Las estimaciones hablan de que estos talleres ilegales son ya cerca del 20% del total, con un número de unos 10.000 negocios de posventa ejerciendo su actividad de manera ilícita. No atienden a los criterios técnicos requeridos por el Ministerio de Industria y Consumo, sin cumplir las obligaciones legales con Hacienda, la Seguridad Social y Medio Ambiente.
El sector de la automoción es el principal perjudicado por esta práctica delictiva, perdiendo en la posventa más de 3.500 millones de euros en tan solo los últimos seis años, según informa la web
compramostucoche.es.
Unas cifras lamentables que, además, han provocado el cierre de más de 6.200 talleres en este periodo de tiempo.
En los años comprendidos entre 2007 y 2013, el sector ha tenido pérdidas en reparaciones cercanas a los 12 millones de euros como consecuencia directa del déficit de matriculaciones, reduciéndose un 40% la cuota de vehículos menores de cinco años, que son los más rentables para el taller, y, el creciente e imparable ascenso del envejecimiento del parque móvil español.
Es por eso que los expertos y las autoridades advierten de la necesidad de confiar únicamente en centros legales para cualquier transacción o reparación de vehículos. La seguridad en las carreteras es una de las principales preocupaciones del Gobierno y algo por lo que todos los ciudadanos deben luchar.