Tras su muerte, el nuevo Jefe del Estado, el Rey Juan Carlos, impulsó un proceso modélico, en el cual, sin rupturas, de la ley a la ley, el régimen y las instituciones franquistas se auto disolvieron para dar paso a un régimen inequívocamente democrático, desde el punto de vista europeo.
Ese espíritu de reconciliación ha sido demolido durante este casi medio siglo pasado. Tras la llegada de Felipe Gonzalez al poder, con una aplastante mayoría de 202 diputados, se inició una exaltación paulatina de la izquierda guerracivilista, ante la pasividad de la derecha que quería considerar que la guerra civil era ya un tema olvidado. Esta exaltación tuvo su broche de oro con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero del año 2007 y a partir de ese momento se siguió profundizando, de nuevo ante la pasividad del Gobierno de Rajoy, quien, en 2011, con mayoría absoluta de 186 diputados, optó por no derogar la Ley de Memoria Histórica.
La segunda grave demolición fue la del Estado de derecho que para serlo necesita garantizar la independencia de sus tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En efecto, en 1985, el Estado de derecho se vio atacado por el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra que, con su ingente mayoría absoluta, hizo una retorcida interpretación constitucional que le permitió que los doce magistrados del Consejo General del Poder Judicial que se presumía, de la lectura del artículo 122, que debían ser elegidos por la carrera judicial, fueran también nombrados por el Congreso y el Senado. Esto hizo que todos los miembros del CGPJ, pasasen a ser elegidos por el Legislativo, lo que politizó en gran manera al órgano de poder de los jueces, al CGPJ, y a todas sus decisiones sobre la carrera de los propios jueces. Se rompió así la primera pata, y la más fundamental, del Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial. No obstante, la derecha cuando tuvo mayoría absoluta, con Aznar primero y con Rajoy después, tampoco rectificó lo que el PSOE había aprobado en 1985, por lo que cabe decir que la derecha fue connivente con la ruptura de la independencia del poder judicial.
La tercera grave degradación de constitucional ha consistido en el tema de la unidad de España, que es el fundamento de nuestra Constitución. Los políticos han permitido una deriva que ha incrementado los sentimientos separatistas de unos y los sentimientos diferenciales de otros y que nos ha llevado casi a un reino de taifas. Todo ello, tuvo su culminación con el golpe de Estado que dio la Generalitat de Cataluña el 1 de octubre de 2017, al cual siguió la proclamación de la independencia de esa región española. Ante ello se enfrentó Rajoy aprobando un 155, casi perfecto en su redacción jurídica, pero que no aplicó, ya que convocó inmediatas elecciones autonómicas catalanas que lo desactivaron. Lo peor es que el separatismo catalán, amnistiado por Sánchez, sigue diciendo que “ho tornarem a fer”
La cuarta, y gravísima degradación de la Constitución española, ha sido la de tolerar que la lengua oficial común de toda España que es el español, el castellano, no sea reiteradamente reconocida como lengua propia y común, en todos los territorios de España. Se ha permitido, por el peso injusto que la ley Electoral, otorga a las minorías separatistas, que las lenguas autonómicas vayan alcanzando una posición de superioridad sobre la lengua común, a la cual continúan intentando marginar. Si a un pueblo le quitas su lengua vehicular, la que le une estás corrompiendo la unidad y la convivencia de ese pueblo y este es el caso de la nación española.
He aquí cuatro ejemplos de la degradación constitucional que España ha experimentado en su casi medio siglo de existencia. La Constitución de 1978, fue votada por una inmensa mayoría con un claro espíritu de progreso y de fraternidad. Muy probablemente muchos no la votaríamos hoy. No era esto, no era esto. Si un futuro Gobierno de España no aborda con firmeza. y como prioritarios, estos cuatro grandes temas, el conflicto se agravará enormemente. ¡Viva España!
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