La CECU cree que las nuevas medidas del Gobierno supondrán la paralización del consumo

En la mañana de ayer se confirmó un nuevo incremento del IVA que, junto con algunas de las otras medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y que incidirán en el poder
adquisitivo de las familias, certifican lo que bien seguro será la paralización total del consumo por parte de los ciudadanos de nuestro país.

Para CECU, el incremento de la imposición indirecta no hará sino aumentar la depresión que ya vive el consumo de las familias (profundizando con ello en las pérdidas para las empresas, en el desempleo y en la recesión económica) y un agrandamiento de la brecha entre aquellos que menos tienen y las clases más pudientes. La incidencia sobre los impuestos indirectos supone un injusto reparto de las cargas de la crisis, lejos de afrontar el aumento de los ingresos del Estado a través de una mayor progresividad en los impuestos directos (que paguen más los quen más tienen) y de una lucha frontal contra el fraude fiscal (especialmente el de las grandes fortunas). De hecho, otra probable consecuencia de la subida del IVA será un agravamiento del fraude a pequeña escala.

Mariano Rajoy también ha anunciado una nueva reforma del sector energético y el fin del llamado “déficit tarifario”, explicando solamente que se repartirá entre los sectores implicados, pero sin profundizar más en dicha solución. En este aspecto, CECU exige que se concrete la fórmula por la que se va a absorber ese presunto déficit y que, en ningún caso, sea repercutido sobre los consumidores, que no son en absoluto responsables de esta situación generada políticamente por sucesivos gobiernos.

Finalmente, si los gobernantes aducen que la responsabilidad les lleva a tomar decisiones como las anunciadas hoy, CECU demanda que esa misma responsabilidad recaiga sobre los responsables de las entidades bancarias que, con su caída, han llevado a nuestra economía al extremo actual. Los gestores de los bancos y cajas que, cobrando sueldos millonarios, no sólo no actuaron con la diligencia debida como para evitar el colapso de sus entidades, sino que, además, permitieron por omisión que miles de familias se hayan quedado sin ahorros a través del fraude de las participaciones preferentes no pueden quedar sin que se determinen las responsabilidades civiles y penales que les correspondan en cada caso.