La nueva YPF no paga un recargo que fijó el Gobierno argentino

La nueva YPF reestatizada transformada en pieza clave de la política nacionalista del gobierno de Argentina, no está pagando el último ajuste tarifario del cargo de importación de gas que rige para todas las empresas. Esta fue la decisión que se tomó por parte de la gestión en tiempos de YPF-REPSOL, pero es la que se mantiene por los actuales gestores "estatalizados".

Por medio de amparos judiciales , las petroquímicas Mega y Profertil que controla la petrolera manejada por Miguel Galuccio quedaron exentas de abonar el aumento de hasta al 726% que dispuso el Enargas en el valor del recargo tarifario de importación de gas. Junto con la eliminación de los subsidios para determinadas industrias y servicios que comenzó a aplicarse en diciembre pasado, el Gobierno había establecido para los grandes usuarios una subida de ocho veces en el cargo específico que fue creado en 2008.

Cuando empezó a facturarse el aumento a principios de 2012 , YPF (que ese momento tenía a Repsol como dueño mayoritario y al grupo local Eskenazi a cargo de la conducción empresaria) fue a la justicia y consiguió que sus petroquímicas controladas no abonen las nuevas tarifas de gas.

Lejos de modificar esa postura, la gestión estatal que encabeza Galuccio y que supervisa el viceministro de Economía y nuevo hombre fuerte del sector energético, Axel Kicillof decidió aprovechar la situación para dejar de pagar el aumento tarifario. Una de las beneficiadas por el paraguas judicial es Profertil, la empresa que produce fertilizantes a partir del gas, donde YPF tiene como socia minoritaria a la firma Agrium. La otra es la compañía Mega que YPF comparte con Petrobras y Dow y se dedica al fraccionamiento de los componentes pesados del gas natural.

YPF no es la única que acudió a los tribunales para frenar la aplicación del último aumento tarifario del cargo nacido del decreto 2067 que firmó Cristina Kirchner en 2008. La lista incluye a petroleras, gasíferas y empresas del sector químico. Entre ellas se encuentran Dow, Refinor, Pluspetrol, Apache y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

En las provincias de Salta, Tucumán y Córdoba, varias industrias y empresas vinculadas con la actividad minera cuentan desde hace tres años con amparos que las desligan de pagar el cargo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En la misma situación se encuentra Alpat, la principal productora sudamericana de cabornato de sodio, que controla el empresario K Cristóbal López. Tiene dos amparos y no paga el cargo de importación, ni el adicional tarifario para la ampliación de gasoductos.

El cuestionamiento central contra el cargo tarifario que debe definir la Justicia es que se trata de un impuesto que según las normas vigentes debe ser aprobado por una ley del Congreso y no por un decreto que fue el camino que tomó la administración kirchnerista.