¿Es pasivo el Gobierno ante el “procés”?

El 27 de octubre pasado el PP tomó las riendas del Gobierno de Cataluña para ejercer los poderes que le dio la Constitución y el Senado mediante el 155: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno… con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”

El trasvase de votos en las elecciones del 21D al partido Ciudadanos en Cataluña fue una muestra innegable de que los votantes tradicionales del PP, e incluso del PSOE, no habían percibido en estas formaciones políticas capacidad ni liderazgo para dar un giro necesario a la situación y habían optado, en Cataluña, por confiar más en Ciudadanos. ¿Ha cambiado esa opinion después de las elecciones autonómicas? Las encuestas sobre perspectivas electorales de futuro siguen siendo muy negativas para el Partido Popular. ¿Sigue influyendo en esto la actuación del Gobierno en Cataluña?

Conviene recordar que Rajoy lleva, casi cuatro meses, dos antes y dos después de 21D, gobernando en Cataluña para defender el interés general. Sin embargo, ha sido necesario que, hace quince días, tenga que enviar el juez a las Fuerzas de Seguridad del Estado al CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña), para obtener copia de los emails que pueden servir de prueba de los delitos cometidos. ¿Cómo es posible que el CTII, que depende ahora del Gobierno de Rajoy, no haya suministrado voluntariamente la información requerida por el juez y haya habido que enviar a las FCSE para obtenerla a la fuerza? ¿No depende del Gobierno de Rajoy, tal vez directamente de Soraya? ¿Cómo permite el Gobierno la desobediencia de órganos administrativos ahora a sus órdenes?

Igualmente, colectivos cívicos catalanes han exigido a Méndez de Vigo, actual titular de la Consejería de Educación, que las normas de preinscripción y matricula de alumnos para el curso próximo incluyan el derecho a recibir la enseñanza también en castellano. ¿Por qué Méndez de Vigo no ha dado cumplimiento a la ley, su propia ley, la LOMCE? Igualmente cabe suponer que todos los miembros del Gobierno de Rajoy, en la medida en que ahora ejercen las funciones de Consejeros de las distintas áreas de la Generalitat, habrán encargado unos informes urgentes y detallados sobre todas las actuaciones y normas que van contra el interés general, que según dice la Constitución, consiste en lograr la convivencia democrática. ¿Dónde están esos informes? Si existen, ¿qué se va a hacer con ellos? A ver si va a resultar que el interés general de España se puso a salvo tan sólo con el mero cierre de las “embajadas catalanas” que despilfarraban el dinero español por el mundo.

La buena gestión implica comprobar si se está usando bien el dinero público. ¿Qué destino han dado Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana a las cuantiosas subvenciones recibidas del Gobierno golpista de la Generalitat? ¿Han justificado su uso? ¿Ha sido eso validado por los directivos del Ministro/Consejero correspondiente? Si no ha sido así, requiéraseles la devolución y deténgase la entrega de nuevas partidas. ¿Fueron designados los directivos de las instituciones de la Generalitat en función de su afinidad con el secesionismo? ¿Se ha hecho algo al respecto para corregir ese incorrecto criterio de nombramiento?

Si ante este tipo de preguntas la respuesta del Gobierno de Rajoy es el silencio, no cabe duda de que van a trasladar al ciudadano una imagen de pasividad. En sus manos está dar lugar, o no, a que los ciudadanos castiguen de nuevo al PP en las próximas elecciones. Cierto es que en las locales o autonómicas pesan otros elementos, pero muy bien puede ocurrir que los ciudadanos, hartos de que el PP no vea las banderas que han puesto en las ventanas, opten por dar su voto a otros partidos que sean valientes, claros en los temas de estado y que muestren sentido común en lo económico.

La unidad de España y la convivencia democrática son valores irrenunciables. ¡Visca Espanya y viva Cataluña!