Querella contra la jefa de los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña

Y aunque es habitual que en el escrito de querella se citen los delitos por los que se presenta, lo cierto es que la Asociación querellante los omite y se limita a cumplir con los requisitos formales que se exigen para presentarla. El motivo de este proceder, según algún profesional del foro, parece que hay que buscarlo en las peculiaridades del puesto profesional que ocupa la querellada identificada y en las normas internas de la Generalitat de Cataluña. Concretamente, en el Reglamento de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Generalitat, que establece cómo los abogados de la Generalitat pueden asumir la defensa de funcionarios, e impone “una autorización expresa del Presidente de la Generalitat o del consejero de quien dependa la autoridad o funcionario, entregada por medio del director del Gabinete Jurídico” (Artículo 33.3).

Desde esta óptica, tras la indeterminación “…demás personas responsables..” podrían encontrarse, entre otros, los cargos políticos (Presidente de la Generalitat y Consejero) a los que se refiere el ya citado Artículo 33.3 que, por ahora, gozan del beneficio de no ser nominados. De momento y a la luz de lo hasta ahora conocido, parece lógico entender que únicamente es la actuación de los abogados de la Generalitat en un caso concreto lo que ha movido a ASPACOM a querellarse contra la persona que los dirige.

Los hechos tienen su origen el día 31 de mayo del año 2013 en que la Generalitat de Catalunya se persona en la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona contra dos funcionarios de la Generalitat (La Jefa del Servicio de Administración de la Biblioteca Nacional de Catalunya, doña Margarita Valverde Hernández, y el Responsable de Mantenimiento de la misma institución, don Ferran López San Juan) a los que se les imputa la comisión de los delitos de Falsedad en Documento Público y Omisión del deber de Perseguir delitos, que después se ampliaría por la comisión de un delito de Cohecho Impropio (Diligencias Previas 1473/2013).

Ese día, los Servicios Jurídicos de la Generalitat, además de personarse en la causa, se erigen en defensores de los imputados obviando el conflicto de intereses, evidente para la asociación querellante, entre los funcionarios (contra los que va la querella) y la Generalitat (que, como se denuncia, ha sufrido unas pérdidas cuantiosas). En esa causa, a la señora Valverde se le atribuye la emisión de un certificado en el que hace constar que los servicios de Seguridad y Vigilancia, que había prestado una empresa de seguridad (Segur Ibérica S.A.) en la Biblioteca Nacional de Catalunya, habían sido correctos y según contrato, a sabiendas, se dice en el escrito de querella, “de que se habían facturado servicios no prestados o se habían realizado por personal que no era vigilante de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior tal y como exigían los contratos suscritos”.

De ser los hechos así, y parece que lo son, la realidad descrita significa que la Generalitat de Catalunya y los intereses públicos pueden haber sido perjudicados por el comportamiento de los dos funcionarios a los que, incomprensiblemente, tratan de defender los Servicios Jurídicos de la Generalitat.

No se sabe, aún, si los abogados de la Generalitat que han actuado han reparado en el hecho y si han procedido conforme estipula el ya mencionado Reglamento de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Generalitat (artículo 33.4): “Esta defensa no puede ejercerse si los intereses del defendido y los de la Generalitat son opuestos o contradictorios. En cualquier momento en que el abogado de la Generalitat advierta la existencia de oposición de intereses, se abstendrá de intervenir, lo comunicara de inmediato al director del Gabinete Jurídico de la Generalitat y esperará instrucciones”

Lo que sí se sabe es que la querella contra la Jefa de los Servicios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña fue admitida por el Juzgado el día cinco de abril del año 2013, que una abogada de los Servicios Jurídicos solicitó copia de las actuaciones el día 21 de mayo de 2013 y que el proceso judicial se ha solicitado que se tramite en catalán.

También se sabe que en el proceso que se sigue contra los dos funcionarios de la Generalitat, una vez aceptada la designación de los abogados del Servicio Jurídico de la Generalitat como defensa los dos funcionarios imputados (el día 31 de mayo de 2013), la querellante en aquel proceso se opuso a esta defensa con un Recurso de Reforma que el juez, don Ignacio Sánchez García-Porrero, desestimó el día 11 de julio de 2013. Y que eso ha permitido que los dos imputados, de momento, puedan seguir disfrutando de la defensa (gratuita y a costa de los contribuyentes) que les procuran los Servicios Jurídicos que dirige la Señora Gil i Domenech.

Pero la desestimación del juez, que aún puede ser motivo de recurso (el que se haga efectivo o no ya entra dentro de las tácticas, estrategias y prevenciones de los querellantes), no desvirtúa la realidad. Una realidad que, visto lo visto y en el ambiente que hay en torno a la actividad política en Cataluña, se percibe envuelta en una especie de halo equívoco…

Ése que surge y se afianza, como tufo pestilente en torno a la actividad política catalana, cuando se descubre que una Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha contra la Corrupción ha interpuesto una querella contra la Jefa de los Servicios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña.