El despilfarro partitocrático

Este es un tema clave en el futuro de España, porque las autonomías, ayuntamientos y diputaciones son un lastre responsable de unos dos tercios del gasto público (234.000 millones de euros en la actualidad), excluyendo la Seguridad Social (23.000 millones de euros, que con el sistema actual de reparto y la negativa a convertirlo en un sistema de capitalización o, al menos, mixto, como en muchos países europeos, de reparto y capitalización, en unos diez años como máximo quebrará) y este gasto se viene realizando, desde hace cuarenta años, en condiciones vergonzosas de descontrol, despilfarro y corrupción absolutamente intolerables.

Las causas verdaderas de la crisis española, nada tienen que ver (a pesar de las mentiras repetidas hasta la saciedad por unos mass media, apesebrados y lanares) con salarios excesivamente altos –un 60% de la población activa española es mileurista a la baja-, pensiones de ensueño –la pensión media en España es de 785 euros/mes- o pocas horas de trabajo -¿dónde está, por cierto, la “mentalidad festiva” española con jornadas laborales esclavistas, inconciliables con la vida familiar?

España tiene dosis magníficas de talento desbordado, capacidad empresarial más que demostrada y creatividad asertiva a espuertas, que, un día tras otro, evidencian nuestros compatriotas que se dedican, en España y en el extranjero, a trabajar destacadamente en los ámbitos de la creación, el pensamiento, la ingeniería, la medicina, la empresa o la gestión.

La causa de la enfermedad sistémica española es un modelo de Estado palmariamente inviable, fuente de toda corrupción y nido de todo nepotismo, impuesto desde la Transición por una oligarquía partitocrática en connivencia, como ya hemos dicho, con las oligarquías económico-financieras, patrias y transnacionales, y con un poder legislativo y judicial genuflexos y a su servicio. En España no existe separación de poderes (¡Montesquieu ha muerto!, Alfonso Guerra dixit), ni independencia del Poder Judicial, ni los diputados y senadores representan la soberanía nacional sino sólo a los partidos que los incluyen en listas cerradas. Este desmadre y este cachondeo (como dijera el antiguo Alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, de la Justicia) también nos lleva a una economía sumergida que alcanza el 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo de España.

Es una vergüenza que las ayudas europeas se desvíen a entidades financieras casi en bancarrota y fuertemente politizadas. En la CCM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en vez de cerrarla; en Bankia, 23.000 millones, y además el Gobierno también les dio, con carácter de urgencia, otros 5.000 millones para cubrir pérdidas en vez de dejarla caer. Si alguna vez la Unión europea investigara las cuentas de algunas entidades financieras españolas, el cataclismo político-financiero sería de órdago a la grande.

Las ayudas europeas tienen que estar sometidas a un control estricto e imponer unas duras condiciones para otorgarlas, pues de lo contrario el dinero se esfumará, una vez más, en componendas de amigachos y chanchullos de la clase política. Las severas condiciones no han de ser sólo salvajes recortes sociales o subidas brutales de impuestos que recaigan directamente sobre la sufrida ciudadanía, sino recortes de gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar, pero de los cuales los políticos no quieren ni oír hablar, pues si los aplicaran se les acabarían las mamandurrias, sinecuras y coimas de toda laya y condición.

No podemos tolerar ni un minuto más el nivel inaguantable de corrupción, especialmente el del voraz Estado de las Autonomías que ha creado 17 regiones funcionando como verdaderos Estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17 y que han dado lugar a extravagancias onerosas como 17 servicios meteorológicos, 17 defensores del pueblo, 200 “embajadas”, más de 40 canales (diez, solamente en Cataluña) de televisión en bancarrota, 35.000 coches oficiales o 5.000 empresas públicas para colocación de políticos, amigos o familiares, sin control ni fiscalización. El despilfarro de esta broma autonómica asciende a la inaudita cantidad de 120.000 millones de euros (11,4% del PIB) en la opacidad más absoluta.

Con todo esto hay que acabar de una vez por todas. Y no sólo por una razón de decencia torera o de regeneración moral democrática, sino por una cuestión más prosaica: ya no hay dinero. El déficit del Estado está claramente descontrolado y España está gastando el doble de lo que ingresa y precisamente para financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están comprometidos en absoluto con la consolidación fiscal. El déficit público es algo que raya en la ciencia ficción y que ilustra la credibilidad de los dos últimos gobiernos españoles.

Es vergonzoso que a causa de este sistema oligárquico partitocrático, barnizado de nepotismo y corrupción, se desperdicie tanto talento y creatividad. Y que esta situación nos haya conducido a una distribución de la riqueza de las más injustas de la OCDE, provocando la liquidación de la antaño fortísima clase media, creada, por cierto, por el general Franco, de cuya muerte se cumplen ahora 40 años.

El mantenimiento por más tiempo de este sistema corrupto e ineficiente en manos de toda una partida de manilargos, trileros, choros, randas y escarramanes nos conduce inexorablemente a una ruina total de la nación durante varias generaciones.