Tres en uno que chirría

En efecto, observamos que ambas citadas normas contienen elementos técnicos y procedimentales muy valiosos. ¿Cómo no va a ser aplaudible la armonización y perfecta coordinación de los distintos sistemas informáticos que administran temas como la justicia o la seguridad de las personas (policías)? ¿Cómo no va a ser loable la supresión de miríadas de organismos públicos solapados y la recuperación de las economías de escala para un sector público en la ruina? Y podríamos seguir. Los textos tienen, repitámoslo, propuestas de gestión buena y muy buena. El drama es que, para España, los problemas de gestión son los menores de sus problemas, por muy grandes que sean. Es de escasa utilidad mejorar la técnica si no se aborda previamente el diagnóstico, y las Leyes supradichas proponen muchos mejores analgésicos para curar... ¡la gangrena! Un curioso detalle evidencia lo dicho: ¿Se han fijado Ustedes que en las propuestas del Gobierno no existe ningún análisis del porque hemos llegado a esta situación? ¿Cuál es la razón por la que hemos destrozado nuestro mercado único secular? ¿Saben que no existe ninguna otra nación de la OCDE en la que recuperar un mercado único sea un asunto necesario? Si no entendemos lo que nos ha pasado, no habrá remedio técnico que valga, aunque sea de premio Nobel. Lo que indica que el mayor problema de los españoles, de su futuro, no es de “management”, ni siquiera económico, (y miren que es gordo). Es político.

Y en el sentido más genuino, en el de ahormar, modular y configurar la “polis”, al servicio de sus habitantes. Por eso, para proponer una reforma de las administraciones públicas, es indispensable determinar antes cual es el tipo de Administración Pública que necesitan los ciudadanos. Y, a la vista de la experiencia acumulada en los últimos 30 años, de sus defectos y virtudes, de su dinámica, a menudo destructiva, de su inadaptación a tiempos de crisis, etc... re-diseñarla, probablemente revolucionarla, por bien de todos. Una vez planteada, entre todos y sin exclusivismos de piratas, la Administración que debería maximizar la prosperidad y la igualdad radical de todos los españoles para los próximos treinta años, bienvenidas sean las mejoras técnicas. No antes, pues se quedan en parches distrayentes. Lo que supone claro está, revisar con sentido común lamentables fronteras interiores imaginarias y las competencias de las distintas administraciones. Por eso el problema es político. El Gobierno, por intereses de los que no queremos acordarnos, no quiere abordar la gangrena, y lo que es peor, quiere convencer a los administrados que lo hace cuándo sólo se centra en asuntos técnicos y funcionariales. Puede ser grave irresponsabilidad histórica.

Desgraciadamente no para ahí la confusión. La base del perjuicio a los ciudadanos españoles es democrática y, por lo tanto ética. El problema político de la Administración Pública que padecen o disfrutan los españoles, y que tiene su máximo exponente en el deterioro absoluto de muchas Instituciones claves, y tampoco es deterioro técnico, sino radical, hunde sus raíces en graves carencias democráticas. Miremos nuestra conciencia de frente: una Administración no se puede crear, ni agigantar, para servirse a sí misma, ni a los Partidos, ni a los caciques ni a los separatistas. Una Administración de una nación democrática no puede hacerse de espaldas al bien general ni en contra de él. Y mucho menos engañando, manipulando, deseducando... Es una afrenta a valores básicos de convivencia y respeto en la “polis”. Este problema ético convive con el político y su hermano menor, el técnico.

Que toda una “clase política” (salvemos a UPyD y a algún Partido regional) se dedique a intentar arreglar aspectos de gestión, intentando hacernos creer que aborda de raíz nuestro problema político/institucional e ignorando el problema ético, francamente, es una muy mala noticia. Este tres en uno chirriante puede destrozar la mecánica de nuestro futuro.