¿Cómo limpiar la corrupción?

Actualmente, nuestra sociedad se encuentra ante una avalancha de destapes de todo tipo de conductas hediondas, procedentes tanto de la izquierda como de la derecha (Gurtel-Bárcenas, ERES andaluces, Tarjetas “opacas” de Bankia, 4% de obras en Cataluña, no rendición de cuentas por parte de partidos e instituciones, etc, etc). Se trata de conductas, muchas de ellas denunciadas ante los tribunales, que por lo repetidas manifiestan que una cultura de la corrupción está instalada en España.

No se ha tratado de meras malversaciones en sentido técnico estricto, es decir, la utilización de unos capítulos del presupuesto para atender gastos, éticamente correctos, pero no imputables a ese concreto crédito presupuestario (por ejemplo, cuando se compran lápices o material de oficina de forma encubierta con cargo a inversiones).

Se ha tratado de desviaciones de dinero público, por circuitos más o menos tortuosos, que han terminado en los bolsillos de los intermediarios o de individuos e instituciones beneficiarias que carecían de legitimidad para recibir dinero por esos circuitos.

No cabe la menor duda que, desde el punto de vista ético, esos casos no tienen defensa y, de facto, casi nadie sale a dar la cara por los implicados aunque suelen ampararse bajo cortinas de silencios y por actitudes de escasa colaboración para investigarlos.

Solamente, ante realidades inobjetables, como en el caso de las tarjetas opacas, cuando aparecen conjuntamente envueltos personajes importantes, designados por los principales partidos e instituciones sociales, hay quienes esgrimen razones eximentes o atenuantes de las responsabilidades.

Así, Cándido Méndez, Secretario General de UGT ha señalado que en la dimisión de José Ricardo Martínez, “hay una dimensión legal que tendrán que dilucidar los jueces, pero en un responsable político hay una dimensión ética a la que hay que hacer frente”. Ha insistido en resaltar que la dimisión ha sido de forma voluntaria y “prácticamente en 24 horas”. También ha recordado que hay personas afectadas en este caso de otros sindicatos, partidos políticos o instituciones y ha instado a cada uno a “reflexionar” sobre cual debe de ser ahora su actuación. Ha señalado asimismo que “tendrán que ser la Agencia Tributaria y el Banco de España los que tengan que aclarar esta situación, si estas instituciones conocían la existencia de las tarjetas opacas”

Por su parte, el presidente de la patronal de los empresarios madrileños (CEIM), Arturo Fernández, ha subrayado que "no era consciente" del uso irregular de esa tarjeta y apela a la lógica cuando se habla de que era una tarjeta opaca: "Cuando se pide el DNI y se refleja en todos los sitios, es un poco difícil que sea opaca", sentencia. Ha asegurado que la referida tarjeta de crédito se aprobó en el Reglamento de Caja Madrid como una parte de pago en especie a los consejeros desde el año 1988 y después "la han tenido todos los consejeros con un límite". Asimismo ha señalado "si vas a un Consejo de Administración y te dan una remuneración y una tarjeta como parte de pago en especie por ser consejero, lógicamente la responsabilidad y el control depende de la dirección de Caja Madrid, no de los consejeros"

A su vez, Fernández Toxo, Secretario General de CC.OO, señala que Rodolfo Benito, uno de los seis afiliados a CCOO en el Consejo de Administración de Caja Madrid, le ha comunicado que presentaba su dimisión. Ha señalado que el sindicato “no tenía constancia alguna de la existencia de estas tarjetas” y que el uso de la tarjeta “opaca”, que aparenta ser un sobresueldo, es absolutamente reprobable e inaceptable”.

El catedrático de Economía, Moral Santín, de Izquierda Unida, ha manifestado, en entrevista concedida a El Mundo, que “al tomar posesión del cargo, el entonces Secretario General de la Caja, y del Consejo, me proporcionó la tarjeta, soportada en el correspondiente contrato

Asimismo añade que “La información que siempre recibimos de los directivos de la entidad, muy especialmente, a través de los secretarios generales, nos ratificó la plena legalidad de las tarjetas de los consejeros. Nunca tuvimos información, a partir de la actuación de los supervisores, o de la inspección fiscal, de la existencia de irregularidad o reserva alguna acerca de las tarjetas. Tantas veces como distintos consejeros nos interesamos acerca de este asunto con nuestro interlocutor al respecto, el secretario general, la respuesta, acompañada de los pertinentes datos y argumentos técnico-jurídicos, siempre vino a ser la misma: todo está en orden y de acuerdo con la inspección tributaria”.

De estas argumentaciones cabe recoger, como elemento principal, que los implicados o quienes los nombraron, manifiestan que se trataba de pautas de conducta habituales en el sistema desde hacía mucho tiempo y que ningún supervisor había informado de que hubiese problema o irregularidad alguna.

Todo ello nos lleva a la necesidad urgente de pautar más las conductas públicas. No se trata de pautar con rango de ley. Basta con instrucciones internas públicas. Tampoco se debe pretender elaborar protocolos tan perfectos que puedan regular todas las conductas humanas. Eso es imposible, en especial, aquéllas que requieren interpretación los valores y plasmarlos en instrucciones. Igualmente no será posible, ni sería deseable, pretender eliminar la parte subjetiva de los procesos de reflexión y análisis. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones hay pautar más las conductas no sólo a nivel ejecutivo sino también en el plano directivo.

