Supuestamente, Es Satty fue contactado por agentes mientras estuvo encarcelado, entre 2010 y 2014 por una condena por tráfico de droga, para que trabajara como confidente. Los defensores de esa teoría alternativa —entre los que estaba el abogado y diputado de Junts en el Parlamento de Cataluña Jaume Alonso-Cuevillas, que ejercía la acusación particular en nombre del padre de un niño de tres años que murió en el atentado— alimentaron durante la vista la sospecha sobre unas turbias relaciones entre el servicio secreto y el yihadista, y que, por tanto, el Estado estuvo al corriente de que iban a producirse los ataques y no lo impidió.
La teoría incluso sugería que el imán no había fallecido al estallar el material explosivo que elaboraba en una casa de Alcanar (Tarragona), sino que seguía vivo. Una parte del independentismo catalán alentó esta teoría. Sin embargo, la sentencia que condenó en mayo del año pasado a los tres integrantes de la célula que sobrevivieron concluyó que la muerte de Es Satty era una “verdad científica constatada”. El fallo no hizo ninguna referencia al supuesto vínculo del terrorista fallecido con el CNI.
Durante el juicio, el abogado alimentó su versión con otros detalles de la investigación que, en su opinión, eran sospechosos, como la presencia de un teléfono móvil comprado con identidad falsa que el imán utilizaba para comunicarse con los otros integrantes de la célula y que “tuvo actividad” tras su fallecimiento. O el acceso al día siguiente del mortal atropello en La Rambla de Barcelona a una cuenta de correo electrónico que apareció anotada en unos papeles hallados entre las ruinas de la casa de Alcanar. La sentencia descartó que estos detalles, que los investigadores vincularon a otros miembros de la trama, fueran indicios de que Es Satty estuviera vivo.
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