El cobro en efectivo de deducciones fiscales

Luis Roger es socio del bufete DePasqual&Marzo.

Por Luis Roger, socio del bufete DePasqual&Marzo

martes 21 de octubre de 2014, 14:31h

La Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización regula un novedoso sistema de aplicación de deducciones que permitirá cobrarlas en efectivo cuando la empresa inversora en I+D no genere cuota impositiva suficiente (lo que suele ser habitual durante los primeros años de inversión, en los que el proyecto acometido no genera beneficios). En la actualidad, las deducciones fiscales solo se pueden utilizar para reducir el impuesto a pagar, sin que sea posible reclamar su pago en efectivo en caso de insuficiencia de cuota.

La novedad consiste entonces en que las empresas que hayan invertido en I+D y hayan generado el correspondiente derecho a una deducción fiscal podrán optar por reclamar el cobro de la deducción cuando no tengan cuota impositiva a pagar (hasta un límite máximo de 3 millones de euros). Para el caso de que se opte por solicitar el importe de la deducción en efectivo, será necesario renunciar al 20% de la misma (el preámbulo de la Ley proyectada habla sin ambages de una “tasa de descuento”, reconociendo en ese porcentaje su carácter más puramente financiero). Será preciso asimismo mantener la plantilla media de la empresa y destinar un importe equivalente a la deducción finalmente cobrada a la realización de este tipo de actividades. Son requisitos lógicos que no hacen sino confirmar el objetivo de esta medida: el Estado paga si el importe cobrado se reinvierte en I+D.

Parece claro entonces que estamos ante un mecanismo a través del cual se pretende que el Estado financie parcialmente (y a fondo perdido) la actividad investigadora y de desarrollo tecnológico en nuestro país. Nada que objetar en cuanto al fondo, si pensamos que éste puede ser un sector clave de la economía española en el futuro (lo cual es discutible). Pero en cuanto a la forma, alertar sobre ciertos aspectos que merecen comentario aparte.

Aunque el ministro Luis de Guindos ha anunciado que los presupuestos Generales del Estado incluirán un aumento de la inversión pública en I+D, parece contradictorio -y harto sospechoso, por tanto- que esta actividad se trate ahora con tanta deferencia cuando decisiones macroeconómicas recientes se han tomado en sentido absolutamente contrario, hasta el punto de generar una ya contrastada y conocida fuga de investigadores de nuestro país que tiene visos de continuar en un próximo futuro. La misma sensibilidad mostrada ahora en relación con el I+D podría haberse mostrado en otros ámbitos -el de las ayudas directas a la investigación, por ejemplo-, lo que hubiera evitado dichas fugas y sido coherente con la política fiscal que ahora se pretende aprobar.

Si la medida se percibe como un mecanismo del Estado para financiar parcialmente y a fondo perdido la actividad de I+D de nuestras empresas, entiendo que se habrá valorado adecuadamente la posición que la UE pueda adoptar al respecto. La beligerancia de esta organización con lo que califica como “ayudas ilegales del Estado” es bien conocida, y podría convertir la medida en papel mojado -lo que hace aumentar mis sospechas-.

Las primeras devoluciones llegarán a las empresas (las que hayan optado por reclamar el efectivo de la deducción) a finales de 2015. Es decir, dentro de 2 años. Si el principal objetivo de la reforma es exclusivamente financiero -que lo es-, no tiene sentido alguno retrasar la inyección monetaria que la reforma propone. La inversión y el empleo son problemas acuciantes hoy. Y hoy por tanto deben resolverse.

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