Fernández Toxo ha dicho que CCOO investiga si estas prácticas (las tarjetas opacas y similares) se empleaban en otros lugares. Esta es una decisión altamente encomiable. ¿Qué otras instituciones sociales han decidido algo similar? ¿Qué partidos o agentes sociales han preguntado lo mismo a sus afiliados que estén o hayan estado en los Consejos de Administración de las diferentes Cajas? ¿Han dado las instituciones oficiales instrucciones y plazos para aportar esa información? Es obvio que, una petición urgente de información sobre si existen o no ese tipo de tarjetas, quiénes son o han sido sus beneficiarios y qué cantidades han utilizado, puede ser respondida en una semana.

Aquí nos encontramos con uno de los nudos gordianos del problema. Modificar conductas públicas irregulares consolidadas requiere mucho valor. Hay que dar la cara y estar dispuesto a tirar de la manta. Hay que estar dispuesto a empezar de nuevo y hay que ser capaces de entender y diferenciar que no es la misma la responsabilidad de quien hayan usado un sistema corrupto que la de aquellos que lo hayan diseñado o lo hayan ido avalando. Limpiar la corrupción se enfrenta con el obstáculo de la posible implicación, directa o indirecta, permanente o coyuntural, de la llamada “casta política”, a lo largo del periodo democrático. La relación desde 1988 de los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid hayan tenido y usado estas tarjetas puede ser muy amplia.

El tema se complica porque tirar de la manta en Bankia, obligará a tirar de la manta en muchos otros sitios: Gurtel, ERES, 4%, caso Plaza, contrataciones abusivas, etc.

Ante esta realidad, la medida propuesta por el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, “la lucha contra la corrupción debe ser prioritaria, con medidas para proteger a los denunciantes de los fraudes” es una medida correcta. Exigiría, obviamente, dar ejemplo en la propia casa. Una cosa es predicar y otra dar trigo pero hay que dar trigo y además a corto plazo para que España retome un camino adecuado.

¿Quién será el primero que, para dar ejemplo, reconozca en el Parlamento que su partido, o su Gobierno central, autonómico o local, ha cometido irregularidades? Habrá que ser muy valiente para hacerlo pero no queda otro camino. La alternativa es que se pudran las cosas y esperar al periodo de ingobernabilidad que puede venir tras las futuras elecciones, bien por la dispersión del voto bien por el intento de aplicar políticas imposibles que entre otras cosas pretendan meter en la cárcel a todos los implicados. (¡Largo y tormentoso nos lo fiáis, si se actúa así!).

Junto a un irrenunciable dar la cara, hay también que plantear un tema muy delicado de defender ante a la opinión pública: proponer el equivalente a una “amnistía fiscal” (la Constitución prohíbe expresamente los indultos generales) como contrapartida a la devolución de esos ingresos indebidos y a una renuncia a la carrera política. Así se evitarían inacabables y siempre incompletos procesos judiciales que se prolongarían años y que no estimularían ni a tirar de la manta ni a denunciar lo que se conoce. Habría, obviamente, que diferenciar entre los responsables principales, los que crearon o mantuvieron los sistemas de corrupción, y quienes tan sólo participaron o se beneficiaron de ellos. Las responsabilidades no son las mismas. No hay que olvidar que, cuando hay una cultura establecida, que viene desde arriba, hay que ser muy valiente para no aplicarla y más aún, para cuestionarla o denunciarla.

Tres son los pilares imprescindibles para acabar con la corrupción y empezar una nueva etapa.

Primero, voluntad e inteligencia para pautar las conductas públicas directivas, de forma que queden patentes las responsabilidades de conocer lo que hace la organización, evaluarla periódicamente, tomar medidas de corrección, ser transparente y pedir, explícitamente, que lo sean también todos los miembros de la organización, facilitando incluso la denuncia anónima, sin esperar a que las cosas estallen.

Segundo, transparencia sin subterfugios, tirar de la manta, desde ya, para que los hechos sean conocidos y puestos a la luz, aportando el detalle de cómo se iniciaron y por qué. Impulsar la transparencia real es el único camino para que los políticos puedan asumir el rol revolucionario que la sociedad necesita. Esto los cualificará para proponer medidas a nivel de Europa, incluido para decirle a la presidenta Merkel que no puede blindar a las Cajas alemanas frente a la irrenunciable necesidad de transparencia de todo el sistema financiero.

Tercero, mesura y pragmatismo. Pretender, ante todo, hacer que afloren la mayor parte de casos para limpiar el escenario y cambiar las conductas. No ofrecer salida a los implicados de segundo o menor nivel sería un error que pagará la sociedad entera. La mayoría de los partidos e instituciones sociales siguen poniendo palos en las ruedas de la transparencia en todo lo que les afecta. Por ello, la situación de opacidad ante la corrupción sigue y seguirá sin desbloquearse y nos llevará al desastre y a la demagogia. Es necesario buscar una salida sensata y equitativa, que ponga todo a la luz, sin pretender ser justicieros lo que, muy probablemente, impediría la transparencia.

Limpiar la corrupción y empezar una etapa nueva no es fácil pero nunca los temas importantes han sido fáciles en la historia.