CRECE LA INCERTIDUMBRE Y LA INSEGURIDAD JURÍDICA DE LAS EMPRESAS CATALANAS
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| La responsabilidad última de las decisiones políticas que se están adoptando en Cataluña recaerán finalmente sobre el presidente Artur Mas. |
Según 'Empresaris de Catalunya', la resolución del Parlament aboca a las empresas de Cataluña a una incertidumbre inaceptable ante UE y OCDE
· La postura de la cámara catalana convertirá la Comunidad Autónoma en un territorio paria y tendrá efectos devastadores sobre el empleo, la inversión y el consumo
sábado 14 de noviembre de 2015, 06:51h
La resolución aprobada por el Parlament de Catalunya incluye acciones como la puesta en marcha de una seguridad social catalana, la renegociación de la deuda bancaria o el incumplimiento selectivo de las leyes orgánicas vigentes en toda España que obligan y amparan a todos los ciudadanos. Ante esta aprobación, Empresaris de Catalunya (EC) quiere recordar que el impago de deuda o el incumplimiento de leyes y normativas es lo que condujo a Grecia al colapso económico. Para el presidente de EC, José Bou, es “inconcebible que un gobierno autonómico de un país de la UE y miembro de la OCDE plantee a las empresas la dicotomía de atender las exigencias de una Seguridad Social ficticia o de una hacienda escindida”. Para los empresarios catalanes, la decisión unilateral y no consensuada del Parlament catalán aboca a los sectores productivos a una situación de inseguridad jurídica insostenible e inviable ante el resto de las instituciones europeas.
Las advertencias de las agencias de rating y el alud de noticias sobre la declaración del Parlament generarán una ola de desconfianza hacia Catalunya que afectará a las empresas, a la banca y a sectores estratégicos. La asociación considera obvio que tras periodos convulsos como el vivido por Grecia, el país heleno sólo ha enderezado su rumbo tras replantear sus postulados políticos y entrar en una senda de negociación.
Ante estas circunstancias, José Bou insiste que “lo mas urgente para Catalunya y los catalanes es volver a la normalidad institucional”. En este sentido, Bou insiste que la toma de “posiciones claras en relación al cumplimiento de la Ley por parte del Estado es clave para garantizar dicha normalidad”.
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