El Parlamento Europeo está tramitando diferentes misivas a remitir al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo para pedir la revisión del ‘caso Kokorev’, dada la aparente vulneración de derechos humanos y violación de procedimientos garantistas en el proceso seguido en un juzgado de Las Palmas contra el supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España y su familia. Precisamente el impulso de la Eurocámara llega en un momento en el que Guinea Ecuatorial ha acreditado en Bruselas la legalidad de la actividad comercial entre la compañía del empresario hispano-ruso y el régimen de Malabo, que es el objeto de las sospechas que mantiene a Kokorev y a su hijo Igor ya 25 meses y preventivamente en la cárcel grancanaria de Juan Grande, tras la liberación de su mujer, Julia, la pasada semana. El embajador para la UE de la antigua colonia española, Carmelo Nvono, en comparecencia pública ante un grupo de europarlamentarios ha declarado que, como es público y notorio, “según Naciones Unidas, la OCDE, la Unión Europea y otros organismos internacionales, Guinea Ecuatorial no figura en ninguna lista negra por ser un paraíso fiscal o tener opacidad fiscal ni amparan a grupos de crimen organizado”. En este sentido, ha señalado que “sorprende que el ‘caso Kokorev’ llegue al Parlamento Europeo tan tarde porque ha sido archivado en dos ocasiones por la Fiscalía Anticorrupción de España. ¿Eso qué significa? Significa que las operaciones y transacciones de Kalunga Company [empresa de Kokorev] con el Estado de Guinea Ecuatorial obedecen a las actividades empresariales que desarrolló en mi país. ¿Y qué más? Significa que queda claro que Kalunga no es propiedad de Teodoro Obiang”.
El representante del Estado ecuatoguineano ante las instituciones comunitarias se ha preguntado por qué se quiere culpar e involucrar a su país en este caso, y ha subrayado que el Derecho Internacional Público establece principios de buena fe que no se están cumpliendo en la persecución contra Vladimir Kokorev, “porque no se demuestra nada y no se encuentra aquello que se quiere probar”. En este sentido, Carmelo Nvono ha concluido que “Guinea Ecuatorial mantiene magníficas relaciones con España, no sólo porque somos un país hispano sino porque somos un país abierto al comercio internacional, y ahí están las operaciones comerciales que se están dando hoy con la mayor normalidad (…) hemos llegado aquí no porque el señor Kokorev haya participado en un proceso de lavado de dinero con Teodoro Obiang, sino por una negligencia del proceso judicial español; no por una cuestión de blanqueo de capitales, que no ha existido en los negocios lícitos de Kalunga Company”, ha rematado en el Parlamento Europeo.
También ha llevado su testimonio a la Eurocámara Justino Obama, ex ministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial y actual Consejero Presidencial. Obama ha trasladado a los diputados la que es a su juicio la verdadera imagen de Kokorev, nada que ver con la de un ‘hombre de paja’ entregado al lavado de unos 20 millones de euros, que es la acusación mantenida desde Canarias por la juez Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río.
A título individual, ha expuesto: “conocí a mediados de los noventa a Vladimir. Llegó a Guinea Ecuatorial y decidió quedarse a trabajar. Vivía en un barrio popular cuando mi país no era lo que hoy. Ayudaba a buscar combustible a la gente porque a veces no había ni luz en las casas (…) su empresa no tuvo nada que ver con el petróleo. Emprendió un camino más difícil, porque empezó a crear su estructura como emprendedor allí. Cuando no había carreteras, trajo camiones y autobuses de la antigua URSS, y ayudó a transportar mercancías de las zonas rurales a las más pobladas, para montar los mercadillos (…) incluso por sus inquietudes intelectuales, culturales y su calidad humana empezó a crear una especie de videoclubes en los poblados, donde llegaba a proyectar películas”.
En relación a la empresa objeto de instrucción por ser, según la jueza y el fiscal, un mero instrumento fantasma, Justino Obama ha certificado que el investigado “trajo un primer barco pequeño, trabajaba con la empresa Martínez Hermanos llevando cerveza o pescado. Él era un gestor (…) yo nací en una playa rocosa perdida, frente a Malabo, con unos islotes… hoy es una zona industrial, son unos astilleros en los que recibimos barcos de Camerún para ser reparados, y se construyen buques en esa plataforma… todo eso lo levantó la empresa de Vladimir Kokorev con sus socios locales”.
El asesor del gobierno ecuatoguineano se ha preguntado: “¿dónde está el lavado de dinero? ¿Es lavar dinero cobrar legítimamente de unos contratos legales por unos trabajos realizados con un gobierno soberano? Es un esquema sencillo. Nunca hubo problemas, por ninguna parte”.
Sobre las enfermedades que ha padecido y arrastra aún en prisión Vladimir Kokorev, ya conocidas por la Comisión de Derechos Humanos y que llegarán a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, ha señalado que “es inconcebible que en un país europeo, en un continente al que se supone referencia de los derechos humanos, se mantenga a una persona enferma encerrada durante más de dos años (…) Vladimir es un enfermo cardiaco. Un día llegó de una travesía en barco entre Camerún y Gabón, sufrió un infarto y por suerte yo que soy médico le pude trasladar de la mejor manera a un hospital (…) si es culpable que le juzguen y se demuestre y, de lo contrario, se le tendrá resarcir porque estaría pasando un tiempo en la cárcel de manera injusta. A veces me he preguntado si quienes están detrás de las decisiones de mantenerle cautivo pensaban que podía haber un desenlace fatal”.
Más allá de la ratificación ahora en Bruselas de las actividades profesionales y mercantiles legales de Kalunga Company en Malabo, la juez De Vega ya tiene constancia de ellas desde febrero de 2016. En esa fecha, el Fiscal General del Estado de Guinea Ecuatorial la informó que entre 1999 y 2003 la ex colonia mantuvo relaciones comerciales lícitas con Kalunga: “suministraba bienes de transporte (…) realizaba trabajos de mantenimiento de dichos medios de transporte marítimo, terrestre y aéreo, contratando los equipos técnicos oportunos y aportando la tripulación necesaria para su operación”. Aún así la jueza De Vega, cuya instrucción se reclamará que revise el GCPJ, ha vuelto a pedir a las autoridades de Guinea Ecuatorial que ratifiquen esa documentación.
Si (
No(
