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QUERELLA DIRIGIDA POR AUSBANC

Continúa adelante la querella interpuesta contra Endesa y varios responsables del Gobierno socialista

· Endesa se benefició de la no liquidación de los llamados CTC en más de 1.562 millones de euros

miércoles 24 de junio de 2015, 08:31h
Continúa adelante la querella interpuesta contra Endesa y varios responsables del Gobierno socialista
El pasado 20 de marzo la Organización Nacional de Consumidores de España, Causa Común, bajo la dirección técnico-jurídica de Ausbanc Abogados, y tras una profunda investigación, presentó una querella como acusación popular contra Miguel Sebastián, ex ministro de Industria; Pedro Luis Marín, ex secretario de estado de Energía; y Elena Salgado, ex vicepresidenta del gobierno de Economía, por la presunta comisión de un delito de prevaricación; y contra las empresas eléctricas, especialmente contra Endesa como principal beneficiada, por la posible comisión de los delitos de estafa y apropiación indebida ante la sospecha fundada de que entre 2007 y 2010 hubo una condonación de deuda a las eléctricas de 3.000 millones de euros derivada de la no liquidación de los Costes de Transición a la Compentencia (CTC) de la que Endesa se habría beneficiado en más de 1.562 millones de euros.




Los CTC trataban de reflejar aquellos costes incurridos por las compañías eléctricas que no iban a poder ser recuperados como consecuencia del cambio regulatorio de un sistema que garantizaba la recuperación de los costes –el Marco Legal Estable- a un sistema liberalizado y competitivo. Con ello se pretendía asegurar la estabilidad financiera de las eléctricas ante el cambio que se iba a producir.

En el día de hoy, los medios de comunicación se hacen eco de que la citada querella ha sido rechazada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de Madrid, Ismael Moreno, en base a las diligencias practicadas en su día por la Fiscalía Anticorrupción, así como al expediente remitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Energía, por considerar que no son constitutivos de delito.

Ausbanc Abogados presenta recurso

Ante esta noticia, Ausbanc Abogados, como responsables de la dirección técnico-jurídica de la querella, queremos dejar constancia de que con fecha 22 de junio de 2015 se ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción recurso de reforma y subsidiario de apelación frente al Auto de fecha 17 de junio de 2015 inadmitiendo a trámite la querella por entender que dicha resolución no es conforme a Derecho en base a los siguientes argumentos:

1º) Contradicción en la fundamentación jurídica del Auto de 17 de junio de 2015 y el Auto de 24 de marzo de 2015 ya que este último afirmaba en su fundamento de derecho primero que era presumible la posible existencia de una infracción penal, mientras que el Auto de 17 de junio no lo aprecia así, sin haberse desarrollado una mínima actividad instructora, más allá de una remisión a las actuaciones no procesales que en su día llevó a cabo el Ministerio Fiscal y que, a todas luces, obedecen a criterios de política criminal que no pueden tener preeminencia sobre los criterios jurídicos, máxime en una decisión que supone un perjuicio para millones de consumidores e incide en la credibilidad nacional por la grave trascendencia de los hechos.

2º) Infracción de los artículos 312 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por no ser ajustado a Derecho el Auto de inadmisión impugnado ya que los hechos denunciados en la querella son perfectamente subsumibles en dichos preceptos penales por concurrir en el caso de los CTC los elementos que conforman el delito de estafa cometido por la compañía eléctrica querellada.

3º) En relación con la conducta de Elena Salgado, Miguel Sebastián y Pedro Luis Marín, es perfectamente subsumible en lo dispuesto en el artículo 404 del Código Penal que tipifica la prevaricación como delito especial propio por las circunstancias que han de concurrir como ser autoridad o funcionario público, ostentando los querellados una clara posición de garantes y causando su conducta omisiva un claro perjuicio, constitutivo de infracción penal, a millones de perjudicados.


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