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Este miércoles 22 de junio de 2022, los periodistas del diario ABC Juan Fernández Miranda (adjunto al director y jefe de política) y Javier Chicote (jefe de investigación) presentaron en Cultura Commodore el volumen El jefe de los espías (Roca Editorial) sobre la trayectoria del que fue director del CESID, Emilio Alonso Manglano, en una mesa redonda moderada por el periodista y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid David Felipe Arranz, donde además se "desclasificó" material original (agendas y transcripciones) que el público asistente pudo consultar. Arranz abrió la conversación destacando el volumen como epígono del buen oficio que vivió el periodismo en sus años gloriosos de libertad informativa, en las décadas de los años 80 y 90. Entre otros asuntos de gran calado, se presentaron las pruebas de las aportaciones económicas internacionales para el proceso de la Transición, así como una conversación transcrita por el propio Manglano con el entonces ministro de Interior, Antoni Asunción.

Lo ha hecho para justificar que aceptase uno de los encargos de espionaje por los que se sienta en el banquillo de los acusados: el realizado por el empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, y su hermano para conseguir información comprometedora de un antiguo socio y el abogado de este. Tras la segunda alusión, la Fiscalía ha solicitado al tribunal que impidiese que el comisario seguir incidiendo durante su declaración “en otras cuestiones totalmente ajenas [a la causa] e, incluso, de cuestiones que afectan a la Casa Real”. Sin embargo, la magistrada Ángela Murillo ha desoído la petición de Anticorrupción al considerar que Villarejo “está ejerciendo su defensa”.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha continuado este martes, segundo día de su declaración en el primer gran juicio del caso Tándem, con una estrategia de defensa consistente en lanzar insinuaciones y acusaciones sin pruebas para defenderse de los graves delitos que se le imputan y por los que se enfrenta a una petición de 110 años de cárcel. Si en la sesión del lunes ya señaló al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a su exdirector, el general Félix Sanz Roldán, como supuestos integrantes de un complot que había falsificado “un arsenal de pruebas” contra él para encarcelarle, en esta ocasión ha alentado la teoría conspirativa de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017, que dejaron 16 muertos y decenas de heridos. Para ello, ha vinculado sin pruebas al presunto instigador de aquel ataque, el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, con el servicio secreto y la llamada Operación Cataluña, puesta en marcha por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para desacreditar a los líderes del independentismo catalán.

En un artículo apunta a la posibilidad de que se trate de una operación de "falsa bandera". El articulista, fundador de Sociedad Civil Catalana, considera que se trata de una operación del separatismo "aprovechando la gran debilidad de un Gobierno con graves problemas de disonancia interna, debilidad del «bloque Frankenstein» y con unas encuestas que empiezan a crear una seria zozobra en todos los resortes del partido socialista". "Estamos ante una estructura de presuposiciones que solo tratan de consolidar un relato, sin embargo, no hay ningún tipo de prueba o constatación que sustente el relato separatista: «El Estado está espiando ilegalmente a unos pobres políticos», cuestión que se traduce en su estructura básica en «España no es una democracia porque espía a políticos no afines»", asegura el opinador, que añade que el supuesto informe de CitizenLab empieza con páginas dedicadas "a laminar la buena imagen de España, su democracia e instituciones (principalmente el CNI)".

Supuestamente, Es Satty fue contactado por agentes mientras estuvo encarcelado, entre 2010 y 2014 por una condena por tráfico de droga, para que trabajara como confidente. Los defensores de esa teoría alternativa —entre los que estaba el abogado y diputado de Junts en el Parlamento de Cataluña Jaume Alonso-Cuevillas, que ejercía la acusación particular en nombre del padre de un niño de tres años que murió en el atentado— alimentaron durante la vista la sospecha sobre unas turbias relaciones entre el servicio secreto y el yihadista, y que, por tanto, el Estado estuvo al corriente de que iban a producirse los ataques y no lo impidió.