La implantación de la factura electrónica en las Administraciones Públicas

· Por Alberto Redondo, Markeging Manager Iberia & Latam Seres

domingo 18 de octubre de 2015, 11:42h

Actualizado el: 19/10/2015 16:50h

Alberto Redondo, Markeging Manager Iberia & Latam SERES.

La factura electrónica en las AAPP ha evolucionado en cada nivel, estatal, autonómico y local, tras el cambio normativo impulsado por el Gobierno a finales de 2013. Fue en diciembre de 2013 cuando el gobierno aprobó la ley de impulso a la Factura Electrónica, que contemplaba, a partir del 15 de enero del mismo año, la obligatoriedad de su uso por las empresas que operan con las distintas Administraciones Públicas. Además, pasados seis meses de esa fecha, el Gobierno modificó la norma de 2013 para resolver algunas de las problemáticas identificadas en la relación entre las AAPP y las empresas. Gracias a la Ley 25/2013 y a sus modificaciones, el proveedor puede presentar facturas en formato electrónico en el punto de entrega de facturas de la AGE, la plataforma FACe, cuando las administraciones a las que se factura no tengan un punto de entrada operativo. Además, se establece el derecho de los proveedores a ser informados sobre el uso de la factura electrónica y se crea un Directorio de Puntos de Entrada, necesario para que cada proveedor sepa dónde tiene que enviar las facturas.

Algo más de dos años más tarde de la creación de esta ley, las Administraciones Públicas españolas han tramitado ya solo en el año 2015, hasta el 15 de julio, cerca de 4,8 millones de facturas electrónicas, tras este cambio normativo impulsado por el Gobierno.

Durante este primer semestre del año 2015, el 59% de la facturación ha sido tramitada a través de los FACe, o Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado, y el 41% restante a través de más de 1.500 puntos de entrada creados por las distintas Administraciones Públicas.

El 94% de las facturas dirigidas hacia las Comunidades Autónomas se ha enviado a través de los diversos puntos de entrada regionales y solo el 6% a través de los FACe. En el ámbito local, el 25% de las facturas se han recibido a través de los puntos propios creados por los municipios o por terceros a los que se han adherido, y el 75% a través de las FACe.

Como consecuencia del mencionado cambio normativo impulsado por el Gobierno, se ha permitido a las distintas gerencias ahorrar en este primer semestre de 2015 24 millones de euros, y cerca de 14 millones de euros a los proveedores, aunque se han visto penalizados por el sobrecoste derivado de la multiplicidad de puntos de entrada creados por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que les ha complicado el proceso de facturación.

La implantación de la factura electrónica en las Administraciones Públicas se ha impulsado desde la creación y modificación de la normativa, y todo indica que seguirá este estímulo a lo largo del presente año 2015.

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