudadanos que son, en definitiva, los que lo sostienen.
En algunos sectores de opinión, organizaciones no gubernamentales y tejido social comienza a crecer un planteamiento inquietante, como es el de promover el bloqueo de los órganos de la Administración Pública –Local, Regional y Estatal-, mediante la promoción de una “objeción fiscal” que paralice el funcionamiento del sistema y que obligue a los gestores públicos a adoptar medidas determinantes. Desde algunos sectores –cada vez más crecientes-, se promueve la necesidad de que el Gobierno central suspenda el estado de las Autonomías.
Y desde algunas atalayas privilegiadas como la del ilustre periodista Enrique de Diego a través de su programa en Radio Libertad, plataformas ciudadanas como la de las “Clases Medias” o Rebelion.org y las opiniones singulares de algunos especialistas como las del catedrático Roberto Centeno, nos ponen ante un panorama que, contemplándolo con frialdad y razonamiento, debe comenzar a tenerse en cuenta muy seriamente en un futuro inmediato.
No debe cundir el derrotismo, sino la acción.