La primea diferencia entre Dodd-Frank y EMIR se refiere al universo de los instrumentos sometidos a la compensación central obligatoria. EMIR, por ejemplo, considera tanto productos listados como OTC, incluyendo casi todo tipo de derivados especificados en la “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID), salvo las transacciones del contado de FX y commodities, además de derivados de divisa y materias primas liquidados de forma física con el objetivo comercial y no de inversión. Dodd-Frank en cambio, somete a la compensación central únicamente los derivados OTC y clasifica los contratos en dos grupos, en función del organismo supervisor bajo cuya jurisprudencia se encuentran. Por un lado, se consideran los swaps basados en valores (SBS – “security-based swaps”), es decir, regulados por la SEC swaps de nombres individuales (“single name”) e índices junto con los “single name” CDS, y por otro, los demás swaps bajo la supervisión de la Commodity Futures Trading Commision (CFTC).
En cuanto a las entidades afectadas por la nueva regulación, los dos organismos utilizan enfoques diametralmente diferentes. EMIR distingue entre el tipo de contrapartes que participan en las transacciones. Por un lado, considera las empresas financieras (FCs - Financial Counterparties), es decir, entidades bancarias y de seguros, fondos de pensiones, etc., y por otro, las no financieras (NFCs – Non-financial Counterparties), es decir, todas las demás empresas que operan con derivados y no se incluyen en el primer grupo. Dodd-Frank, por su parte, toma otro enfoque y diferencia entre las entidades sujetas al cumplimiento de determinados requisitos necesa rios para la obtención de autorización para operar en el mercado de derivados. Y así las entidades que quieran actuar como creadores de mercado o dealers de swaps deberán registrarse como “swap dealers” (SDs) o “security-based swap dealers” (SBSDs) si sus volúmenes de transacciones están por encima de los umbrales “minimis” fijados en $3 mil millones para operaciones de swaps por cuenta de clientes y $25 millones para las transacciones con entidades gubernamentales especiales.
“Esta diferencia de enfoques de los dos regímenes implica la dificultad de determinar de antemano que contratos estarán sujetos a la obligación de compensación a través de una cámara de contrapartida central (CCPs) ya que, en determinadas situaciones el mismo instrumento podría estar sujeto a este requerimiento con una contraparte y disponer de la exención con otra”, asegura Anna Downarowicz, de Siag Consulting.
Las entidades también se verán afectadas por las diferencias en el alcance, forma y frecuencia de almacenamiento de datos de las transacciones y su envío a repositorios centrales de datos. Mientras que bajo EMIR ambas contrapartes estarán sometidas al requerimiento de reporting (que también podrá ser delegado a una tercera parte), Dodd-Frank solo impone este requisito a una de las contrapartes, normalmente a la entidad sujeta a la obligación de registro como SD, SBSD, MSP o MSBSP. Además, hay una importante diferencia entre el alcance y la frecuencia de envío de información. Mientras que EMIR requiere los datos “end-of-day” tanto de derivados OTC como listados, Dodd-Frank exige la información en tiempo real pero solo de las transacciones OTC.
En cuanto al calendario de la implantación existe un desfase temporal de al menos un año entre Europa y EE.UU. En EE.UU. a día 31 de diciembre del 2012 se hizo efectivo el requerimiento de registro para los SDs bajo Dodd-Frank, las obligaciones de reporting de información sobre las transacciones con derivados de crédito y tipos de interés comenzaron para SDs y MSPs en enero de 2013 y la obligación de su compensación central para un primer grupo de entidades, incluyendo SDs, SBSDs, MSPs, MSBSPs y fondos activos, en marzo de 2013. La extensión de estos requerimientos a otro tipo de instrumentos y entidades est&aa cute; prevista para los meses restantes del 2013. En cambio en Europa, el proceso de la entrada en vigor de cada uno de los diferentes requerimientos de EMIR es mucho más complejo y todavía no está definitivamente cerrado. Aunque los estándares técnicos entraron en vigor el 15 de marzo de 2013, el comienzo de la compensación central obligatoria no está previsto antes del comienzo del 2014. Le fecha definitiva dependerá del largo proceso legislativo europeo en cuestiones de concesiones de autorizaciones a las CCPs para operar bajo EMIR y periodos transitorios para determinadas contrapartes e instrumentos. Esta situación exige que las entidades busquen soluciones flexibles para poder ir adaptando su operativa a nuevos entornos regulatorios a medida que estos se vayan estableciendo y la incertidumbre legal vaya desapareciendo.
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