LAGUNAS JURÍDICAS Y DESCONOCIMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS INTERNAUTAS
El nuevo entorno digital se convierte en un ámbito prioritario para las organizaciones de consumidores y usuarios
Se celebra la Jornada 30º Aniversario de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios
martes 21 de octubre de 2014, 14:31h
El desafío que supone la defensa de los consumidores y usuarios en el entorno digital y globalizado, el problema del sobreendeudamiento, la gestión eficaz de los servicios públicos, la potenciación del sistema arbitral de consumo y el fortalecimiento de las organizaciones de consumidores fueron los elementos clave de la intervención de la Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Manuela López Besteiro, en la Jornada de conmemoración de los 30 años de la LGDCU celebrada el pasado 24 de junio. En la Jornada intervinieron el Presidente del Congreso, Jesús Posada; la Secretaria General de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas; la Directora Ejecutiva de la AECOSAN, Ángela López de Sa; la Subdirectora General de la AECOSAN, Milagros Yagüe; el Presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña; el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Galicia, Carlos Varela, y el Catedrático de Derecho Civil, Manuel Ignacio Feliú.
En dicha intervención, Manuela López Besteiro, destacó los grandes avances en la protección de los ciudadanos como demandantes de bienes y servicios que se han producido en estos años, de acuerdo con el mandato constitucional que prevé la defensa de los consumidores y su participación en la toma de decisiones públicas.
Asimismo, puso de relieve el desafío que la crisis económica supone para el mantenimiento de los derechos de los consumidores y el papel capital que desempeñan las organizaciones de consumidores a la hora de defender esos derechos con recursos muy precarios si se comparan con aquéllos de los que disponen las empresas.
Como propuestas concretas de cara al futuro, la Presidenta del CCU pidió una mayor presencia de los contenidos de consumo en la educación y en los medios de comunicación públicos. El desarrollo de un consumo sostenible que tenga en cuenta el impacto ambiental. La regulación de los servicios de atención al consumidor. La puesta en marcha de una ley de quiebra familiar para afrontar los problemas relacionados con el sobreendeudamiento. Mecanismos de control y transparencia que garanticen la eficacia de los servicios públicos. Un mayor control de la seguridad de los productos, especialmente los que se importan de países terceros. Rebaja del IVA para los productos básicos. Más garantías para los usuarios de telecomunicaciones y en el ámbito del comercio electrónico, incluyendo la protección de datos y el consentimiento expreso de los ciudadanos para su utilización. Y, finalmente, medidas que garanticen la tutela judicial y efectiva de los ciudadanos con mayores competencias para el Ministerio Fiscal en esa defensa.
En su intervención en la Jornada, la Secretaria General de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, hizo también hincapié en el mandato constitucional a los poderes públicos para garantizar la defensa de la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los ciudadanos. Y tuvo una referencia para las organizaciones de consumidores como elemento clave en esa protección de los ciudadanos.