Esta pregunta me nació el mes pasado cuando, en una rueda de prensa de la iniciativa “reconversión” (carta abierta a Rajoy, aún sin contestar), un joven periodista, envidiablemente joven para el que firma, afirmó que dicho movimiento ciudadano entrañaba inexorablemente un cambio en la Constitución legalmente vigente y preguntó cómo veíamos el proceso. Un promotor le contestó sabiamente que no era tan inexorable dicho cambio y que lo que había que estudiar era el mejor sistema para salir urgentemente del marasmo institucional y político que nos aflige y que agrava infinitamente nuestros males económicos. Pero reparé en la juventud del profesional, correcto y muy bien preparado que cumplía perfectamente su labor, y me dí cuenta de que, probablemente, cuándo el nació, la Constitución actual llevaría unos diez años de vigencia. Y yo tenía 28 años el día que se votó. Y, sencillamente, no hablábamos de lo mismo.
Tuve, otra vez, una evidencia de que existe más de una generación de españoles que desconocen lo que realmente se votó mayoritariamente en el 78. Por lo menos en aspectos esenciales. Por lo que nuestro supuesto texto fundamental se convierte fácilmente (y con la inconmensurable complicidad de los distintos Tribunales Constitucionales que han existido) en una quimera lejana, tal vez un sueño que nunca existió. Cada vez más evanescente, más inasible, más irreconocible.
Multitud de ejemplos vienen a la cabeza de los talluditos que vivimos el nacimiento de la Constitución del 78. Citemos tres, por la brevedad del espacio.
Como reza su artículo 3, la Constitución establecía que el castellano era el único idioma común de todos los españoles, con las obligaciones de conocimiento y uso lógicamente asociadas a tal hecho. Nadie que yo conozca, ni sus amigos, ni los amigos de sus amigos, que votó la Constitución, imaginó que ésta permitiría desterrar el castellano de determinadas regiones, perseguirlo y quitar a la infancia el derecho real de estudiar en el único idioma común de su patria. Nadie, que yo estaba allí que yo lo vi.
Por otra parte, en el artículo 139 se dice:
“1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.“
Supongo que a cualquiera que resida en España, no digamos ya si realiza una actividad económica inter-regional, no es necesario explicarle que lo que se da es exactamente lo contrario de lo escrito en el evaporado texto del 78. De muestra siempre se cita el famoso caso de la ambulancia que se para en “la frontera” entre regiones, pues no puede transportar al enfermo más allá de su taifa, pero les cuento otra cosa, entre miles: en las Vascongadas existen unos 56.000 beneficiarios de una renta mínima de inserción que cobran 640 euros mes; en Andalucía, con diez veces más parados, y parados de prestaciones agotadas, existen unos 28000 con unos 400 euros al mes. ¡Toma discriminación por motivos de nacimiento o residencia! De nuevo, nadie que yo conozca, ni sus familiares, ni los que esos conocen que conocen, votaron la Constitución pensando que sería legal el total destrozo del mercado único y la discriminación legal brutal en derechos y obligaciones por motivos de residencia. Nadie, que yo estaba allí que yo lo vi.
Otrosí, el artículo 9.2 establece que:
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.“
De lo que se deduce que España, como democracia contemporánea, ilustrada y posterior a la Declaración de los derechos humanos, se establece como un conjunto de individuos o ciudadanos libres e iguales. No se configura como un rompecabezas de territorios discriminatorios. Insistiré una vez más. Nadie de la España votante del 78 que yo conozca directamente o indirectamente, y de estos a su vez directa o indirectamente, o que en aquella época se manifestara en público por verbo oral o escrito, o residiera en el extranjero y leyera el texto o, supiera leer simplemente, pensó que la Constitución del 78 establecía una España fracturada en taifas con derechos de las personas sometidos a los derechos de las taifas y desiguales. Nadie pensaba que España dejaba de ser un conjunto de ciudadanos para convertirse en los balcanes. Nadie, que yo estaba allí que yo lo vi.
No podría decir por ello que esta no es mi Constitución que me la han cambiado, porque, no sé si más lúcido, más leído o más desconfiado, siempre recelé de ella y nunca la consideré mía. Pero fui leal, honesto y cumplidor con la Ley y con lo que se votó. Desgraciadamente, otros, muchos otros e importantes, fueron y son todo lo contrario. Y cada vez peor.
De resultas de lo cual, es para preguntarse, cuándo un joven se inquieta por el cambio de la Constitución del 78, si existió alguna vez, si hablamos de lo que se votó realmente.
Porque tal vez no sea el tema cambiarla, sino recuperarla, recobrar su esencia y sus valores, recuperar plenamente lo que tenía que haber sido el pilar fundamental indispensable, único pero incorrompible e inmanipulable, de nuestra democracia. No en lo que hemos permitido que se convierta.
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