La necesidad de reformar la vigente Constitución es hoy un tópico compartido por la mayoría de los líderes políticos. Sin embargo todos guardan un exquisito silencio respecto al contenido de esa reforma que aparentemente desean. Ya se sabe que en política suelen aplicarse dos principios principales de pleno sentido común “el que se mueve no sale en la foto” y “se es dueño de lo que se calla y esclavo de lo que se dice” que también todos aplicamos en mayor o menor medida en nuestro día a día. No obstante, tras el fallido intento de ruptura del orden constitucional promovido por la Generalitat y el Parlament de Cataluña, abortado afortunadamente sin víctimas, nos encontramos ante una situación de gravedad excepcional que exige que los partidos claridad y visión para proponer y explicar a los ciudadanos un camino que nos lleve hacia la convivencia democrática y no a la ruptura o al conflicto entre hermanos.
¿Dónde radica la causa principal de la rebelión de la Generalitat y del Parlament? En el hecho de que, tras la Transición y la democracia constitucional de 1978, que pretendieron superar, sin buscar culpables, las causas de la Guerra Civil y la subsiguiente dictadura de Franco, las autoridades autonómicas catalanas, con Pujol a la cabeza, adoptaron una línea contraria a ese espíritu. Esa deriva, centrada en un catalanismo excluyente, empezó de forma muy suave y sibilina, exaltando, ante el desconocimiento histórico popular, a Companys, presidente de la Generalitat pero golpista contra la republica del 31 y, a continuación, socavando poco a poco la integración de Cataluña en España. Cabe preguntarse cómo nos han llevado a la situación actual. Si se observan los resultados electorales, vemos que, en las primeras elecciones catalanas de 1980, CiU obtuvo el 27,8% de los votos lo que sumado al 8,9% de Esquerra Republicana, totalizaba el 36,7% de los votos frente a los no nacionalistas 63,3% (incluyendo un 2,7% de votos al Partido Socialista Andaluz), mientras que en las elecciones autonómicas de 2015, los nacionalistas recibieron en 47,8% de los votos frente al 52,2% de los no nacionalistas. La causa principal de la evolución del voto radica, por un lado, en el adoctrinamiento nacionalista y, por otro, en la ocupación del aparato, instituciones autonómicas y sector público autonómico, por personas preferentemente nacionalistas. La posibilidad de este adoctrinamiento y de esta ocupación se vio potenciada por la excesiva transferencia de competencias a Cataluña efectuada por Aznar en 1996 como contrapartida al apoyo a su nombramiento como Presidente. Entre las muchas competencias transferidas cabe destacar, por su influencia directa en el adoctrinamiento, la de educación así como un enfoque radical de la “normalización lingüística”. A continuación, Zapatero, en 2006, remachó la operación al aprobar el nuevo Estatuto de Cataluña, aceptando la inclusión, como competencias exclusivas, de muchas de las competencias transferidas lo que jurídicamente hace más difícil, aunque no imposible, su futuro retorno al Estado.
Este adoctrinamiento se ha caracterizado por la inculcación en los escolares de una visión sesgada y falsa de la historia de España, que exalta una visión de Cataluña como nación diferente de España que camina a su independencia, en la cual la lengua española común debe desaparecer y quedar como algo marginal y en la que hay que integrar a los otros Países Catalanes (Baleares y Valencia). La meta final de ese adoctrinamiento es la independencia de esos Países Catalanes de España, lo que implicaría la destrucción de la España de los últimos 500 años. Ya se ha intentado en este Octubre 2017 mediante el referéndum ilegal, la Declaración de Independencia y la amenaza de la movilización popular. Cabe preguntarse que podría pasar en el futuro cuando lo intenten de nuevo y opten por apoyarse en los 17.000 Mossos, dotados de armas largas, un pseudo-ejército, como se ha descubierto que pretendía hacer la Generalitat.
No nos engañemos, los planes nacionalistas no se van a contentar con que se les dote de un “Cupo vasco”, lo que sería una agresión adicional al irrenunciable principio de solidaridad territorial española, ni con que se les perdone la deuda que tienen contraída con el Estado de 52.500 millones de euros, que por cierto equivale a casi un 40% de lo que se paga anualmente por pensiones (135.449 millones) en toda España. Los nacionalistas van a seguir queriendo destruir España para construir su país y esto debe ser tenido muy en cuenta por los partidos constitucionalistas. Hay que estar dispuestos en el inmediato futuro a volver a utilizar el 155 “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España” pues debe quedar claro que la transferencia de competencias no incluye el derecho a su uso desleal ante el resto de la nación española pues es evidente que la deslealtad atenta gravemente contra el interés general. Por otra parte, si los independentistas llegaran de nuevo al poder tras las elecciones del 21D, no cabe esperar que se trasformen automáticamente en respetuosos colaboradores del marco democrático. Por ello es necesario que el Gobierno con, o sin, el deseable apoyo de los partidos constitucionalistas, explique la realidad a la ciudadanía y tenga dos necesarios gestos de autoridad imprescindibles para la paz de la nación.
Primero, facilitar y garantizar el funcionamiento de la Justicia para juzgar los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia por los que están acusados líderes y colaboradores nacionalistas. El Gobierno debe garantizar el apoyo a la rápidad y detallada instrucción de los procedimientos con el aporte de toda la información, tanto la que se haya recopilado durante el presente 155 como la que pudiera obtenerse después del 21D. Debe señalarse que si bien la Justicia es independiente, el contexto político pesa mucho, ante casos tan grave, tanto sobre el instructor como sobre los Tribunales. Por ello debería ponerse en evidencia, tanto por el Gobierno del Estado como por el Gobierno autonómico que resulte, que se a colaborar con claridad con la acción de la Justicia. El Gobierno central, en particular, debería recordar que, si el futuro Gobierno autonómico obstaculizara o no colaborara con la Justicia, estaría atentando gravemente contra el interés general de España, lo que habilitaría para volver a solicitar de inmediato la aplicación del 155.
Segundo, debería iniciarse a la mayor brevedad una actuación armonizadora del ejercicio de las competencias transferidas, en el marco del artículo 150.3 de la Constitución 3 “El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad” Hay muchos temas urgentes de armonizar de gran transcendencia como se ha podido percibir tras la actual crisis tales como los siguientes: tipo de armamento del que pueden disponer las policías autonómicas, formas de cooperación entre ellas y las FCSE de obligatorio cumplimiento; definición de la posibilidad de crear oficinas autonómicas a nivel internacional, así como su papel y coordinación con el Estado; contenidos de los textos educativos, con especial énfasis en la historia de España, unificación de textos básicos comunes; política lingüística de uso en los territorios autonómicos de la lengua propia del España y la de la Comunidad Autónoma para evitar agravios y discriminaciones; etc, etc.
Finalmente, señalar que cuando se piense en reformar la Constitución actual sería conveniente aprender del pasado y recordar las cautelas que nuestra Constitución republicana de 1931 (arts. 17, 48 y 50) había establecido para mantener una cultura de españolidad, respetando no obstante las singularidades lingüísticas y culturales. Sus afirmaciones fueron bastante contundentes.
El art.17: En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles”
El art 48: El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada”
El art. 50: “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usara también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo”
Todo se puede reencauzar pero es necesario visión clara y una estrategia firme y finalista.
¡Viva Cataluña y visca Espanya!
Si (
No(
