SOS-Racismo denuncia al Defensor del Pueblo la redada racista de Galapagar

Según el Ayuntamiento, uno de los detenidos tenía una orden de expulsión en vigor y a los otros cinco, que estaban en situación ilegal, se les abrió expediente para expulsarles del país. Desde un punto de vista diferente, las citadas entidades han calificado de "muy graves" los hechos porque suponen, han asegurado, "la identificación indiscriminada de personas al objeto de controlar su situación administrativa" por el simple hecho de que fueran de otra raza o país, y sin mediar ningún otro motivo contra la Ley. Es decir, que no habían cometido ningún delito.

A juicio de las entidades denunciantes, en esa intervención se realizaron identificaciones "a personas cuya apariencia física difiere de la mayoritaria y sin que medien motivos de indicios de un delito, de alteración del orden público o de inseguridad ciudadana". En ese sentido, han subrayado que "las identificaciones basadas en perfiles étnicos o raciales es contraria a derecho", al tiempo que han recordado que son numerosas las instituciones que han solicitado al ejecutivo central que abandone esta práctica.

Por ello, piden que se investiguen los hechos denunciados para que se depuren responsabilidades y se evite que se vuelva a producir una situación similar, lo que, según fuentes consultadas por este medio, podría traducirse en la apertura de diligencias judiciales contra el Alcalde del Partido Popular Daniel Pérez por presuntos delitos contra los derechos fundamentales de las personas.