Las empresas llaman a un “rearme moral” para evitar que la colaboración público-privada se convierta en un tema tabú

El encuentro ha contado con la participación de Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad; Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad y Vida; Juan Díez de los Ríos, presidente de la patronal de empresas de limpieza Aspel; Gerardo Sánchez Revenga, presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide); José Carlos Guisado, miembro de la Junta Directiva de CEPES y CEO de la Fundación Espriú; y Pilar Mairal, investigadora del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid.

Todos ellos han coincidido en la necesidad de hacer un esfuerzo de pedagogía para trasladar a la sociedad la verdadera realidad de la colaboración público-privada y evitar la visión “excesivamente politizada” que llega en la actualidad.

“El debate sobre la colaboración público-privada está demasiado ideologizado, se limita a la controversia entre externalizar o no servicios, y es mucho más que eso”, ha planteado la profesora Pilar Mairal. “Hay alianzas estratégicas entre dos o más entidades colaboradoras, con o sin fines lucrativos, liderazgos colaborativos para impulsar la innovación…y tampoco se limitan a la provisión de bienes y servicios también, por ejemplo, a intercambios de conocimiento”.

En opinión de Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad y Vida, que agrupa a una treintena de firmas que cooperan diariamente con la Administración en la prestación de servicios socio-sanitarios, esa politización del debate ha generado un estado de opinión que exige “un rearme moral” por parte del tejido empresarial que contrata con la Administración para atreverse a meter en el debate público el asunto de la colaboración público-privada y que no termine convirtiéndose “en un tema tabú”.

DISTINGUIR ENTRE EXTERNALIZACIÓN Y PRIVATIZACIÓN

En este sentido, el presidente de la patronal de las empresas de limpieza, Aspel, Juan Díez de los Ríos, ha rechazado el discurso de la privatización que se agita habitualmente contra la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos. “La bandera de la privatización de servicios no es tal porque cuando se externaliza la prestación de un servicio su titularidad y la autoridad sobre el mismo continúa siendo pública”.

Para Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad, una organización formada por una veintena de directivos de las principales empresas proveedoras de bienes y servicios del Sistema Nacional de Salud, la colaboración entre la Administración y la iniciativa privada es necesaria si se quiere garantizar la sostenibilidad del actual nivel de servicios públicos, pero para que su desarrollo sea lo más eficiente posible la Administración debe hacer un ejercicio de análisis para identificar en qué ámbitos es más necesaria. “A día de hoy, las Administraciones Públicas aún no saben para qué utilizar la colaboración público-privada. En el sector sanitario es muy evidente que hay servicios que están siendo costeados con cargo a las arcas públicas y que serían prestados de una forma más eficiente si se externalizaran. Pero lo primero que la Administración se tiene que plantear es si lo que quiere es un auténtico modelo de colaboración público-privada o simplemente un modelo alternativo de financiación, porque no es lo mismo una cosa que la otra”.

“La externalización de servicios no es ni buena ni mala”, ha abundado el presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, Gerardo Sánchez Revenga. “Es una solución útil cuando la Administración no dispone de los recursos necesarios para gestionar un determinado servicios”.

En estos casos, ha continuado, las alianzas entre sector público y privado tienen numerosas ventajas frente a la prestación directa de servicios por parte de la Administración. “Desde la perspectiva del sector público permite dinamizar la economía, incrementar el ritmo inversor, diferir los costes iniciales de la construcción de infraestructuras y eludir el condicionante del déficit en sus políticas de gasto; y para el sector privado le permite cerrar contratos a medio y largo plazo que siempre son una garantía de estabilidad”.

“Al final, esto no es un favor que lo público hace a lo privado, ni de lo privado a lo público, en estas alianzas se supone que ganan todos, la sociedad incluida”, remarca la investigadora del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración y experta en modelos públicos-privados, Pilar Mairal.

FUTURO Y REFORMA DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

El futuro a corto plazo de la colaboración público-privada pasa por el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya ha sometido al visto bueno del Consejo de Ministros y que ahora se encuentra en fase de información pública.

Los participantes en el Foro Servimedia Comunicación no albergan muchas esperanzas en que el Gobierno impulse con este proyecto la colaboración público-privada, que por lo pronto elimina del marco normativo español el contrato de colaboración público-privada, aunque sí creen que se debería hacer un esfuerzo para acabar con determinadas distorsiones como, por ejemplo, la utilización del factor precio como casi único criterio en la adjudicación de los concursos.

“Hay que acabar con ese principio de que la oferta más ventajosa económicamente es la más barata porque eso no es así”, ha asegurado Juan Díez de los Ríos. “Se deben definir adecuadamente los criterios a partir de los cuales se fijan los precios de los contratos, sólo así se podrá identificar cuando una oferta es desproporcionada y cuándo una adjudicación es en realidad un contrato de reestructuración laboral”.

Para José Carlos Guisado, CEO de la Fundación Espriú y miembro de la Junta Directiva de CEPES, también cabría definir con claridad el concepto de colaboración público privada en el nuevo texto legal para evitar interpretaciones perniciosas y equilibrar un poco más la relación entre Administración y empresas privadas en los contratos de colaboración.

Con todo, los participantes en el Foro Servimedia Comunicación han coincidido en que más allá de lo que se haga con los textos legales, la colaboración público-privada en España empezará a cerrar la brecha que la separa de Europa en los próximos años.

“Si lo que queremos es mantener el actual nivel de los servicios públicos, la colaboración público-privada tendrá que intensificarse en los próximos años”, asegura Ángel Puente. “En el caso de la Sanidad, la mejora de los servicios y la sostenibilidad del sistema sanitario pasa por una mayor intervención de la iniciativa privada”.

El presidente de la Fundación Edad y Vida también vislumbra un importante desarrollo de estas alianzas entre lo público y lo privado. “Con los 50.000 millones de euros de déficit público que arrastra el país, no es que la Administración necesite la colaboración de la iniciativa privada es que muy posiblemente nos van a obligar a colaborar”. ¿Cuándo sucederá esto? “Al final, el desarrollo de la colaboración público-privada se dará cuando seamos capaces de convencer a la sociedad de que es buena para el contribuyente”.

Los participantes han coincidido, como conclusión, que la reivindicación de este modelo de alianzas público-privadas no es ningún exotismo y que, bien al contrario, es una tendencia que se está danto en toda Europa y que tarde o temprano acabará arraigando en España. “Cuando hablamos de colaboración público-privada no somos un especie de burbuja extraña, es algo de lo que se lleva hablando en toda Europa durante años y que cada vez está más presente en las tendencias normativas de los principales países europeos”, ha remachado José Carlos Guisado.