La Fiscalía archiva la denuncia del IVF sobre el Valencian Global

José Vicente Pons, anunció hace quince días que había encargado un informe que haría llegar a los máximos responsables del IVF, Fiscalía y Abogacía de la Generalitat Valenciana, en el que explicaría los beneficios evidentes que el programa ha tenido para la economía y la administración valenciana, y en el que iba a rebatir de forma contundente las dudas planteadas.

En el informe que recibieron Fiscalía y Abogacía de la Generalitat, se resolvió definitivamente la acusación de “contrato oneroso” que planteaba la Abogacía, y se aportaron los datos que no le facilitó la actual administración, seguramente por desconocimiento.

El informe era muy contundente: ni Valencian Global ni ninguna de las empresas organizadoras han recibido un solo euro de subvenciones. Y los anticipos recibidos para abordar los gastos del programa fueron devueltos en tiempo y forma. Todos los préstamos del IVF eran aprobados por las correspondientes comisiones del instituto con las condiciones y garantías marcadas expresamente en el acuerdo, y que sería bueno recordar:

Las empresas (no VALENCIAN GLOBAL) firmaban la concesión de un préstamo por parte del IVF y debían cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:


· Acreditar un componente innovador.

· Acreditar un plan de negocio viable.

· Acreditar un volumen mínimo de facturación de 500.000 euros o EBITDA positivo.

· Acreditar haber acudido con éxito a rondas previas de financiación o haber obtenido financiación subordinada.

· Acreditar que no supera un riesgo vivo con el IVF de 300.000 euros.

· En todo caso es la comisión de inversiones del IVF la que decide en último término.

· Los préstamos eran hasta de 175.000 euros, con plazo de amortización de 10 años y 3 años de carencia.

Con estas condiciones, con un procedimiento reglado y transparente, absolutamente dependiente del IVF y de sus sistemas de control y concesión de préstamos (y sobre el que Valencian Global no puede asumir ninguna responsabilidad), no ha existido ninguna irregularidad en este convenio, como demuestra la decisión de la Fiscalía de archivar el asunto.

Los préstamos del IVF pasaban tres filtros, y el último dependía ÚNICAMENTE del IVF. Para José Vicente Pons, “todo el mundo debería reflexionar sobre lo ocurrido. Judicializar una duda administrativa no parece el camino más correcto, y menos cuando se intenta condenar públicamente a profesionales antes de que finalice la investigación”