Fraude fiscal y economía sumergida en la actual situación económica de España

Mucho se viene tratando en el transcurso de las últimas semanas acerca del impacto que fraude fiscal y economía sumergida tienen en el conjunto de la economía nacional. Deber de todo buen patriota es el contribuir con el esfuerzo personal y la producción de nuestro trabajo a que el conjunto de la Sociedad prospere y crezca en sintonía con el resto de las naciones avanzadas. España no puede quedar atrás.

Sin embargo, el análisis profundo de la actual situación crítica en que se encuentra nuestra economía aconseja avanzar con prudencia en las medidas a adoptar, de la misma manera que a un enfermo no se le administra cualquier medicamento por mucho que contribuya temporalmente a mejorar su estado general.

Lo que inquieta en este momento es que el Gobierno se plantee, como una de las medidas más importantes y urgentes a adoptar, la lucha contra la economía sumergida, intentando equiparar esta situación con la del fraude fiscal, y ponerlas al mismo nivel. Una de cada cinco personas que vemos por la calle está actualmente en paro en España. Da igual que se cruce con ella en coche, andando, que lleve traje y corbata o que vaya en vaqueros. Da igual que la vea comprando en el supermercado o echando gasolina. Si entramos en una cafetería y está la barra llena de personas, pongamos unas veinte, más de cuatro de las mismas están en las listas del antiguo INEM.

España es el país que mayor tasa de desempleo tiene que toda Europa, rozando el 23% de la población activa total, y con más de un 50% de paro juvenil. Pero los parados no son personas que están recluidas en sus casas ni abultando la cola de la oficina de empleo. Son personas normales que mantienen sus demandas al día, y salen a buscar trabajo o a hacer su vida diaria como puedan. Los hay que perciben subsidios, -esto no debe considerarse ningún delito-, y un buen porcentaje, los que hace ya muchos meses que perdieron su empleo, que son la mayoría en estos momentos como parados de larga duración, no perciben ninguna ayuda.

¿Cuál es la solución a tamaño problema nacional? No es, en modo alguno, la lucha contra la economía sumergida, única válvula de escape que muchas familias tienen hoy para subsistir. Si lo puede ser la lucha contra el fraude fiscal, que es otro derrotero distinto en la lucha por colocar la economía nacional en un adecuado cumplimiento.

Aún hoy estamos asistiendo, y así ha afirmado el Gobierno que v a continuar todo 2012, a una trágica destrucción del empleo y a una enorme masa de parados que crece. Conviene matizar que el fraude fiscal no se produce desde las Declaraciones de la Renta de los millones de personas de a pie, sino desde el gravamen del injusto e inapropiado Impuesto de Sociedades, que penaliza la productividad nacional y la creación de riqueza por parte de las empresas. El Gobierno estudia suprimir este impuesto, a propuesta de la CEOE, y esto debe parecernos bien porque libera capital para la reinversión y la creación de empleo. El Gobierno Vasco también lo afronta, e incluso Obama ha anunciado perfilar este impuesto, que también existe en USA.

Una buena parte del fraude fiscal nace en nuestro país del Impuesto de Sociedades, escondiendo situaciones opacas y creando el contexto para la falsificación de facturas. Ante el desempleo desbocado y la situación de desguace productivo en que se ha instalado inevitablemente la economía del país, cabría pensar sobre si la economía sumergida es una forma de economía necesaria. No disponemos de datos adecuados, salvo de los retóricos y éticos, acerca de si el Estado debe perseguir hasta la extenuación la economía sumergida, no digamos confusamente el fraude fiscal –que puede suponérsele también-, sino la economía sumergida propiamente dicha, aquella que afecta hoy a centenares de miles de personas que no tienen otra cosa que hacer que buscarse dos o tres tareas sueltas por las que perciben 200 o 300 euros por cada una. Con eso es con lo que centenares de miles de personas que nuestro país hacen un sueldo para llegar a fin de mes, para pagar sus necesidades, sus alquileres, las hipotecas o la alimentación o educación de sus hijos.

No debemos estar convencidos de que eso sea perseguible, -ni siquiera si hay justicia social para perseguirlo- pues es necesaria en estos momentos aunque no sea lo deseable.