Tras más de 7 años sin respuesta, los afectados exigen soluciones y reclaman diálogo al Gobierno con el horizonte de plantear una hoja de ruta antes del próximo mayo, cuando se cumplirán 8 años del estallido del caso. Volverán así a la escena política y de la justicia con un nuevo planteamiento unitario bajo los lemas “Forum, Afinsa, justicia y solución política YA!” y “Sí, se puede, pero no quieren”. La nueva “Plataforma Solución Fórum - Afinsa” ha presentado hoy en rueda de prensa la declaración de unidad y su campaña “Justicia y Solución YA!”. La plataforma unitaria está integrada por ADICAE y la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, que en conjunto representan a más de tres cuartas partes de los 470.000 afectados. Convocan las primeras acciones y movilizaciones para el jueves 12 de diciembre en 12 ciudades, que en el caso de Madrid consistirá en una cadena humana ante el Ministerio de Justicia en Madrid. La campaña incluye una imagen propia, acciones directas, movilizaciones, recogida de apoyos, redes sociales y una página web de la campaña www.solucion-forum-afinsa.org.
La nueva estrategia de unidad surge coincidiendo con los 2 años del Gobierno del PP, partido que, mediante carta firmada por el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, se comprometió a dar una solución cuando llegase al Gobierno. Los perjudicados denuncian el flagrante incumplimiento del compromiso y el desinterés del resto de grupos políticos, viéndose legitimados a subir el tono de sus reivindicaciones.
La Plataforma tiene dos ejes de reivindicaciones: Solución Política y Justicia. Impulsan así una elaborada propuesta de solución política, basada en que el Estado adquiera a los derechos reconocidos a los afectados en el paralizado proceso concursal de liquidación de las empresas. Esta propuesta, que no generaría déficit y que ya ha sido apoyada por unanimidad por los Parlamentos de Aragón, Valencia y Murcia, está ahora sobre el tejado del Gobierno Central.
Por otro lado, los afectados de Fórum y Afinsa exigen la apertura inmediata de la fase de juicio oral en los procedimientos penales instruidos por los jueces Pablo Ruz y Santiago Pedraz, respectivamente. Portavoces del colectivo aseguran que “casi ocho años después de la intervención de las empresas y publicados los informes periciales definitivos, esta dilación en la causa penal es antijurídica y genera indefensión al medio millón de ahorradores afectados, que tienen derecho a saber la verdad”.
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