El error del Impuesto de Sociedades

La propuesta del Gobierno de España de incrementar el Impuesto de Sociedades no solamente contraviene lo que el Partido Popular prometió durante la campaña electoral hace solamente poco más de cuatro meses, sino que supone un duro golpe contra autónomos y pequeños empresarios que son, a día de hoy, el único tejido de la economía nacional que está resistiendo con dignidad y esfuerzo los embates de la crisis.

Si vemos alguien que ha consabido reciclarse en los tres años que dura esta terrible crisis que azota el país, éstos han sido las pequeñas empresas (PYMES) y los autónomos, trabajando el doble para percibir la mitad. Con ese esfuerzo mantienen a sus familias, a sus negocios, a los trabajadores y también sustentan los compromisos financieros y crediticios contraídos con los bancos.

No es una medida acertada la de revisar al alza el Impuesto de Sociedades, que impacta directamente contra la producción. No hay ningún país avanzado que mantenga tipos tan altos como los españoles. En Estados Unidos se habla de rebajar o incluso eliminar este impactante impuesto, que cercena la ilusión por incrementar la productividad de las empresas. El mismo representante de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, aludió hace pocas semanas en una entrevista a la “necesaria eliminación, aunque sea temporal, de este impuesto”, como están haciendo en otros países.

Las consecuencias del incremento de este impuesto son inmediatas. Revisar el Impuesto de Sociedades no es un asunto trivial, no solamente por el impacto que supone contra el empresario. Si lo que se pretende es luchar contra el fraude fiscal, la medida que va a adoptar el Gobierno trabaja justo en la dirección contraria: al menos un 5% del fraude fiscal de nuestro país se encuentra situado en el Impuesto de Sociedades. Contabilidades opacas y falsificación de facturas son los elementos de este tipo de fraude, para ocultar al fisco los pingües beneficios que permite esta crisis.

La suspensión del Impuesto de Sociedades hubiera sido la medida eficaz para lograr erradicar este tipo de fraude fiscal. No imputar un impuesto sobre los beneficios empresariales habría hecho innecesario el fraude y habría logrado devolver parte de esos beneficios de las empresas a reinversiones y mantenimiento de puestos de trabajo.

Una corrección a tiempo en las medidas de acompañamiento de los Presupuestos Generales logrará todavía corregir el error de subir un impuesto que lo que terminará haciendo es incrementar aún más el fraude fiscal en uno de los peores momentos financieros que se recuerdan en nuestro país, mucho peor que la crisis de principios de los 90, en que aún se pagaban los créditos al 14%.