Hay que tener en cuenta que la deuda pública actual es, según Eurostat, es 922.828 millones de euros, lo que equivale al 88,2% del PIB y que, según las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para el presente año, el servicio de la deuda (amortización más intereses) es de 109.909 millones de euros, lo que representa el 26,7% del total de gastos previstos. La importancia de esta cifra radica en que es bastante próxima a la prevista, en 2013, para el pago de las pensiones (125.556 millones de euros) y cuatro veces superior a la prevista para pagos por desempleo (26.993 millones). Si las previsiones sobre la evolución de la prima se cumplen, se obtendría un ahorro estimado de 5.370 millones de euros, lo que equivale al 20% de los pagos previstos por desempleo. La evolución del endeudamiento y, en particular, de los pagos correspondientes constituye un factor determinante para salir de la crisis, por impacto en el consumo de los ingresos públicos.
La adquisición de disponibilidades financieras mediante la emisión de compromisos de pago ha sido y es un medio esencial para realizar nuevas inversiones o para afrontar pagos inmediatos ineludibles. Las empresas privadas tienen la opción de eludir el endeudamiento mediante la captación de disponibilidades financieras a través de ampliaciones de capital, es decir, a cambio de traspasar en mayor o menor medida, el poder de dirección de la empresa a los nuevos socios que se integran en ella. Esta vía no es posible en el ámbito público ya que la soberanía no es transferible. Ello da lugar a que el principal instrumento que le queda al Estado para atender el déficit entre sus pagos y sus ingresos, sea el de emitir deuda a corto, medio o largo plazo, la cual, añadida a la que, en su caso exista, previamente, va configurando la deuda pública.
La necesidad de la misma es indiscutible pues en tanto haya déficit es imprescindible captar nuevos recursos financieros, vía endeudamiento con prestamistas extranjeros o nacionales. Respecto a su utilidad, hay posiciones antagónicas entre keynesianos y antikeynesianos, pues si bien se reconoce la posibilidad de utilizarla, coyunturalmente, para incrementar el gasto (o demanda pública) y así estimular la economía, al mismo tiempo tiene el inconveniente de que, si de ella no se derivan ingresos adicionales que permitan atender su amortización e intereses, se está trasladando una grave carga financiera a las generaciones futuras.
La Unión Europea, al carecer de una política económica común para todos sus Estados miembros, estableció en el Tratado de Maastrich de 1992, la obligación de que cada uno de sus miembros mantuviese su tipo de cambio, controlase su déficit, que debía ser inferior al 3%, y su deuda pública, que no debía superar el 60% del PIB. Con ello se pretendía lograr una cierta estabilidad económica en el ámbito de los países que se integraban en el Tratado, cuyas economías quedaban muy conectadas. La obligatoriedad de estos límites se reforzaba, aparentemente, con posibles sanciones en caso de incumplimiento, las cuales, no obstante, no se aplicaron cuando se dio la circunstancia de que países de gran peso en la Unión Europea, como Alemania y Francia, los incumplieron.
La realidad es que desde el principio del Tratado hubo tres países (Grecia, Italia y Bélgica) con un grave incumplimiento del límite de deuda. Por otra parte, ya desde los inicios de la década del 2000, otros importantes países (Francia, Alemania) empezaron a sobrepasar ese límite. La situación se ha agravado posteriormente y, en la actualidad, sólo cinco países (Finlandia, Luxemburgo, Eslovenia, Eslovaquia, y Estonia) de los 17 que constituyen la zona euro, tienen una deuda por debajo del límite del 60% del PIB.
En el caso de España, la deuda estuvo por debajo del 60% del PIB, desde el 2000 (59,40%) e incluso fue reduciéndose de manera importante, llegando a representar sólo el 36,7% del PIB en 2007. Sin embargo, a partir de ese año hubo un radical cambio de tendencia, habiéndose multiplicado por 2,5 hasta hoy, alcanzando la cifra de 922.828 euros.
El incremento del montante de la deuda así como las dudas de los mercados financieros (prima de riesgo) han dado lugar a que el servicio de la deuda haya crecido considerablemente desde el principio de los años 2000, en los que se situaba entre los 40.000 a 50.000 millones de euros, a los 109.909, según la previsión de los Presupuestos Generales del Estado para 2013. En términos porcentuales, a principios de los 2000, el servicio de la deuda consumía entre un 18 a un 20% de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que actualmente requiere casi el 27%.
El Estado, en el fondo, no es más que una gran familia y cuando una familia está endeudada no le queda otra alternativa real que disminuir su gasto, aumentar sus ingresos, tener superávit e ir reduciendo la deuda. Si entre tanto, cae la prima de riesgo y por tanto bajan los intereses, se facilita el objetivo de recuperar el equilibrio. Cuando, en el caso de nuestro país, se espera, como un gran logro, que el PIB no sea negativo en 2013 o que, en el mejor de los casos, crezca un 0,1%, es un gran alivio y una gran noticia, que la prevista caída de la prima de riesgo pueda generar un ahorro, nada más y nada menos, que del 0,5% del PIB.
- Enrique Miguel Sánchez Motos, Administrador Civil del Estado
Si (
No(
