El que es para muchos legitimistas franceses el heredero a la corona de Francia por la rama de los Borbones, Luis Alfonso de Borbón, ha sido elegido Presidente de Honor de la Fundación Francisco Franco (www.fnff.es). Su nombre completo es Luis Alfonso Gonzalo Víctor Manuel Marco de Borbón y Martínez-Bordiú (Madrid, 25 de abril de 1974), y es conocido en Francia como el príncipe Louis Alphonse de Bourbon, al ser considerado por la rama monárquica como el rey Luis XX de Francia y Navarra. Luis Alfonso de Borbón, que cuenta asimismo con numerosos seguidores en España por su honestidad y firmeza, es hijo de Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz y de María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco, nieta de Francisco Franco y II duquesa de Franco, que es el único titulo nobiliario que puede heredar en España. Dado que algunos sectores monárquicos franceses consideraban a su padre jefe de la Casa de Borbón de Francia, y heredero por tanto de sus últimos reyes de la dinastía Borbón desde la muerte de su padre, el infante Jaime de Borbón en 1975, Luis Alfonso es el pretendiente reconocido al trono francés. Luis Alfonso realizó sus estudios primarios en el colegio hispano-francés Molière de Pozuelo de Alarcón. Posteriormente, cursó en el Liceo Francés de Madrid estudios secundarios, y se licenció en Ciencias Empresariales en CUNEF, realizando a continuación un máster en Finanzas también en Madrid. Trabajó varios años para el banco BNP Paribas en Madrid.
Hijo del Duque de Cádiz (fallecido en 1989) y Carmen Martínez-Bordiú Franco, Luis Alfonso de Borbón tenía un año y medio cuando murió Franco, cuyos restos se pretenden ahora sacar de su sepulcro a los pies del altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos por el Gobierno de Pedro Sánchez. Fue allí donde, el 22 de noviembre de 1975, ordenó Juan Carlos I a la orden benedictina que custodia el templo que fuera enterrado Francisco Franco.
El nuevo presidente de honor de la Fundación Francisco Franco, bisnieto de Alfonso XIII y pretendiente al trono francés, fue uno de los mies de asistentes que participaron el pasado 15 de julio en un acto en Cuelgamuros para protestar por la profanación de la sepultira del general Franco que trata de consumar el Ejecutivo y que es calificado en diversos medios nacionales y extranjeros como un grave error que pondrá en entredicho la imparcialidad del gobierno. De hecho, una de las cuestiones que se critica es la del grado de excepcionalidad inaceptable e injustificable que el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá para el cadáver de Franco, al que solamente puede sacar de su tumba profanada mediante un Real Decreto que además tendría que firmar el rey Felipe VI. Se trataría de una medida de carácer excepcional para una cuestión que tiene ningún interés nacional y es de extrema urgencia o necesidad para los españoles.
La fundación cuyo patronato presidirá tiene varios frentes importantes abiertos. Por una parte, el Gobierno ya ha anunciado que estudiará la manera de llevar a cabo la “ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo” después de que la mayoría absoluta del PP en el Senado haya logrado tumbar la iniciativa que, en esta dirección, promovió el PSOE. También se trataria, según expertos juristas, de una medida innecesaria que no tendría además carácter retroactivo para la FNFF, ya que es imposible anularle los derechos que emanan de la igualdad de ocndiciones para todos los españoles de acuerdo con sus ideas y credos. Por tanto, la ilegalización de la FNFF sería de todo punto una "ilegalidad" propiamente dicha. Por otra parte, la FNFF se enfrenta a la defensa de la profanación de la sepultura de Franciso Franco, hecho ante el que se opone frontalmente la familia y junto a la que se alinea tanto la FNFF como los miles de seguidores que ya han demostrado su adhesión en diversas ocasiones. La fundación defiende que no es posible el traslado a otra sepultura ante la negativa expresado por los descendientes y la inviolabilidad de la basílica en virtud del acuerdo firmado entre el Estado y la Santa Sede en 1979, dejando entrever que acudiría a los tribunales en caso de que el Gobierno consume su voluntad. La mayor parte de los juristas consideran que la denuncia contra el Gobierno surtiría efecto
“No lo van a tener fácil. Al menos, no con la ley en la mano. En un Estado de Derecho, el poder está sometido al imperio de la ley y ésta es clara al exigir la autorización de la familia para llevar a cabo una exhumación salvo que concurran razones sanitarias excepcionales. Una vez que la familia de Francisco Franco se ha pronunciado de forma unánime, clara y terminante en contra de cualquier exhumación y de la utilización política de los restos mortales del Generalísimo, sólo podría cumplir el gobierno su macabro propósito violentando la ley y la voluntad de sus familiares”, ha advertido la FNFF.
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