Según los papeles de Bárcenas, Mercadona entregó al PP 90.000 euros el 15 de marzo de 2004 y otros 150.000 el 27 de febrero de 2008, momentos que coinciden con los de una recalificación urbanística en el municipio de Galapagar (PP) que posibilitaron la apertura de uno de los centros de la gran cadena de supermercados. Según ha podido saber este medio, diversos vecinos denunciaron y recurrieron la recalificación y las licencias concedidas por el Ayuntamiento, aunque no se pudo impedir su apertura.
Como ya
publicó este medio, el dinero de las cuentas de Bárcenas podría provenir de comisiones ilegales por tratos de favor frente a concesiones y contratas idénticos a los que denunciaron algunos vecinos del madrileño municipio de Galapagar, y que dieron lugar a un “pelotazo” urbanístico por el que se podrían llegar a construir viviendas para unas 5.000 personas, más de un 10% del total de habitantes actuales que habitan en el municipio. En el mismo suelo recalificado se construyó un Mercadona y un nuevo Centro de Salud.
Sin embargo la crisis ha impedido que las viviendas pudieran desarrollarse, y transcurridos varios años desde la aprobación de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas, que supusieron una recalificación del suelo beneficiando solo a algunos propietarios, ninguna de las líneas de alta tensión que atraviesan el polígono han sido tampoco retiradas, pese a los compromisos tanto de Ayuntamiento como de Comunidad Autónoma y Red Eléctrica.
Tras las denuncias de algunos
medios de comunicación, parece que
Mercadona disfrutó de un trato privilegiado por parte del Partido Popular (PP). Una de esas situaciones privilegiadas fue la que se vivió en el madrileño municipio de Galapagar, donde el Ayuntamiento (PP) concedió permisos para que se levantara un centro comercial de la gran cadena de supermercados sobre un suelo que hubo que recalificar en un procedimiento de dudosa legalidad y que fue múltiplemente denunciado por diversos vecinos.
Una de las acusaciones denunciaba además que el suelo favorecía a la familia del actual concejal de Hacienda Fernando Arias Moral (PP), entorno familiar que ya disfruta además del beneficio de otros contratos municipales.
Según las informaciones publicadas por los diarios El Mundo y El País, Mercadona habría entregado a la tesorería del Partido Popular 90.000 euros el 15 de marzo de 2004 y otros 150.000 el 27 de febrero de 2008, fechas que coinciden temporalmente con la recalificación del “Mercadona” de Galapagar que se produjo en 2006.
En los papeles de Bárcenas que publicó el diario El País aparecen supuestos donantes muy conocidos en el mundo empresarial y en el Ibex 35, entre ellos el presidente de la cadena de supermercados Mercadona, Juan Roig, aunque negaron haber pagado en B al Partido Popular. También aparecieron otras personas ligadas a la vida urbanística y de los negocios inmobiliarios de Galapagar, todas ellas vinculadas al Partido Popular, como Luis Gálvez, de Ploder, que fue arquitecto municipal condenado en diversas ocasiones junto con el alcalde popular Eugenio de Pablo por diversas actuaciones al frente del consistorio.
El municipio de Galapagar no cuenta con PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), como ya se denunció ante la Asamblea de Madrid en diversas ocasiones, excepción ésta que ha sido profusamente utilizada por el Ayuntamiento para emprender escandalosas recalificaciones y modificaciones puntuales que han llamado la atención tanto a vecinos como a medios de comunicación.
El 28 de marzo de 2006 se aprobó una Modificación Puntual de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Galapagar, en el ámbito de la Unidad de Ejecución San Gregorio, que es la que afectó o posibilitó la construcción del Mercadona de Galapagar. Esta modificación impulsada por un gobierno del PP, supuso un “pelotazo” que fue llevado a los Tribunales, incluso hasta el Tribunal Supremo, aunque finalmente no dieron la razón a los recurrentes, pese a reconocer que los proyectos no estaban firmados por funcionarios municipales. A fecha de hoy no se conoce siquiera si el centro comercial cuenta con licencia municipal, pues algunos vecinos denunciaron que el centro comercial se apertura al público sin contar con los debidos permisos, lo que al parecer fue resuelto apresuradamente por el consistorio en fechas siguientes.
Contra el Acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Complementarias y Subsidiarias de Galapagar, en el ámbito de la Unidad de Ejecución San Gregorio, adoptado por la Comisión de Urbanismo de Madrid en su sesión del día 28 de marzo de 2006, un vecino interpuso Recurso Contencioso-Administrativo que fue tramitado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el número 489/2006. La modificación puntual fue aprobado definitivamente por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid el 26 de abril de 2006, pese a que la zona estaba clasificada como Suelo No Urbanizable Común por las Normas Complementarias de 1989 para revertir su incorporación al proceso urbanizador (las Normas Subsidiarias originales de 1976 las consideraban suelo de “Reserva Urbana”, equiparable a urbanizable), y más adelante se pretendió clasificarlas como Urbanizable Sectorizado o Urbano No Consolidado en los avances de PGOU que se proyectaron pero que jamás de aprobaron.
Aunque a estas zonas no se les otorgaba la categoría de especial protección, las Normas Complementarias de 1989 sí consideraron que estos terrenos poseían valores ambientales que debían preservarse, por lo cual se paralizó su incorporación al proceso urbanizador, todo lo cual se trastocó con las recalificaciones emprendidas por el PP de Galapagar que dieron lugar a la construcción del citado Mercadona.